A principios de abril, ante la presencia del COVID 19, la Comisión Directiva del Club Político Argentino, preocupada porque la pandemia no pusiera en juego a las instituciones de la República, emitió una declaración en la que reclamaba el pleno funcionamiento de sus poderes Legislativo y Judicial.
Hoy, ante la prolongación de la situación de excepción que convoca a la unidad de esfuerzos, el CPA no puede ignorar que la Constitución establece que el pueblo gobierna por medio de sus representantes» y que estos trabajan en el Congreso. Tampoco se desentiende del saludable sistema de pesos y contrapesos en el ámbito del poder. De ahí la insistencia del CPA en reclamar que el Congreso se habilite y los legisladores legislen y que la Justicia actúe con normalidad, poniéndole fin a una feria tribunalicia sine die y que se utilicen para ello todos los medios adecuados de los que dispone el Estado.
Más que nunca la preservación del Estado de Derecho, que es siempre necesaria, depende del juego institucional que requiere moderación por parte de las autoridades ejecutivas, legislativas y judiciales, de los gobiernos y de las oposiciones, tanto en el plano nacional como en el de las provincias y municipios. La rendición de cuentas del Ejecutivo ante el Congreso así como la toma de decisiones en materias fiscales y de política exterior no pueden marginalizarse con el argumento de la emergencia. Esta es indiscutible, pero la Argentina debe movilizar sus recursos institucionales para dar respuestas a la altura de sus valores republicanos.
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