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Documento de Abril. Primeros diez años de vida del Club Político Argentino

Abril de 2018

I. Qué somos y qué anhelamos. Reseña histórica y perfil institucional.

En abril de 2008, un pequeño grupo de ciudadanos fundó, en la ciudad de Buenos Aires, el Club Político Argentino (CPA), que cumple así, en este mes de abril de 2018, una década de vida. Este documento es parte de una celebración que dirige nuestra mirada tanto a nuestro breve pasado como a nuestro impredecible futuro. Probablemente la gran mayoría de los socios actuales del Club Político Argentino avizorará, en el mejor de los casos, apenas el inicio de la transformación de la Argentina en el país que anhelamos. Una Argentina más justa, más próspera, una patria cobijo de la libertad común, de ciudadanos iguales en derechos y en su capacidad efectiva de ejercerlos, de instituciones democráticas y republicanas en las que confiemos, forma parte de nuestros sueños, pero seguramente no la veremos plenamente concretada.

El Club Político Argentino lleva orgullosamente, desde su nacimiento, la marca de ser una institución plural. La gran diversidad en ideas, en orientaciones, posiciones políticas respecto del presente, trayectorias de vida, perfiles profesionales y laborales (y apenas un poco en la dimensión generacional), es un valor del Club que todos apreciamos y cultivamos. Quizás los rasgos comunes de todos nuestros socios sean el esfuerzo por el fortalecimiento de las instituciones de la República y de los derechos humanos, y el compromiso que no podemos ni queremos eludir con una Argentina que nos duele, junto a la alegría, y no en pocas ocasiones la tensión, de la reflexión y la acción compartidas que, a pesar de ese dolor, acompaña nuestra trayectoria. Abrigamos, juntos, la esperanza de contribuir aunque sea un poco para que ese futuro deseado esté más cercano. Estar, de ese modo, en camino, es lo que hace posible el milagro de la política por parte de un Club tan diverso (lo que de paso confirma que se puede hacer política sin tener dinero). En otras palabras, la diversidad no nos ha trabado; al contrario, nos ha estimulado a la hora de tomar posturas sobre los problemas argentinos, la coyuntura política y las crisis de diverso orden, a través de posiciones públicas que se han traducido en numerosos documentos y declaraciones, artículos de nuestros socios e intervenciones en los medios. Nos hemos enriquecido en el diálogo y en el debate; y hasta en la polémica turbulenta. Después de todo, somos un Club, que a veces – sólo a veces – adquiere la fisonomía de las asambleas populares y otras pocas alcanza la parsimonia de damas y caballeros a la antigua. Pero siempre mantiene la tensión cuya resolución de nada serviría entre la pluralidad y la unidad de posiciones. Somos un lugar político donde se aprecia la diversidad, un lugar para escuchar e intentar comprender miradas diferentes a la propia. Un buen ejemplo de todo esto es el Acuerdo para el Desarrollo Democrático, emitido por el CPA a fines de 2013, y que contó con el respaldo expreso de una gran cantidad de dirigentes políticos y sociales de casi todo el espectro partidario.

Somos un Club; los socios debimos golpear la puerta para entrar; no precisamos de ninguna formalidad o ceremonia para salir. A través de nuestras reuniones de cuerpo presente o de nuestras listas de correo, los intercambios, los debates de ideas o de temas, son cotidianos, constantes. Sin embargo, vale la pena señalar también lo que no somos: no somos un grupo de intelectuales, ni mucho menos la usina de ideas o los apologistas de ningún gobierno, ni de ninguna corriente política. No somos un grupo de intelectuales por la sencilla razón de que, desde su nacimiento, el Club hizo lugar a ciudadanos argentinos de diferentes condiciones: políticos, periodistas, profesores, académicos, funcionarios y ex funcionarios públicos, profesionales, comerciantes, empresarios, en un pie de total igualdad para todos sus integrantes, porque todos tienen algo para aportar, cada uno desde su perspectiva y desde lo que sabe o lo motiva. Y no somos los voceros de un gobierno porque una aventura tal desvirtuaría rápidamente la naturaleza plural y abierta del Club, que es la que justifica su existencia en el mundo de la política y la cultura política argentinas, la que permite una flexibilidad de movimientos indispensable para la toma de posiciones críticas; y la que hace posible la circulación explícita de diferentes preferencias, temas, orientaciones.

Cumplir diez años – en el ambiente no siempre respirable de la política argentina – nos autoriza a tener ya una pequeña historia. No exageremos: no necesitamos de un mito fundante. Sí recordar que, en abril de 2008, el peligro de una polarización extrema y destructiva era patente; tanto como la debilidad de las voces que alertaban contra ese peligro. La reedición de un nuevo capítulo de la larga saga argentina de conflictos entre enemigos irreconciliables estaba a la vuelta de la esquina y, poco después, el conflicto gubernamental-rural nos puso muy cerca de un abismo. Los socios del naciente Club contemplaban con estupor el modo en que conflictos de intereses eran tratados como causas de vida o muerte que justificaban un alarmante potencial disruptivo. La política, la palabra política, salían de escena para dar paso a la furia y el odio de aquellos que, en ambos sectores, identificaban lo suyo con la Patria. Fue en ese contexto de alarmas y amarguras que el Club balbuceó sus primeras palabras. Así, el espíritu inicial del Club fue el de haber sido un lugar de contención e interacción para muchos que nos sentíamos rodeados de portadores de causas incondicionales con los que no nos era posible el diálogo. El clima de intolerancia, crispación y descalificación dominante a partir de 2007 especialmente, trazaba alrededor nuestro un cerco que nos empeñamos en romper mediante la fundación del Club.

Desde entonces venimos acompañando activamente el proceso político y tratando de contribuir en lo que éste tiene de promesa a futuro (que no siempre es mucho). Somos actualmente 251 socios y 170 amigos, y el modo en que nos hemos organizado es lo suficientemente laxo como para permitir una suerte de autogobierno en algunas de nuestras dimensiones: cualquier socio puede hacer llegar a todos los otros de inmediato lo que piensa sobre una cuestión que considera relevante, y sobre él puede tanto llover la mayor indiferencia como arreciar las críticas o los acuerdos. La discusión puede dar lugar a iniciativas de distinta índole: un documento, una declaración, una jornada de debate, uno o varios artículos personales de los socios. Cada documento emitido (incluso éste) supone la aplicación de una cláusula que hemos denominado “del 80%”, que recomienda a cada socio su aprobación si concuerda (lo que es siempre subjetivo, desde luego) con ese porcentaje del texto. En otros aspectos, por cierto, hemos debido ser más convencionales: una Comisión Directiva, que renovará nuevamente sus autoridades a fines de este año, es el instrumento de gobierno del Club. Era inevitable pasar por las horcas caudinas de la formalización y hemos devenido en una asociación civil sin fines de lucro. Pero no hemos perdido el espíritu crítico que nos anima: consiste en tomarnos lo político muy en serio y tomar a los protagonistas de la política – a todos, no sólo a los políticos – cum grano salis. Lo que nos incluye, claro, a nosotros mismos. Los documentos que acompañan esta nueva y auto-celebratoria declaración – destinada a compartir con todos cierto júbilo al cumplir diez años de vida – así lo atestiguan.

