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Coronavirus en Argentina: “ciberpatrullaje”, la ministra cometió otro error

Roberto Gargarella

Días atrás, la Ministra de Seguridad Nacional, Sabina Frederic, realizó unas desafortunadas declaraciones en torno al “ciberpatrullaje” que estarían llevando a cabo las fuerzas federales, con el objeto de “monitorear el humor social,” y anticiparse a posibles saqueos.

La Ministra se equivocó seriamente con lo que dijo y, una vez más, decidió enmendar sus expresiones rápidamente, tratando de clarificar y a la vez rectificar el sentido original de sus palabras.

Bienvenidas sus ya habituales precisiones, desmentidas y retractaciones: la Ministra suele corregirse en la dirección correcta. Sin embargo, lo ya ocurrido amerita algunas reflexiones adicionales.

En primer lugar, resulta preocupante la cantidad de veces que, en tan poco tiempo, la Ministra debió girar en velocidad frente a sus equívocos dichos. Ocurrió ya en demasiadas oportunidades, demasiado serias: al señalar (antes de su asunción como funcionaria!) que Hezbollah debía dejar de ser considerada una organización terrorista; al hablar sobre la necesidad de rehacer la pericia que se había llevado a cabo en el caso Nisman; al referirse al caso Maldonado; al aludir a los poderes de las fuerzas de seguridad durante la cuarentena; al mencionar ahora el ciberpatrullaje.

La repetición de estos errores representa un primer hecho grave. El segundo hecho que mencionaría, mucho más grave que el anterior, refiere al tipo de errores de los que hablamos, y a lo que ellos sugieren. Y es que tales equivocaciones apuntan todas en la misma dirección, esto es, a la sorprendente ausencia del derecho, en un Ministerio que debería estar directamente guiado y controlado, a cada paso, por el derecho.

Tal situación habla menos de la falta de personal versado en leyes, que del desinterés que exhibe su cartera en la materia.

La falta de frenos jurídicos inhibitorios, en estos casos, resulta alarmante: no se trata de que la Ministra no incurra más en “sofocones públicos,” lo cual sería deseable, sino de no errar el paso en cuestiones tan cruciales, y que por ello mismo -por su importancia- se encuentran atendidas y resueltas ya por el derecho.

Si para algo sirve el derecho es para evitar errores semejantes, más precisamente en estos casos graves. En efecto, a través del derecho i) identificamos intereses que consideramos vitales (la libertad de expresión; la seguridad física; el bienestar social; etc.); luego, y mirando a la historia ii) reconocemos cuáles de tales intereses solemos violentar en la práctica (identificamos así, por ejemplo, que cada vez que un gobierno se torna más poderoso, intenta acallar a quienes se le oponen; etc.); y finalmente, iii) tomamos los intereses vitales que reconocemos más frágiles, a la luz de la historia, y dejamos constancia pública de nuestro compromiso de protegerlos tanto como podamos.

Para ello, por ejemplo, incorporamos esos intereses a la Constitución, otorgándoles el estatus de “derechos fundamentales” (i.e., derecho a la libre expresión; derecho a la privacidad; etc.); o los consagramos en una ley, a través de la cual afirmamos nuestra preocupación por garantizar la vigencia de esos “derechos” que -ahora lo sabemos- tienden a ser violentados (i.e., escribimos una ley de inteligencia nacional marcando las áreas vedadas a las fuerzas de seguridad).

Señalado lo anterior, podemos concentrarnos directamente en el caso del ciberpatrullaje. Todo lo que la Ministra admitió que las fuerzas federales hacen -le guste o no- está prohibido por la ley.

En su artículo 4to, incisos 2 y 3, la Ley de Inteligencia Nacional 25520 señala que ningún organismo de inteligencia podrá “obtener información, producir inteligencia o almacenar datos sobre personas, por el solo hecho de su raza, fe religiosa, acciones privadas, u opinión política, o de adhesión o pertenencia a organizaciones partidarias, sociales, sindicales, comunitarias, cooperativas, asistenciales, culturales o laborales, así como por la actividad lícita que desarrollen en cualquier esfera de acción” (inc.2); ni tampoco “influir de cualquier modo en la situación institucional, política, militar, policial, social y económica del país… en la opinión pública, en personas, en medios de difusión o en asociaciones o agrupaciones legales de cualquier tipo.” (inc.3).

Esto es decir: las fuerzas federales están llevando a cabo tareas que contradicen la letra explícita de una ley escrita a conciencia. Punto.

Ello debería bastar para dejar en claro por qué, ya mismo, tales fuerzas deben abandonar lo que están haciendo, con independencia de sus mejores intenciones.

No se trata de que ahora tenemos “buenos espías”; o “fuerzas al servicio de la ley”; o de que hoy priman convicciones ideológicas que no son las que primaban en los tiempos de Patricia Bullrich (“volvimos mejores”). Se trata de que las fuerzas de seguridad siguen involucradas en actividades ilegales. Lo anterior bastaría para concluir con la discusión, pero de todos modos agregaría a lo dicho tres breves puntos.

Primero, entiendo que la “luz verde” que, en los hechos, la Ministra otorga a las fuerzas de seguridad, para que ingresen en áreas que tienen por ley vedadas, se vincula con una controvertida posición académica que Frederic ha asumido como punto de partida de su labor: la “confianza” (antes que la “desconfianza,” que le atribuye al CELS) frente a las fuerzas de seguridad.

Sobre el tema, habrá que decirle a la Ministra que, más allá de su postura como investigadora, la historia argentina le juega en contra. Necesitamos sospecha y control externo, antes que confianza y compañerismo, con quienes tienen a su cargo los medios de la coerción estatal.

En segundo lugar, al hablar de ciberpatrullaje estamos hablando del ingreso del Estado en el ámbito de la privacidad protegido por el art. 19 de la Constitución y que, en estos momentos, en donde buena parte de la población se encuentra obligada al confinamiento, merece protección adicional, antes que menores niveles de resguardo.

Finalmente, ante la debacle económica que se avecina (una crisis provocada por razones completamente ajenas a la responsabilidad de los ciudadanos); y dado el marco de pobreza y desigualdad con que vamos a “recibir” a dicha crisis; resulta particularmente importante asegurar que las fuerzas de seguridad no monopolicen (como lo hacen hoy) el espacio público, y que los poderes del Estado queden situados bien lejos de nuestra moral personal. Antes que nuevas aclaraciones, son éstas las certezas que necesitamos.

publicado en Revista Ñ, Clarín, 10/4/2020

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