Lecturas sugeridas

Defender las estadísticas públicas, en defensa propia

Javier Lindenboim

No es noticia afirmar que uno de los resultados más perniciosos de la década pasada ha sido la desaparición de una referencia clara y aceptada en materia de estadísticas públicas.Junto con la intervención del INDEC, se violentaron los estándares de calidad, se maltrató al personal capacitado e histórico y se lo llenó de dudoso personal conocido como “la patota”.

Pero todo ello ocurrió sobre un contexto en el que a buena parte de la población parecía no interesarle ni importarle tales hechos ni sus resultados. Una de las máximas expresiones se dio con la frase del Secretario de la CGT de entonces: a mí no me importa el índice del INDEC, sólo creo en el índice del supermercado.

Con ello, naufragaban décadas de esfuerzo técnico y científico por construir una institución creíble, que proporcionaba datos necesarios para la gestión pública y para los estudios sociales, económicos y políticos. Desde entonces la información estadística dejó de ser un punto de referencia para tornarse en un campo en el que todo vale, cualquiera puede tener una opinión con similar entidad a la de los organismos específicamente dedicados a tal cometido.

Sobre la base de la impostura oficial florecieron sustitutos informativos que a veces pretendían cubrir los huecos resultantes y en ocasiones meramente contribuían a oscurecer la apreciación de la realidad.Todo el mundo sabía que la inflación se ubicaba por encima de los 20 puntos pero el dato oficial nunca superó el dígito anual.

Como consecuencia, las estimaciones sobre pobreza e indigencia arrojaban valores ridículamente inferiores a los verdaderos y la evolución del salario real informado oficialmente daba un salto sin duda exagerado.Si por entonces se justificaban los esfuerzos por identificar instrumentos alternativos, luego de la normalización del INDEC dejó de tener sentido la subsistencia de ámbitos como el representado por el “índice Congreso”.

No sólo eso. Empezaron a pulular nuevos núcleos de diversa calidad todos ellos dedicados a “producir” sus propios datos o estimaciones en los más variados rubros. Rara vez se nutrían de datos oficiales y, lo más llamativo, es que estos nuevos “productores” de información estadística habían estado completamente ausentes de la denuncia del atropello cometido durante casi una década por las autoridades políticas nacionales en los años precedentes.

El extremo más reciente, es que desde tales núcleos ha empezado a aparecer una suerte de cuestionamiento o de puesta en duda de la información estadística oficial. Sería gracioso si no fuera tan dramático.Lo expresado no significa -en modo alguno- que las estadísticas oficiales se encuentren en un grado de perfección que no deban preocuparnos.

De ninguna manera. Hay todavía cuestiones no indagadas adecuadamente que ocurrieron en el pasado y tienen impacto todavía hoy. Hay modificaciones introducidas que fueron insuficientemente explicadas o fundadas. Hay una demanda insatisfecha por reconstruir series interrumpidas o distorsionadas durante tan largo período que sólo puede atenderse por parte de los organismos oficiales.

Para contribuir a la búsqueda de una sociedad mejor, el soporte informativo es esencial. Claro que en base a tal soporte se pueden generar intervenciones de mejor o peor calidad. O, también, que los datos pueden ser leídos sesgadamente, por lo común con propósitos mezquinos.

Por ejemplo, cuando se habla de la pérdida de empleo, globalmente, se falta a la verdad. En los tres primeros años del actual gobierno se crearon casi un millón de puestos de trabajo. Incluyendo casi doscientos mil en el año último.

Otra cosa es que esos puestos han sido predominantemente de baja calidad incluyendo la transformación de puestos asalariados protegidos en otros precarios. Es más, en 2017 la dinámica de creación de empleo fue singularmente elevada lo que continuó hasta el primer trimestre de 2018. Otra falacia es que hubo destrucción de empleo estatal dado que las Cuentas Nacionales informan que su número se incrementó en cien mil desde principios de 2016 a comienzos de 2019.En donde el deterioro sociolaboral es claro es en materia salarial. Desde el inicio del actual ciclo político, hasta mayo último, la pérdida de capacidad de compra de los salarios privados registrados fue del 10%.

En el lapso intermedio hubo caídas pronunciadas en la primera mitad de 2016 que se recuperaron a fines de ese año, seguidas en 2017 de una nueva pérdida (menor) y posterior recuperación entre finales de 2017 y el inicio de 2018.

Desde allí (cuando el nivel del salario protegido había recuperado un valor similar al de fines de 2015) se inició un continuo camino descendente hasta el tercer trimestre de ese año. Desde entonces hay un movimiento de recuperación lenta e irregular subsistiendo el deterioro ya marcado.Un modo de mirar articuladamente ambos componentes del sector asalariado (empleo y remuneraciones) consiste en apreciar el dato de participación salarial en el Valor Agregado Bruto de la economía. Así, en 2016 y 2017 el nivel de participación salarial se mantuvo poco más arriba del 50% es decir un nivel similar al que se estima alcanzó el país hacia fines del gobierno anterior.

Desde esa meseta, el año último refleja el impacto de la crisis cambiaria, productiva y sociolaboral con una pérdida de tres puntos porcentuales respecto del año previo.Volviendo al comienzo. Si en esto como en otros ámbitos permitimos que las interpretaciones u opiniones sustituyan a los hechos (en este caso reflejados por las estadísticas públicas) nos alejaremos de la posibilidad cierta de conocer acabadamente nuestra realidad social dejando lugar tan sólo a la formulación, en el mejor de los casos, de buenos deseos. Consolidar y mejorar nuestras instituciones estadísticas es mucho más que el cometido de los profesionales directamente involucrados. Es un quehacer de la sociedad en defensa propia pues, como ya sabemos, la información es un derecho humano esencial.

publicado en Clarín, 12/8/2019

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