Por otra parte, precisamos enfatizar en lo siguiente: los interlocutores del Club son tan importantes, para nosotros, como lo somos los socios mismos. No hemos pensado el CPA para interpelar necesariamente a los intelectuales, no proponemos exclusivamente debates de “ideas” ni debates “técnicos” (aunque los mismos estén presentes). Nos dirigimos a mucha gente diferente en distintos momentos, sin pretender ser un grupo de influyentes que le hable al poder, a los periodistas o a grupos de presión. En ocasiones procuramos un diálogo con actores difusos y en otras con públicos más determinados, y no siempre somos efectivos.

Los tiempos de la política argentina son dramáticamente cortos (y nada tiene de paradójico que, a la vez, los tiempos de los cambios necesarios sean a veces absurdamente largos). A fuerza de crisis y colapsos, hemos creado una sociedad desconfiada, una de cuyas metáforas más perversas es la dolarización; y una dirigencia política y social temerosa de asignar los costos de políticas que serían necesarias, y propensa a satisfacer en forma perentoria las expectativas de reparación inmediata de la sociedad mediante respuestas cortoplacistas. Parte de esa dirigencia, proveniente sobre todo de los grupos más poderosos de la política, la empresa y el sindicalismo, que echa una injusta pero comprensible sombra de sospecha sobre la totalidad, está acostumbrada a servirse (legal o ilegalmente) mucho más que a servir. Si hay algo a lo que ha aspirado y seguirá aspirando el Club, es a revertir esta situación, alargando los plazos y el tiempo de la política. En esa dirección, buscamos contribuir a la creación de un juego político en el que la competencia democrática y partidaria y la emergencia de liderazgos nuevos (que son el fermento de una democracia de masas y representativa), no impidan la cooperación entre los actores políticos y la constitución de políticas de largo plazo, de acuerdos democráticos en torno a un conjunto de objetivos y de medios sostenibles en el tiempo. Y volviendo – o ingresando quizás – al terreno de la igualdad ante la ley, dejando atrás el pretexto auto-justificatorio de la igualdad corrupta en el poder (“si todos roban… si todos nombran parientes… si todos evaden…”).

En perspectiva, las dificultades se visibilizan si tomamos en cuenta que la historia argentina ha sido la de cambios súbitos, a veces terribles, que afectaron a inmensas mayorías; y cuya subitaneidad la política no ha sido capaz de controlar. No nos referimos apenas a los golpes de estado que casi invariablemente desembocaron en colapsos que infligieron daños irreparables a las disposiciones cooperativas de las élites y de los ciudadanos. También a las mutaciones de marcos constitucionales, o a procesos más complejos y más difíciles de encasillar, como el repentino surgimiento del peronismo, su deposición diez años después, o las reformas así llamadas neoliberales de los 90. En ese curso volátil de procesos y acontecimientos, muchos argentinos sufrieron cambios muy abruptos en sus circunstancias de vida, cuando no experiencias de privación y de despojo. Las fallas o insuficiencias de la política para dar cuenta de tantos cambios súbitos, contribuyeron a la incubación de odios y resentimientos que luego fue fácil volcar, como plomo derretido, en los moldes brutales de la política de la enemistad, del maniqueísmo lejano a la adversatividad democrática y, finalmente, a la violencia pura y dura.

El Club Político Argentino aspira a contribuir con su grano de arena en la superación de estos problemas. Su futuro como institución se juega en esa tarea, comprometiendo sus energías cívicas y la poca o mucha imaginación de la que sus socios seamos capaces. Y lo hace en una etapa – la que se ha abierto con el fin de un ciclo político prolongado y el comienzo de un nuevo gobierno a fines de 2015 – en la que, más allá de la caracterización que cada uno pueda hacer y de las variopintas opiniones de los socios del Club sobre sus luces y sombras, tal vez se esté inaugurando un cambio decisivo en el tiempo de la política y en la generación de confianza pública en las instituciones. Nada es seguro en este sentido; pero el gradualismo por el que, por inclinación o necesidad, ha optado el actual gobierno, permite abrigar la esperanza de que esta vez la política sea capaz de controlar el cambio y evitar que desemboquemos en un nuevo colapso.

Más allá de la gran diversidad ya señalada, nuestras preocupaciones tienen foco y se fundan en diagnósticos, que tratamos de pulir y perfeccionar, respecto a las tareas más urgentes que el país debe encarar, lo que constituye una agenda que es también una visión del proceso político en el que estamos inmersos. Así, podemos hacer explícitos los criterios que, consideramos, son orientadores en el largo camino de la construcción de una Argentina más justa, más próspera y más republicana. Primero, la transformación de la estructura productiva y la modernización de la economía y el estado. La sustentabilidad del actual funcionamiento económico argentino es cercana a cero: la redefinición de la relación entre el capitalismo, el estado y la democracia es una tarea ardua, que no se hará en un verano. Reducir la informalidad, tanto en la tributación cómo en el empleo, requiere aprovechar cada movimiento expansivo del contexto económico. Segundo, el fortalecimiento institucional; sin instituciones fuertes no hay ciudadanos; sin gobierno de la ley no hay libertades; sin república no hay derechos ni autonomía de las personas. Por último, la vigorización de los actores políticos. Es verdad que la política representativa ha sufrido cambios en todas partes del mundo; pero sin actores políticos vigorosos, capaces de competir, de ganar y perder elecciones y, por lo tanto, de llegar y salir del gobierno, no habrá forma de que la política procese el conflicto social, y es de eso de lo que se trata. Nuestro décimo cumpleaños hace del CPA una institución joven embarcada en estas tareas.

II. Los claroscuros de la Argentina de hoy: el sistema político y el estado
a. trémulo afianzamiento institucional

En los años recientes, no cabe duda, se han afianzado instituciones democráticas y republicanas. El anterior gobierno traspasó (no precisamente los atributos del mando) el comando político a una fuerza nueva muy opuesta en sus orientaciones y otro tanto ocurrió a niveles provinciales y municipales. La opinión, los medios, las organizaciones sociales, los partidos, los ciudadanos tienen un papel relevante en la esfera pública que el gobierno ineludiblemente debe considerar. Ya lo tenían antes, pero es de celebrar que el cambio de administración no haya dado paso a una retracción generalizada.

