Club Político Argentino

Declaración del CPA – Nuestra democracia no puede seguir tolerando las violaciones de derechos humanos del régimen de Gildo Insfrán

Miércoles 27 de enero de 2021

Nuestra democracia no puede seguir tolerando las violaciones de derechos humanos del régimen de Gildo Insfrán

La plena vigencia de la democracia, la libertad y los derechos humanos en un país federal requiere que estos sean respetados no solo por el gobierno nacional, sino también por todos sus gobiernos provinciales y municipales.

La gravísima violación de los derechos y libertades de numerosos/as ciudadanos/as en Formosa saca a la luz la naturaleza autoritaria del régimen que el Gobernador Gildo Insfrán encabeza hace un cuarto de siglo. No se trata de un hecho aislado. En 1999, por ejemplo, el presidente del Superior Tribunal de Justicia provincial fue insólita e ilegalmente detenido. La comunidad Qom formoseña viene sufriendo diversosactos de represión policial, incluyendo los que en 2010 causaron la muerte de Roberto López. Durante esta pandemia la provincia denegó el derecho a regresar a sus hogares a numerosos formoseños (los “varados”) e impuso el aislamiento obligatorio en centros provinciales –incluso a personas asintomáticas–,cercenándoles el elemental derecho a aislarse en sus domicilios. Esta escalada represiva continuó la semana pasada, cuando la policía provincial disolvió una protesta pacífica contra estos atropellos, y detuvo a las concejales Gabriela Neme y Celeste Ruiz Díaz, activas denunciantes de los mismos.

A la indignación que estos hechos provocan se suma la que genera el silencio del gobierno nacional, del partido oficialista, y de muchas organizaciones de la sociedad civil, que se embanderan en el respeto de los derechos humanos, pero callan vergonzosamente sobre Formosa. El Secretario de Derechos Humanos Horacio Pietragalla, que demostró gran empeño en conseguir el beneficio de prisión domiciliaria para Ricardo Jaime, ahora calla, y lo mismo hacen el Presidente Alberto Fernández, la Vicepresidente Cristina Kirchner y la ministra de Justicia y Derechos Humanos Marcela Losardo. El Partido Justicialista incluso apuró un comunicado respaldando entusiastamente al Gobernador Insfrán.

La violación de derechos constitucionales por parte de gobiernos subnacionales no es nueva en la Argentina. Desde 1983 sobreviven varios enclaves provinciales autoritarios, los que en sus versiones más extremas llegan a ser prácticamente la propiedad privada de una persona, a veces prestada o heredada a su cónyuge, hermanos o hijos.

Los argentinos guardamos amargos recuerdos de los regímenes de los Saadi en Catamarca y Carlos Juárez en Santiago del Estero (este último con tenebrosas conexiones con la dictadura militar a través de su jefe de la policía política provincial,Antonio Musa Azar, condenado por delitos de lesa humanidad durante los 70). El régimen de Insfrán ha conseguido superarlos en duración, hegemonía y excesos. ¿Será necesario otro asesinato vinculado al poder provincial –como el de María Soledad Morales en Catamarca o el de Leyla Bshier Nazar y Patricia Villalba en Santiago del Estero– para que las autoridades nacionales cesen en su actual complicidad y actúen en defensa de los derechos de los formoseños?

Todos los autoritarismos encuentran justificadores y justificaciones, siempre falaces y malintencionadas. Los defensores del Insfranato recurren a “los pocos contagios y muertes” en la provincia. Esto equivale a argumentar que convendría que Argentina adoptara el régimen político de Burundi o Yemen, en vez del de Alemania o Canadá, dado que aquellas decadentes dictaduras tienen (o por lo menos reportan) muchos menos casos de COVID-19 que estas prósperas democracias.

El Partido Justicialista gobierna Formosa desde 1983, e Insfrán desde 1995, gracias a una cláusula de reelección indefinida que él mismo impulsó. Su régimen sobrevivió a las violaciones de derechos humanos mencionadas con al apoyo que recibió de (y retribuyó a) los presidentes Menem, Duhalde, Kirchner, Fernández de Kirchner y Fernández. No esperemos una muerte para hacer lo que la ética y nuestraConstitución en su artículo 6°obligan a hacer hoy: “garantir la forma republicana de gobierno”en todas las provincias.