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Del Tribunal Dewey al tribunal lawfare

Rogelio Alaniz

Una de las enseñanzas fecundas del siglo XX fue establecer que las supuestas alternativas superadoras a los tribunales del Estado de Derecho fracasaron en toda la línea. Los llamados «tribunales populares», porque fueron brutales y sádicas coartadas para el despotismo y la arbitrariedad. Stalin, Mao y Fidel Castro algo saben al respecto. Por su parte, los denominados «tribunales éticos» si bien ofrecen una perspectiva histórica algo más compleja, solo tuvieron validez cuando no pretendieron sustituir instituciones legítimas y afirmaron los valores del humanismo liberal democrático en sus versiones laicas y religiosas.

El recordatorio es necesario, porque en estos días hemos tomado conocimiento del montaje de un «tribunal ético» en España de dudosa (para calificarlo de una manera suave) filiación jurídica e histórica. Por lo pronto, la iniciativa propuesta, entre otros, por los señores Eduardo Barcesat y Baltasar Garzón corre el riesgo de no ser ni tribunal ni ético. No otra objeción merece una propuesta en la que los indagados están condenados de antemano y la presunción de inocencia no existe, aunque lo más desopilante de toda esta suerte de farsa es que el delito que se pretende juzgar tampoco existe. A estas objeciones decisivas, habría que añadirles que la iniciativa es promovida en más de un caso por los abogados defensores de políticos que efectivamente están en el banquillo de los acusados, procesados en algunos casos y condenados en otros por delitos de corrupción, no por la voluntad o el capricho de un déspota, sino de acuerdo con procesos y fallos de tribunales ajustados al imperio de la ley.

El delito que Barcesat y Baltasar Garzón pretenden juzgar es una invención política que responde al nombre de lawfare, término que podría traducirse como «guerra judicial», aunque es muy probable que en el futuro -como ocurre con ciertas palabras que a lo largo de los años buscan su verdadero significado- lawfare sea sinónimo de Impunidad. Y con mayúscula. O en términos más prácticos; persecución a jueces y periodistas que no gocen de las simpatías del poder.

Si bien entre los tribunales populares y los tribunales éticos hay diferencias, en el caso que nos ocupa correspondería señalar que, atendiendo a las filiaciones ideológicas de algunos de los entusiastas creadores del «tribunal ético», daría la impresión de que se resignan a ejercer este rol «ético» porque por ahora no pueden constituir un «tribunal popular», con sus enfáticos paredones y sus lúgubres pelotones de fusilamientos, escenario «justiciero» por el cual es posible que más de uno de estos caballeros sienta una cálida y amorosa nostalgia.

En los tiempos en los que arreciaban los bombardeos norteamericanos contra Vietnam, se constituyó el Tribunal Russell, dedicado a juzgar y a condenar éticamente a lo que calificaron como crímenes de guerra. No estaban allí Barcesat ni Baltasar Garzón, pero sí recordamos entre otros a Bertrand Russell, Jean-Paul Sartre, Simone de Beauvoir, Peter Weiss y Lázaro Cárdenas. Puede que algunos de los fallos de este tribunal sean opinables, pero convengamos que la estatura ética y política del Tribunal Russell es muy superior al tribunal lawfare. Como le gustaba decir a Jorge Luis Borges: «Nos ha tocado la desdicha de vivir tiempos de decadencia».

El otro notable «tribunal ético» del siglo XX fue el que se constituyó en abril de 1937 en México. En Coyoacán para ser más preciso. Y en la Casa Azul de Frida Kahlo. El jurado no disponía de muchos recursos monetarios, pero sí de una integridad moral intachable. El mencionado tribunal lleva el nombre de John Dewey, pedagogo y filósofo norteamericano, liberal pleno y alejado de toda actividad policía partidaria. Se lo conoció también como Comisión Dewey. Este tribunal fue un contrapunto a los juicios que el estalinismo montaba en Moscú. Juicios que se cobraron la vida de más de medio millón de personas, además de liquidar físicamente todo tipo de disidencia interna. La masacre incluyó a políticos, intelectuales y jefes militares, algunos de ellos, como el general Mijail Tujachevski, considerado un genio de la estrategia militar y cuya ausencia los rusos extrañaron cuando los nazis iniciaron el Operativo Barbarroja y sus legiones se precipitaron sobre el territorio que Stalin (que nunca le creyó a nadie) supuso que Hitler iba a respetar.

La propaganda estalinista condenó al Tribunal Dewey con su habitual retórica: maniobra imperialista, conspiración burguesa, intriga nazi-fascista. Lo que más enfureció a los estalinistas es que el tribunal no solo ventilaba los sanguinarios fallos de la dictadura totalitaria que ellos encarnaban, sino que defendía a León Trotsky, exiliado en México. Para la propaganda comunista ahora la maniobra se exhibía con todo desparpajo. Un tribunal burgués liderado por un despreciable liberal «yanqui» defendía al renegado Trotsky, con el objetivo solapado de desprestigiar a la gloriosa revolución proletaria de octubre.

Fue el propio John Dewey quien puso las cosas en su lugar. En realidad, Dewey no necesitaba dar demasiadas explicaciones acerca de su conducta a los epígonos de una de las dictaduras más atroces del siglo XX, pero no obstante decidió darlas. Él no estaba en México para defender las ideas de Trotsky, con las cuales evidentemente no coincidía. Dewey presidía este tribunal para defender el derecho de Trotsky a defenderse. Que no es lo mismo. Él estaba allí no para cantar loas a Moscú o a los trotskistas. Estaba allí porque su conciencia de liberal le exigía que era necesario en esa encrucijada histórica sostener el legítimo derecho de toda persona a defenderse. Dewey suspendió por unos meses sus investigaciones pedagógicas para comprometerse con los valores de la libertad como los imaginaron los Padres Fundadores. Esos valores que, dicho sea de paso, Stalin y Trotsky detestaban.

¿Se entiende ahora la diferencia entre el Tribunal Dewey y el tribunal lawfare que se pretende montar en España? ¿Se entiende la diferencia entre la defensa de valores jurídicos y culturales trascendentes y lo que resulta una grosera coartada para asegurar la impunidad de políticas y políticos corruptos?

publicado en La Nación, 1/2/2020

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