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Diálogo y negociación para el fortalecimiento de la república. Declaración de la Comisión Directiva del Club Político Argentino

16 de noviembre de 2017

En octubre pasado las elecciones ratificaron al oficialismo con más votos que en la primera vuelta de 2015, constituyendo un respaldo indudable que apuntala su gestión. Al mismo tiempo, la voluntad popular decidió que nadie contara con mayorías propias. Gobierno y oposición recibieron un mandato de diálogo y negociación. La negociación será, así, parte de la tarea de gobierno en base a iniciativas que la fuerza política consagrada por las urnas tiene la responsabilidad de proponer e impulsar.

En paralelo a la campaña electoral tuvieron lugar acontecimientos de enorme impacto político y social que no están todavía cerrados. Acontecimientos en los que los poderes de la República, actores políticos, los medios, la opinión pública, jugaron papeles de relieve. El propósito de este documento es suscitar el debate público sobre estas experiencias.

La virulencia de quienes afirmaron como artículo de fe que Santiago Maldonado había sufrido una desaparición forzada, fabricando sin el menor escrúpulo un caso para utilizarlo en la campaña política, fue la continuación de un relato que ve en el gobierno de Cambiemos no un adversario legítimo sino un enemigo por aniquilar. Al mismo tiempo, al gobierno, frente a la tragedia, le faltaron reflejos con altura política. Unos pocos funcionarios y políticos de Cambiemos minimizaron el hecho, lo banalizaron, y no faltó quien cometiera la torpeza de culpabilizar implícitamente a Maldonado. El marco que explica estas vacilaciones y desaciertos es más amplio: la postura errática y algo apática que el gobierno de Cambiemos ha tenido en materia de derechos humanos. Por fortuna, la tragedia sensibilizó a la opinión pública que, con madurez, no permitió que tuviera incidencia en las decisiones de voto.

En verdad, este penoso acontecimiento, así como los modos de acción de algunos magistrados judiciales en casos resonantes de detención, ponen de relieve falencias históricas en el funcionamiento de áreas decisivas del Estado, en los ámbitos del Poder Judicial, Legislativo y Ejecutivo, en este último en lo relativo al desempeño de las fuerzas de seguridad y a la política oficial de derechos humanos.

Calificamos como históricas esas falencias porque se arrastran por décadas, sin perjuicio de lo cual hoy estamos interpelando a los actores políticos, a los tres poderes de la República, y a quienes nos gobiernan ya que tienen la mayor responsabilidad en atender esas ineptitudes e ineficiencias.

Hay muchísimo para mejorar en materia de funcionamiento del Poder Judicial, incluyendo sus órganos auxiliares y sistemas de investigación, para garantizar el pleno respeto de los derechos humanos básicos a la vida y la libertad de las personas. Por ejemplo potenciar legislativamente la capacidad de investigación y de reparación, como es el caso con la figura del arrepentido y la extinción de dominio. En lo que se refiere a las muy necesarias acciones penales contra presuntos comitentes de delitos de corrupción, estamos lejos de propugnar cruzadas justicieras, que presentan efectos jurídicos más bien ilusorios y descomponen el sistema representativo. Más ambicioso es esperar un Poder Judicial sometido a la ley y no a objetivos de corto plazo de determinados jueces. Las prácticas generalizadas de la “prisión preventiva” aun en el caso de ex funcionarios de los que pocos creen en su inocencia, o la teatralización de sus detenciones, carecen de un fundamento legal consistente y arriesgan abrir un curso institucional peligroso y negativo, nada republicano. No podemos olvidar que las largas prisiones sin condena – que tienen además un inocultable sesgo social – son una costumbre naturalizada en nuestro Poder Judicial, que no puede continuar admitiéndose, así como no debe ocurrir impunemente que las malas prácticas de investigación destruyan pruebas o distorsionen severamente los resultados del debido proceso. Por fortuna el problema – este sempiterno funcionamiento del Poder Judicial – se está haciendo público y notorio, impulsando cambios necesarios. No puede hablarse del estado de nuestras instituciones, o de cambio cultural, si se ignoran cuestiones como éstas.

La vida cultural y específicamente político-cultural argentina es muy rica; no se trata para nada de un ámbito inerte. Está recorrida por fuertes tensiones, debates plurales, memorias e historias y, en los últimos años, por “relatos”. A nuestro juicio tales relatos, constituyen modos de practicar la cultura y la cultura política que las despojan de lo que ellas tienen de vital, de su vivacidad, de su apertura, y las convierten en un erial propicio a formatear las cabezas de las nuevas generaciones.

En los últimos tiempos, el presidente Macri insiste con denuedo en que la Argentina vive, o debe vivir, un cambio cultural. Los más diversos actores políticos, sociales e intelectuales podríamos coincidir en que ese cambio es imperioso, y hacer nuestro el proceso de transformación con toda la multiplicidad, pluralismo y riqueza que constituyen nuestros respectivos bagajes. Porque la pobreza, la ley, el estado, las instituciones, los derechos humanos, la economía, la democracia, el capitalismo, constituyen contundentes hechos culturales que deben ser repensados en ese proceso de cambio. Un punto central de ese cambio cultural refiere al estímulo, en la dirigencia política, sobre la necesidad rendir cuentas permanentemente, y al robustecimiento de los órganos de control que fija la ley. En la sociedad, a su vez, la permeabilidad al cambio cultural requiere muy especialmente de confianza en aquellos líderes que encarnan o pretenden liderar ese cambio.

Creemos que la opinión pública tiene, con relación al periodismo y a los medios, percepciones encontradas, en parte favorecidas por la proliferación de información basura en la web. Por un lado considera con toda razón muy positivo para la democracia su rol de “cuarto poder”. Por otro, duda a veces, como en cualquier país del mundo, de su independencia ante otros poderes, su objetividad informativa, su veracidad o su autonomía frente al mundo de los negocios. Al respecto, creemos oportuno recordar que hay reglas universales de autorregulación de la profesión, sostenidas en nuestro país por prestigiosos foros periodísticos como FOPEA, cuya puesta en práctica es relevante. Los casos en los que la independencia y calidad de la investigación periodística se conjugaron con la autonomía y eficiencia de la investigación judicial, arrojaron excelentes resultados.

En este marco, sin ignorar los inevitables conflictos que la legítima defensa de intereses sectoriales suscite, el Club Político Argentino hace un llamado a todos los actores políticos y sociales para que profundizando la democracia sean encarados esos conflictos cumpliendo el mandato de diálogo y negociación consagrado en las urnas, para el fortalecimiento de la República. Se trata de una magna tarea que debe desplegarse a lo largo del tiempo, con persistencia y coherencia y, más allá de las alternancias políticas, contando con el concurso de todas las dirigencias políticas, sectoriales y culturales.

Buenos Aires, 16 de noviembre de 2017.

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