Hoy las instituciones de la república funcionan mejor. Funcionan mal, pero mejor. Van demostrando, en general, que pueden ir progresando, que pueden resolver problemas, frenar abusos, que no son irrelevantes para mejorar la vida social. No tenemos delante un Ejecutivo discrecional (al menos hasta ahora; debemos decir que éste, el de la mayor o menor tendencia al discrecionalismo por parte del Ejecutivo, ha sido uno de los puntos sobre los que más dificultades tuvimos en lograr un consenso entre los socios). Y la relación entre el Ejecutivo y el Congreso ha tenido y tiene momentos cooperativos importantes. El Congreso no es, en suma, para nada un convidado de piedra. Lo mismo puede decirse sobre el papel de los gobiernos provinciales y municipales, que son tomados en cuenta, a veces, en la formulación de políticas, y otras mediante scambios más prosaicos. Sería injusto desmerecer todo esto diciendo que el gobierno no cuenta con mayoría parlamentaria, porque otros gobiernos han contado con ella y, no obstante, se inclinaron por el hiper-presidencialismo; y porque gobiernos presidencialistas sin mayoría prefieren frecuentemente legislar a fuerza de decretos.

Esto no quiere decir que la política institucional funcione de maravillas. De hecho, los progresos son tan insuficientes que parecen precarios, y no han conseguido borrar las lacras que afectan las instituciones. Podría decirse que el Poder Judicial se muestra ahora más independiente porque la descarada injerencia del Ejecutivo de otrora ha dado paso a una cautelosa distancia. Esto es positivo, pero, por otro lado, el comportamiento de muchos jueces federales parece estratégico y oportunista al mismo tiempo, lo que no resulta en una buena forma de impartir justicia. Por no hablar de la calidad del desempeño, que sigue afectado por males como la corrupción, el privilegio, la morosidad y un sesgo inadmisible, que se expresa, entre otras cosas, en la persistente dificultad de acceso a los servicios de justicia para amplios sectores de la sociedad. Todo esto exige una revisión de los procedimientos, tal como se realizó exitosamente en países como Colombia y la India. No serán los fallos impactantes los que resuelvan el deterioro por el que atraviesa el Poder Judicial desde hace mucho tiempo.

La mejoría ha sido menos ambigua en algunas instituciones de importancia crucial, como el Indec (un paso decisivo, pero no el último, en la mejora de la capacidad estadística del sector público, capacidad por cuyo desarrollo queda aún mucho por hacer), y, con sus menos, la Oficina Anticorrupción. De hecho, la OA es un buen ejemplo de la dimensión institucional de los problemas argentinos: el gobierno ha estado desenvolviendo, allí, una buena gestión de facto; pero se resiste o se demora en darle la autonomía necesaria cambiando las reglas del juego para que el controlado deje de controlar al controlador. Incluso antes de que las reglas sean cambiadas, podemos observar que no está bien que la persona (de cuya competencia y honestidad no dudamos) que está al frente de la Oficina sea de la misma fuerza política que el presidente. La posibilidad de que la OA pueda efectivamente controlar en tiempo real es particularmente importante en un caso como el actual en el que la naturaleza del elenco gobernante, tan arraigado en el mundo de los negocios, hace inevitable que afloren conflictos de intereses. La defensa del ciudadano corriente debe también ser ampliada en los ámbitos de la Defensoría del Pueblo y del Consumidor, dada la asimetría existente entre ciudadanos y consumidores, por una parte, y los prestadores de servicios públicos, bancarios, telefonía móvil, etc. donde los avances tecnológicos han creado oportunidades para anchas franjas de la población, pero que son con frecuencia víctimas de abusos por posiciones dominantes y ausencia de controles eficaces.

De cualquier modo, no enfatizaremos, en este documento, en los diagnósticos (que en gran medida son familiares) sino en los desafíos que como argentinos tenemos por delante. En perspectiva, qué duda cabe, el panorama sería bastante sombrío, de no ser por el compromiso con lo público que es perceptible en muchísimos argentinos. Venimos de casi medio siglo de involución económica y deterioro de los sistemas productivos y de reproducción social; proceso que ha aparejado un dramático crecimiento de la pobreza y una expansión aún mayor de la desigualdad. Este retroceso no se detuvo a pesar de avances significativos en algunas áreas – como por ejemplo la revolución productiva del agro – y, lo que es más triste, a pesar de la recuperación democrática. En efecto, la democracia por sí sola no acarreó ni mayor prosperidad ni mayor equidad. No pudo con el contexto de alta conflictividad y volatilidad político-económica y de fragilidad institucional.

b. la grieta social y los dilemas de política

De modo que comencemos por encarar decididamente lo más complejo, es decir, la eliminación progresiva de la grieta social que afecta a nuestra sociedad de punta a punta, y a sabiendas de que será una tarea ardua, que llevará tiempo, que supondrá enfrentamientos sociales, institucionales y culturales, una ecuación diferente entre el capitalismo y la democracia (asumiendo que no hay democracia próspera sin capitalismo pujante, pero que la democracia puede y debe hablar de igual a igual al capitalismo). Habrá que avanzar por un terreno plagado de desconfianza económica, propensión al consumo conspicuo de los sectores pudientes, expectativas de reparación inmediata, escepticismo en relación a cualquier solicitud de tiempo por parte de la política, arraigados sentimientos anticapitalistas, agudos conflictos distributivos, comportamientos insolidarios generalizados, desapego a la ley, escasas disposiciones cooperativas, inflación de la política, captura del estado, extendidas conductas predatorias, un empresariado que en gran parte parece haber abandonado desde hace décadas la voluntad de innovación y riesgo, y un largo etcétera.

Esto nos conduce directamente a la cuestión de los dilemas de política. Al respecto, no cabe hacerse ilusiones: si queremos que las cosas mejoren realmente, debemos ser conscientes de la necesidad de que la política tome en serio el toro por las astas. Literalmente: que se haga cargo de los dilemas que si la política no encara no podrá encararlos nadie. Y que de no ser así se “resolverán” solos, que es mucho peor. Hay, por ejemplo, dilemas “permanentes” de política económica, como consumo no sostenible vs inversión y desarrollo, solvencia fiscal y externa vs déficit y sobre-endeudamiento, desinflación con atraso cambiario y salarios altos en dólares vs expansión y exportaciones, alto porcentaje de informalidad laboral vs insustentabilidad previsional (hay más escasez de formación laboral que de demanda de empleo, pero existe una perspectiva de caída en la demanda de trabajo no calificado, merced a las tendencias de la globalización y las nuevas tecnologías; todo esto convive con sobre-calificación en muchos sectores), protección del empleo formal vs flexibilización de los modelos laboral y sindical.

Un  dilema central de política económica que engloba a varios de los que se mencionan aquí es la conocida tensión o trade off entre perspectivas del sector transable de la economía y, por tanto de crecimiento sostenible de largo plazo y el deterioro de la distribución del ingreso. Este dilema está, puede decirse, en la estructura genética de la dotación de factores de la economía argentina, puesto que somos un país relativamente abundante en recursos naturales y escaso en trabajo, que exporta bienes salario, de modo que cada vez que mejoran las perspectivas de los exportadores se perjudican los salarios reales, dilema que sólo tendrá una solución permanente en la medida en que logremos aumentar sostenidamente la productividad sistémica de la economía.

