Club Político Argentino

Declaración del CPA

Miércoles 20 de julio de 2022

El lunes 18, cuando se cumplieron 28 años del brutal atentado terrorista a la sede de la AMIA en el que murieron 85 argentinos y hubo más 300 heridos, fue la fecha elegida por la vicepresidenta de la Nación para cuestionar la legitimidad de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, máxima instancia de uno de los tres poderes de la República.

Es difícil no asociar la fecha, marcada por el dolor, pero sobre todo la indignación que nos embarga ante la impunidad y el fracaso de que nadie haya pagado por el criminal ataque, con las críticas realizadas por quien, durante al menos la mitad de ese tiempo ha gobernado o cogobernado el país.

Resulta inadmisible que Cristina Fernández de Kirchner, apelando a falsedades -como la de afirmar que dos de los miembros del máximo tribunal fueron designados por decreto, cuando ambos lograron la aprobación de sus pliegos por amplias mayorías en la Cámara de Senadores-, ponga en riesgo la estabilidad institucional del país por razones que parecen sostenidas en meras cuestiones personales o de conveniencia política.

Mucho más peligroso aún es que el presidente Alberto Fernández haya convalidado esos dichos.

No por casualidad, estas graves actitudes de las máximas autoridades del país se replican luego en acciones autoritarias de grupos minoritarios, como el cercenamiento de la libertad de expresión provocado por un puñado de militantes que impidieron la disertación del diputado Ricardo López Murphy en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, acontecido en el día de ayer. Cuando se predica impunidad se cosecha violencia. Hay que frenar estos desbordes antes de que sea demasiado tarde.

El Club Político Argentino repudia enérgicamente las afirmaciones de la vicepresidenta y convoca a los sectores representativos de la sociedad a cerrar filas en defensa del sistema democrático. No podemos naturalizar los agravios a las instituciones, mucho menos cuando estos provienen de quienes han sido elegidos por la ciudadanía para respetar y hacer cumplir la Constitución Nacional y las leyes.