También hay dilemas sociales que implican decisiones entre políticas que exigen fuertemente recursos públicos y privados: adultos mayores o niños y jóvenes, expectativas de los más integrados vs inclusión de los “ni-ni”, interior o conurbano, tributación dominantemente asignativa o equitativa, autonomías locales o coordinación federativa, acceso irrestricto a bienes públicos (aun para quienes no los necesitan) o responsabilidad social en su sustento. Otros que son muy amplios en su naturaleza, como crecimiento acelerado extractivo o sostenibilidad medioambiental. Todos estos no son dilemas exclusivos del gobierno sino de todos los actores políticos. Como sea, no adelanta actuar desconociendo el carácter dilemático de estas tensiones, que no son más que ejemplos. Creer que se puede dar respuesta a todo, que se puede conciliar todo, es contraproducente y cobarde. Como destaca la economía, no hay almuerzos gratis; con recursos finitos, siempre se debe sacrificar algo en el corto plazo.

c. la anomia argentina

Ligada fuertemente a las cuestiones anteriores, se encuentra la cuestión de la anomia. Está ligada a las anteriores porque hace todo más difícil, más costoso, más precario, más engorroso; el esfuerzo que exige cada paso en la dirección correcta es mayor, porque los costes de transacción son mayores.

Carlos Nino, en un texto clásico (i.e. mucho más citado que leído), le agregó el adjetivo “boba” para especificar la anomia argentina: anomia boba. Tiene sentido, porque la Argentina se parece mucho a un tren en serias dificultades: primero aparece un free rider, que viaja gratis gracias a que los demás pagan, y no se nota. Pueden aparecer muchos sin que se note. Pero hay un punto de saturación cuando los que no pagan son demasiados: no se invierte en mantenimiento, falta dinero para los gastos operativos, el convoy no respeta los horarios, se apela a los gastos corrientes del estado para salir de la emergencia, incentivando los negocios espurios, etc. Entonces la anomia es boba, porque hasta los free riders se han perjudicado a sí mismos. En el límite, se cierra el ramal, o se malvende. La Argentina se parece mucho a ese tren por ser “una sociedad al margen de la ley”. El gobierno de la ley supone tanto leyes apropiadas como legítimas, una masa crítica social con disposición cultural a acatarlas y, de cualquier modo, capacidad de aplicarlas (enforcement), efectividad disuasoria más que punitiva. Supone la reconstrucción – o construcción – de una autoridad legítima; de hecho, la rebeldía boba contra los gobiernos produce peores gobiernos: como no les reconocemos autoridad ni confiamos, sus recursos efectivos son los de peor calidad (v.g., están fiscalmente quebrados pero contraatacan fogoneando la inflación o endeudándose ilimitadamente).

Gobierno de la ley supone, precisamente, un sistema tributario equitativo y eficaz para evitar la evasión (y su hermana no ilícita, la elusión), el monopolio de la violencia legítima por parte del estado, como así también la percepción por parte de los ciudadanos de que los gobiernos no son parasitarios o predadores (lo contrario al desastroso “roban pero hacen”). Y que la administración de justicia es, valga la redundancia, justa. ¿Qué apego al gobierno de la ley puede tener, por ejemplo, alguien que ha permanecido en la cárcel sin condena, víctima de un uso abusivo de la detención preventiva, como sucede habitualmente con muchos presos comunes? ¿O quien ha sido víctima de un delito común y no se siente amparado por la Justicia? Dejar atrás el estado de anomia boba conceptualizado por Nino sería un gran paso; aunque la anomia siga presente como un problema entre nosotros. Salir del rechazo terminal al gobierno de la ley es fundamental y, aunque la tarea enfrente sus propios dilemas, también es posible.

d. a la espera de una oposición racional y republicana.

En el marco de estas dos cuestiones es que podemos pensar problemas y propuestas. El principal problema está lejos de ser – como se cree tan a menudo – la relación entre gobierno y oposición, o la “grieta” política o cultural. Desde luego que son cuestiones presentes y sobre las que es indispensable reflexionar. La relación entre gobierno y oposición, por ejemplo, está dando paso a novedades, que quizás sean perdurables. Una posible, no segura, reconfiguración de la morfología partidaria no es la menor. Más allá de las etiquetas, la emergencia de una largamente esperada “centroderecha” con votos puede ampliar el arco de las posibilidades de transformación y modernización económica. Podemos, también, vislumbrar en el campo de la oposición la maduración de un agrupamiento peronista que quiere ser gobierno, claro, pero no nuevamente a costa de la catástrofe sino en virtud del buen gobierno (donde lo es), y de la cooperación sin desdibujarse como oposición (como ocurrió con la Renovación Peronista). En lo que se refiere a las “grietas”, preferimos apartarnos de los mantras estériles de las maldiciones argentinas: morenistas y saavedristas, unitarios y federales, etc., etc., hasta llegar al peronismo y antiperonismo y, por supuesto, al kirchnerismo y antikirchnerismo. No es nada útil pensar la Argentina así y tampoco lo es hacer política – como parece a veces – sacando partido de esa supuesta pasión argentina por la polarización.

e. los nichos del privilegio corporativo.

Dicho esto, puntualicemos que, a nuestro entender, un problema central, un obstáculo ineludible para recorrer el camino deseado, es el de las extensas y profundas redes de intereses que serían severamente afectadas por los cambios necesarios (y en alguna medida ya lo están siendo). Se puede entender: décadas de decadencia económica, deterioro social, erosión del aparato estatal, han ido creando posiciones de captura, nichos, incentivos perversos y configuraciones culturales conservadoras, a lo largo y lo ancho de la morfología económico-estatal argentina. Algunos las han denominado minorías intensas, otros mafias, entre otras calificaciones. Su común denominador consiste en obtener beneficios sacando partido de actividades de todo tipo que afectan notoriamente el interés colectivo. Estas minorías recorren todo el abanico social: desde empresarios enriquecidos por protecciones de mercado, concesiones, subsidios, evasiones, contratos, pasando por sindicalistas que han logrado una red poderosa y corrupta con capacidad de extorsión, hasta maestros pobres que hace tiempo se han desentendido de la responsabilidad docente, y funcionarios ni ricos ni pobres que practican el nepotismo tanto como pueden. Todo esto tiene que ver con la pésima reputación, injusta en sí misma, de las diferentes “corporaciones”: la corporación política (cuya actividad predatoria es rampante en algunos gobiernos provinciales), la empresarial, la sindical, la judicial, la policial. Esa reputación es injusta porque, como siempre pasa, pagan justos por pecadores. Los buenos políticos, dirigentes empresariales, sindicales, docentes, jueces, policías, etc., tienen que avanzar muy cuesta arriba con el lastre adicional de este desprestigio en la mochila (la lamentable inversión de la carga de la prueba provoca una selección adversa, negativa, para quienes querrían dedicarse a la solución de problemas comunes). Las inmensas mayorías que se perjudican con este estado de cosas, carecen de capacidad de acción colectiva como no sea a través de la política de partidos, representativa, y de aquella que surge directamente de la vida social, las más de las veces con orientaciones muy específicas.

f. el conflicto distributivo

Otro de los grandes problemas es el conflicto distributivo. Que es llamativamente potente a pesar de la sucesión de catástrofes que se remontan al Rodrigazo y la “tablita”. Nada de eso erosionó definitivamente su fuerza, toda vez que se plantea como irresoluble en contextos no expansivos. El núcleo duro del conflicto distributivo consiste en la preferencia del sindicalismo y los empresarios no competitivos por la combinación de proteccionismo extremo y un tipo de cambio apreciado (debido a que los bienes exportables son, en gran medida, al mismo tiempo bienes-salario) y la preferencia de los empresarios del sector exportador (en teoría, competitivos) por un dólar caro que licúe el salario real y estimule la exportación. Conferirle sostenibilidad a un tipo de cambio competitivo requiere en principio complementar las políticas monetaria y fiscal con una política de ingresos que comprometa a los propios actores sociales. Y a más largo plazo una estrategia productiva que complemente la competitividad cambiaria con el aumento sostenido de la productividad sistémica. Ahí estriba una gran dificultad histórica, mucho más en un contexto de déficit fiscal y elevada inflación.

g. la gran crisis fiscal

Por fin, tenemos el conflicto fiscal; nadie ignora la importancia del déficit fiscal actual en términos del PBI; el grueso de ese déficit estriba en subsidios, exceso de empleo público (sobre todo en las provincias) y sistema previsional, a lo que comenzó a sumarse una carga creciente de intereses de la deuda pública. Es interesante observar que, a diferencia de otros momentos pasados, el actual problema fiscal no debe atribuirse a una situación de desfinanciamiento estructural del fisco. Por el contrario, desde inicios de los 2000 la recaudación tributaria creció casi 15 puntos del PIB, que es como haber fundado casi un nuevo estado encima del que teníamos. Aun así, los argentinos hemos generado un déficit de 7% del PIB! En otras palabras, el gasto creció de una manera que nuestra economía no puede financiar genuinamente y sin generar distorsiones enormes (presiones inflacionarias o tendencias al sobreendeudamiento). Por no mencionar que la canasta de bienes y servicios públicos no sólo es de pésima calidad sino que representa opciones profundamente inequitativas.

h. la asimetría regional

Pero hay además otro problema clave: el problema federal. Muchas provincias reproducen in aeternum un patrón clásico: gobiernos malamente democráticos – por no decir cuasi autoritarios – cuyas finanzas están sostenidas por las transferencias nacionales, y que ejercen su dominio sobre un sector público altamente sobredimensionado y una economía privada esmirriada, que no tributa y se deja convertir alegremente en coto de caza de los negocios de la oligarquía gobernante, a cambio de ventajas pecuniarias que permiten ganancias sin inversión, tecnología ni creación de empleo. Invirtiendo el dictum inglés: sin tributación, no hay representación. Estos gobiernos provinciales devienen así en auténticos agujeros negros. Por caso, en una provincia, cuyo color no cambia desde 1983, la ley prohíbe presentarse a licitaciones públicas a cualquiera que mantenga un juicio contra el estado. Pero tomando en cuenta el tamaño relativo del estado en el PBI provincial, nadie puede prosperar sin licitaciones públicas, lo que otorga al estado un poder sobredimensionado y despótico. Más aún si se recuerda que en dicha provincia – como en otras – el Poder Judicial está cooptado. La base de este tipo de configuración política está en la debilidad histórica de las sociedades y las economías de esas provincias; pero también reside en dimensiones institucionales que distorsionan el federalismo fiscal, como la sobre-representación (puesto que obtienen bancas con contingentes electorales mucho menores) y las iniquidades de la coparticipación federal, que apenas sin han comenzado a corregirse (con mayor costo fiscal al estado nacional, por supuesto). De cualquier modo, es notable que este esquema regresivo, que perjudica sobre todo a la inmensa masa de pobres del Gran Buenos Aires, no haya servido para mitigar la inequidad y la falta de integración de las regiones más castigadas del interior, como el Noreste y el Noroeste. Dominan allí las castas y consiguientemente, la perpetuación del atraso; así en un sistema perverso los pobres de las provincias ricas terminan financiando a los ricos de las provincias pobres. Del mismo modo podemos mencionar a las provincias que viven de las rentas petrolíferas y emplean las regalías para financiar gastos corrientes. Hay provincias que estructural y objetivamente son inviables si no se formulan para ellas planes potentes de integración política y desarrollo regional. Pero, de hecho, en Gran Buenos Aires se condensan los fracasos de políticas fallidas desde el retorno de la democracia y este es uno de los principales desafíos que se le plantean a la Argentina en las próximas décadas: cómo encarar soluciones sostenibles para la inmensa masa de niños y jóvenes pobres de la región. Si no mejoramos su capital humano, ese será un pasivo enorme que pesará sobre la agenda de políticas públicas en las próximas décadas.

Recientemente ha surgido una iniciativa correcta en el seno del gobierno nacional, consistente en estimular la creación de empleo privado en las provincias más rezagadas a través de incentivos de financiamiento. Apunta a una cuestión central: la creación de empleo. La economía argentina no crea empleo genuino y por el contrario, la modernización tecnológica que ya está a la vista, lo amenaza. A tal efecto dos políticas son prioritarias (tanto como la inversión física que al parecer privilegia el gobierno): el apoyo financiero y no financiero a “pequeñas” empresas y a “pequeños” emprendedores y la formación de recursos humanos. La falta de recursos adecuadamente formados es una traba para el crecimiento de la economía tanto como del empleo genuino. Y lo será más aún frente a los cambios tecnológicos. Complementariamente, un sector de la economía de bajos ingresos salariales relativos también precisa una generalizada formación porque aún allí los puestos de trabajo así lo requieren. Quizás, a futuro, la implantación gradual de una Renta Universal Básica podría ser el complemento adecuado, sobre todo si proporciona oportunidades de formación a quienes hoy día carecen de ellas. Como sea, la Renta Básica debería estar decididamente en la agenda pública: es posible que una masa enorme de población requiera en el futuro un componente de subsidio permanente al menos para evitar que la pobreza se reproduzca inter-generacionalmente, ya que va a ser difícil asegurar su inserción laboral en sectores de alta productividad (desde luego, un simple cálculo echaría por tierra, por su magnitud, la viabilidad de cualquier fiscal programa de Renta Básica, si no se considerara que para quienes tenemos ingresos suficientes el vínculo con el programa consistiría apenas en un movimiento contable). Al respecto, la mejor opción parece ser comenzar por un plan piloto bien diseñado y tomar su universalización como un objetivo a alcanzar en cierto tiempo.

Todo junto, forma parte de los pilares de apuntalamiento de un desarrollo socialmente sostenible y más equitativo de la economía. Hoy día la apuesta oficial parece consistir en políticas macro y micro convergentes en la creación de un entorno económico, institucional y político generador de confianza y atractivo para el ingreso de inversión extranjera directa y el retorno de capitales “fugados”. Precarios intentos de recuperar el equilibrio macroeconómico se conjugan, así, con tímidos esfuerzos microeconómicos para incrementar la competitividad. Tiene sentido, pero ¿es sostenible? Brasil atravesó los años de grandes reformas de FHC y en parte los de Lula con ingresos de inversión extranjera directa sumamente elevados. También, con niveles de fuga comparativamente bajos, porque las clases medias y altas no dolarizaron sus decisiones de ahorro, aunque esto ha tenido un costo fiscal elevadísimo. Pero, más allá de los serios problemas económicos que una economía sumamente cerrada como la de Brasil enfrenta, nosotros no contamos con el inmenso mercado interno con el que sí cuentan nuestros vecinos. Dada la escasa inserción internacional de la Argentina, esto hace aún más inestable e ingobernable nuestra economía. El desarrollo sostenible requiere una cultura económica e institucional que, en lugar de estimular la creación de ciudades enteras en el exterior o el ahorro desconfiado y “muerto” bajo los colchones, incentive el ahorro activo y la inversión y su despliegue en el territorio.

Entonces, precisamos mucho más: precisamos una sociedad que avizore como una escena poco a poco alcanzable, un entorno de calidad institucional, de equidad, de justicia, de estabilidad económica y perspectivas ciertas de crecimiento, en la que la moneda doméstica pueda volver a ser reserva de valor, y los mercados financiero y de capitales provean fondos en condiciones adecuadas. Estos cambios van más allá de la desburocratización y la eliminación de algunas rigideces ciertamente injustificables en el mercado laboral. Precisamos también actores económicos, empresarios dispuestos a invertir e innovar, y, en particular, que le pierdan el miedo a una apertura “inteligente”  (gradual y negociada) hacia el resto del mundo donde están los mercados, la tecnología y el financiamiento.

III. un desarrollo económico sustentable y socialmente equitativo

Este documento no pretende ser programático ni exhaustivo. Pero sí aspiramos a identificar iniciativas o propuestas que, como la ya mencionada Renta Básica Universal, deben formar parte de la agenda pública de debates y políticas. Tal vez nuestro mejor punto de partida sea el ya mencionado Acuerdo para un Desarrollo Democrático, iniciativa del Club que, en 2013, convocaba a debatir la solución de las situaciones de exclusión y de los problemas más apremiantes, sugiriendo cinco programas iniciales: a. nutrición básica: erradicar las carencias alimentarias, de irreversibles secuelas; b. salud universal: integrar las políticas de salud nacional, provinciales y municipales, públicas y privadas, para universalizar la prevención, el tratamiento médico y la obtención de medicamentos para la población desprotegida; c. integración de los “ni-ni”: inserción escolar plena para los jóvenes sin educación, capacitación laboral y formación profesional permanente para los desempleados; d. calidad y equidad educativas, que garanticen a cada alumno la mejora continua de la educación recibida y la profesionalización de sus docentes; e. política integral de seguridad y de lucha contra el narcotráfico. Estos cinco objetivos iniciales procuraron comprometer – y lo lograron sólo en parte – los esfuerzos compartidos de los políticos, las organizaciones sociales y los actores económicos. Evidentemente no han perdido vigencia.

Prosigamos, entonces, con algunos temas mucho menos con el propósito de fijar posiciones que con el de abrir o continuar debates. Es con este espíritu que debería leerse lo que sigue.

a. administración transparente de la Justicia

El mejoramiento en la calidad de la administración de justicia no puede quedar irresponsablemente librado a los jueces, muchos de los cuales ya han demostrado que esa calidad les importa poco y nada. El sesgo social de la acción del Poder Judicial que atenta contra la igualdad de los ciudadanos ante la ley es – ya lo dijimos – imperdonable. El estamento de los jueces federales ha demostrado – con excepciones – la tesitura del egoísmo moral más cerril y frecuentemente delictiva. Los juicios políticos a los jueces son un instrumento válido, pero deberían estar acompañados de iniciativas de reforma legal. No es posible, por ejemplo, que los jueces cuenten con márgenes de discrecionalidad tan desmesurados para disponer prisiones preventivas; o que haya estructuras judicial-policiales en las que sea tan extremadamente fácil la destrucción o la no construcción de pruebas. También, como ya señalamos, es necesario democratizar el acceso a la justicia, poniendo el sistema judicial al alcance de los ciudadanos, particularmente de los más humildes.

b. el acceso a los cargos públicos

Necesitamos hacer agenda pública en lo que se refiere a los cargos de todos los niveles del estado. No se trata tanto de decidir quién no debe ser funcionario (en razón de lazos de parentesco) como de decidir correctamente quién puede serlo. Sobre todo, establecer un criterio general y válido para decidir quiénes deben ocupar los altos cargos de la burocracia, e implantar un sistema preciso de concursos públicos para los cargos medios y bajos que no sean meras apariencias para ocultar el clientelismo (avanzando así seriamente en la dimensión meritocrática que ha quedado con los años completamente razagada).

c. eficiencia y equidad tributarias

En materia tributaria, resulta penoso comprobar que un país que depende en gran medida de la economía agraria, carezca de un impuesto a la renta productiva de la tierra libre de mejoras. Hoy día, avances tecnológicos mediante, sería relativamente sencillo de establecer y tornar efectivo (con informática y control satelital) un impuesto con el que cuentan muchos de los países a los que queremos parecernos, y que contribuiría, además, para descartar la irracionalidad asignativa de retenciones exageradas. Pero hay que aclararlo: no se trata de más impuestos o de mayor presión tributaria sino de substituir, total o parcialmente, por impuestos más eficientes y más equitativos. En términos más generales, seguimos manteniendo una estructura tributaria mal orientada tanto desde el punto de vista de la asignación de recursos como de la equidad. La baja participación y la escasa progresividad de los impuestos directos a la renta y el patrimonio de las personas físicas nos diferencian marcadamente de los países avanzados. Aunque comprensible en un manual de historia social tributaria en la Argentina, la ausencia de un impuesto a la herencia es difícil de defender. Estas falencias no serán fáciles de corregir. Por otro lado, aunque la evasión y la elusión probablemente hayan disminuido en tiempos recientes, aún falta mucho para avanzar en la formalización de la economía; cuestión central no solo ni fundamentalmente desde el punto de vista de las capacidades recaudatorias del estado sino también para mejorar las condiciones de vida de quienes trabajan y viven en negro. Pero mientras sea el propio estado quien pague salarios en negro, y triangule dinero con universidades para eludir cargas, perdurará un patrón de comportamiento negativo.

Por su efecto a la vez social y fiscal, es también necesario pensar en alguna tributación a la propiedad inmobiliaria especulativa. Muchos de los países a los que también, declaradamente, querríamos parecernos, tienen impuestos específicos para las viviendas desocupadas, que complementan políticas de subsidio para viviendas sociales.

d. el gasto político

Encarar el problema del gasto político es indispensable. Los esfuerzos del actual gobierno son auspiciosos. Tanto la reducción del personal de cúpula del estado y el control de sus salarios, así como el tímido comienzo del combate al nepotismo, son pasos adelante. La necesidad de blanquear el gasto político, cortar con su estatización (un inmenso grupo de redes de corrupción, corruptelas y prácticas legales perversas que comprende los tres niveles del estado y actores del campo empresarial, sindical, estatal y político), resulta imperiosa. Hay diversas iniciativas legales orientadas en ese sentido, que tienen en común estar orientadas a la generación de un círculo virtuoso de ejemplaridad en el cumplimiento.

e. saneamiento del gasto público y corporativo

Esto no es todo. El peso del gasto público en el PIB está  sobredimensionado y su composición sesgada a favor de subsidios regresivos o improductivos y en contra de la inversión y la provisión de bienes públicos. Remediar estas distorsiones no podrá hacerse instantáneamente; pero es preciso plantear un camino creíble para lograrlo.

Con sindicalistas corruptos o dedicados a hacer negocios empresariales enriqueciéndose a costillas de los trabajadores, pierde el país y perdemos todos, cualquiera fuese su proporción sobre el total de las representaciones gremiales. La corrupción sindical no es un buen instrumento para los empresarios a la hora de negociar, entre otras cosas porque está probado que los sindicalistas pueden ser corruptos pero no estúpidos. A pesar de lo cual no faltan empresarios que prefieren sobornar a los gremialistas considerándolo más barato que una mejora general. Lamentablemente, el ciudadano común cree hoy día que todos los sindicalistas son corruptos, cuando obviamente está lejos de ser cierto. Un sindicalismo representativo y limpiado de su imagen denegrida actual, constituiría un bien público. La lucha por lograrlo debe entrar en la agenda; las iniciativas enderezadas a poner fin a la reelección ilimitada son apenas un ejemplo.

f. políticas energética y ambiental

La política ambiental es una asignatura pendiente del actual gobierno; aunque no todo lo que se ha hecho sea malo. Designar al frente del ministerio correspondiente a alguien que no es un especialista y carece de formación política sólida es más que un detalle anecdótico, y por eso se justifica mencionarlo aquí. Premiar a las compañías mineras (quitando retenciones sin compensar la quita de esos impuestos malos por impuestos mejores) o amagar con legislación que afecte los reservorios de agua (alteración de la Ley de Glaciares) son contrasentidos. Este último caso, de concretarse, sería grave, no solo en sí mismo sino como señal de largo plazo sobre los modelos de desarrollo posibles y deseables. Estamos fallando a su vez, aunque de modo desigual, en la aplicación de la ley: no se cumple la normativa que impone la ley de bosques, las de contaminación industrial y, aunque ha habido avances, la enderezada a acabar con la contaminación crónica del Riachuelo.

También el área energética es una asignatura en la que resta muchísimo por hacer; requiere ser pensada en el largo plazo, planificada y llevada a cabo modificando la matriz actual, excesivamente dependiente de los hidrocarburos. La importante renta que podría recibir el estado en virtud de los recursos gasíferos exige definir a qué finalidades específicas se destinará, evitando caer en la “maldición de los recursos naturales” que supone dilapidarla en gastos corrientes y los peligros de la denominada “enfermedad holandesa”; preservando de la destrucción a otras actividades transables que no generan rentas extraordinarias. La creación de un fondo anticíclico que amortigüe el impacto de las fluctuaciones en los precios de las commodities, y de otro soberano que mantenga una parte de sus recursos en activos financieros seguros destinando otra parte a invertir en destinos específicos de infraestructura y conocimiento es una buena alternativa. Como sea, la transición hacia la era de la “energía limpia” en Argentina apenas ha comenzado a arrancar. Decisiones de inversión en torno a energías alternativas (eólica, solar, biomasa, mareomotriz o geotérmica) son sin duda fundamentales. Con todo, los costos que el estado decidió asumir para iniciar esa transición, con las licitaciones que garantizan precios altísimos, resultan preocupantes, y esta es un área en la que posibles conflictos de interés deberían fiscalizarse con gran atención.

g. la reforma previsional

La prolongación de la expectativa de vida y su efecto en la pirámide demográfica, un factor que agravará la insostenibilidad del sistema previsional, se conjuga con la crisis del trabajo; que hace de los puestos de trabajo de calidad un bien cada vez más escaso, en un proceso que no hará más que complicarse como resultado de los cambios tecnológicos en marcha (especialmente la combinación de big data, inteligencia artificial y robotización). Pero, si se extiende la edad jubilatoria para mitigar la crisis del sistema previsional, se agrava la crisis del mercado de trabajo, dificultando el ingreso de trabajadores marginales y, sobre todo, de jóvenes. La reducción de la semana laboral para dar cabida a nuevos trabajadores afecta el costo general del estado y las empresas (dificultando el logro de mayor competitividad por incrementos de productividad) y no resuelve el problema previsional. Una contribución a la solución del dilema escasez de trabajo / insustentabilidad previsional puede ser posponer la edad jubilatoria, pero reduciendo paulatinamente la semana laboral, según un modelo incremental en arreglo a categorías etarias. De este modo, al disminuir la carga horaria a partir de los 50 años, se amplían los puestos de trabajo disponibles, pero al prolongar la jubilación hasta los 70 años se disminuye la presión sobre el sistema previsional. La diferencia entre las 40 horas y aquellas efectivamente trabajadas en cada rango etario serían consideradas jubilación anticipada, y remuneradas con un porcentaje de la jubilación, para compensar la caída de ingresos salariales. Así, en lugar de reducir la jornada laboral universalmente, se permite que quienes ingresan en la vida laboral y tienen, por su juventud, más necesidades económicas y más posibilidades de carrera, además de más energía, tengan trabajos de mayor carga horaria; mientras que a partir de la edad mediana, cuando la situación económica está más consolidada, se comienza a poder utilizar tiempo libre para otro tipo de actividades no laborales.

Otra opción es bajar el nivel de los beneficios, que en muchos casos están en niveles no sostenibles inter-temporalmente. Además hay que mencionar que la formalización laboral es un factor crítico para que las cuentas previsionales cierren en el futuro. Afortunadamente, la transición demográfica argentina nos da una ventana de dos décadas, a lo sumo, para formalizar y crecer de manera sostenida y no llegar pobres a viejos como sociedad.

En suma, es indispensable discutir seriamente cuál debería ser el nivel “razonable” de beneficios previsionales desde una perspectiva agregada, es decir, teniendo en cuenta que el estado debe ocuparse también de las necesidades de otros sectores sociales, en particular del grupo etario constituido por los niños y jóvenes de los cuales depende nuestro futuro como sociedad. En estrechísima síntesis, en mejorar el capital humano de niños y jóvenes del conurbano estriba nuestro futuro. Es importante salir al cruce de tabúes que bloquean cualquier discusión; un caso típico es del del célebre 82% móvil, y los modos de calcularlo. Dado que los recursos son finitos, hay que entender qué es lo que una sociedad puede solventar y adónde le resulta más equitativo, eficiente y rentable destinarlos en mayor proporción.

h. educación pública

El ingreso irrestricto a las universidades públicas es una bandera cuya discusión parecería estar prohibida (a riesgo de ser acusado de reaccionario irredimible aquel que lo plantea), siendo Argentina uno de los pocos casos, o el único, que existe en el mundo. En aras de un supuesto progresismo, uno de los bienes públicos más preciados – la universidad – ha sido privatizado, permitiendo que cada individuo tome de ella lo que le conviene sin ninguna consideración por el interés general; la mera idea de establecer prioridades parece una mala palabra.

La consecuencia es una bajísima tasa de graduados respecto de los alumnos que ingresan, un costo exorbitante por graduado, recursos insuficientes para la investigación, la existencia de una desmesurada cantidad de estudiantes en áreas profesionales que no lo requieren y una alarmante baja cantidad en áreas estratégicas para el país. ¿Se podría dar un debate moderno sobre este tópico analizando pros y contras, considerando como un insumo entre otros la comparación de casos internacionales? ¿Por qué no enfrentamos la solución de un déficit permanente de enfermeras y seguimos formando miles de médicos que no tienen cabida para hacer una residencia? ¿Por qué no examinamos al Conicet, sin duda un centro de excelencia, pero que se ha convertido en el desaguadero para todos los aspirantes a investigadores porque como las universidades (públicas o privadas) investigan poco y nada no tienen otro lugar? Y continuando con la cuestión educativa, los problemas de la educación primaria y secundaria no son menos preocupantes: resultados pobrísimos, deserción, sindicalización de la enseñanza, sobre-calificación; hay a disposición buenos diagnósticos y buenas propuestas, pero la viabilidad política de su concreción dependerá de que se asuman y procesen los intereses en conflicto. De hecho, el sistema educativo tiene un marcado carácter elitista, como si hubiera sido concebido como una larga autopista que va del jardín de infantes a la universidad sin caminos laterales, salidas ni colectoras, que permitan que los que quedan bloqueados tengan alguna alternativa intermedia de inserción laboral.

Si se considera que en la Argentina de hoy los problemas de oferta de empleo son serios, pero más grave aún es la brecha entre demanda de empleo y formación de recursos humanos, la importancia de los niveles educativos primario y secundario salta a la vista.

i. ciencia, tecnología e innovación

Estamos frente a una nueva revolución tecnológica que ha dado origen a una economía donde el conocimiento se ha convertido en una fuerza productiva directa (la así llamada “economía del conocimiento”).

Las oportunidades que abre esta revolución son enormes, pero también lo son sus riesgos y desafíos. Una cuestión crítica para aprovechar esas oportunidades y estar preparados para enfrentar sus desafíos es la formación del capital humano, con los conocimientos y las calificaciones necesarias. Esto corresponde al ámbito de la educación y la capacitación en el trabajo.

Pero existe una segunda dimensión crucial: la capacidad de innovación basada en los desarrollos científico-tecnológicos. Esto no sólo en el plano de la producción, donde la productividad  basada en el desarrollo tecnológico y la innovación, tanto a nivel micro como sistémico, se ha vuelto la principal fuente de crecimiento.

También en múltiples otros planos, como la salud, el hábitat, el ambiente, el uso del tiempo libre a medida que crece la esperanza de vida y progresa la robotización, etc., etc., la capacidad de innovación ya se está volviendo determinante para encontrar soluciones a los desafíos y para mitigar los riesgos involucrados también en estas áreas.

Nuestro país está indudablemente muy rezagado en la materia. A pesar de contar con instituciones e investigadores de excelencia en ciencia y tecnología (en áreas tan diversas como la nuclear, la biotecnología, la aeroespacial, las telecomunicaciones y la informática o las ciencias de la salud) ni las unas ni los otros constituyen una masa crítica suficiente como para generar un impacto sistémico.

El “sistema nacional de innovación” constituido por el Estado, las universidades y otros centros académicos, y por el sector privado, actúa de modo completamente desarticulado, aún a pesar de la creación de un Ministerio específico para impulsar y coordinar esta área. No existen prioridades claramente definidas. Y, además, los recursos destinados a estas actividades por el Estado son ínfimos y los aportados por el sector privado prácticamente inexistentes.

Si no queremos quedarnos fuera de la nueva “economía del conocimiento” necesitamos comenzar a revertir este estado de cosas. Lo primero es promover un amplio debate sobre esta cuestión y concientizar de su importancia a los actores involucrados (públicos, privados, académicos) y a la ciudadanía en general. En segundo lugar, definir una estrategia a largo plazo, a la vez factible pero ambiciosa, para nuestro Sistema Nacional de Innovación. Por último, dotar a este sistema de los recursos financieros, institucionales y humanos para llevar adelante esa estrategia.

j. salud pública

En materia de salud, la fragmentación del sistema argentino es un clásico. Como también el hecho de que los sindicatos administren la salud de sus afiliados a través de las obras sociales. Caso inédito en el mundo. Otro tanto sucede con una cobertura amplísima del plan médico obligatorio a cargo de los actores del sector salud que en otras partes son responsabilidad del Estado. El resultado es que la Argentina invierte en salud un porcentaje de su PBI similar al de naciones desarrolladas, pero, dado que su PBI es mucho más chico, obtiene indicadores médicos mucho peores. Si se quisiera gastar igual que los países desarrollados en valores absolutos, habría que gastar menos en otros rubros, por ejemplo educación, ciencia y tecnología, etc., lo que no tiene sentido propiciar. La organización institucional y la calidad del gasto parecen la clave. ¿Es posible debatir estos tópicos?

k. pobreza

La pobreza es uno de los asuntos ineludibles de la agenda política. Desgraciadamente, su reconocimiento como novedad histórica de las últimas décadas no ha suscitado, a diferencia de otros países de la región, estrategias políticas de resolución exitosa, como lo prueba que en los picos de crecimiento de los 90 y los 2000 no pudo perforar el piso del 24 % de la población en ese encierro.

Hay un problema de percepción que mucho tiene que ver con la citada novedad. Se ha tendido a contemplar al fenómeno como un estamento social cristalizado cuando, en realidad, se trata de un caleidoscopio de situaciones sociológicas que no se agotan en la situación laboral y la calidad de los empleos ni en las necesidades básicas insatisfechas. El hábitat y la vivienda, la posibilidad de trazar proyectos personales, la discriminación y la inseguridad dan la pauta de su complejidad económica, social y cultural.

No está claro, sin embargo, cuales son las estrategias para acometer su remisión. Se oscila, en ese sentido, entre un conservadurismo que parece insistir en la administración tercerizada de sus necesidades a cargo de diversas organizaciones no gubernamentales  y algunas ideas audaces de microemprendedorismo. La primera ha supuesto una suerte de seguro social pero disperso en diferentes programas a menudo propicios a diversos usos especulativos por los administradores políticos no estatales que limitan terminantemente sus promesas re-integrativas. Las segundas sólo se han ensayado a la manera de experiencias piloto espacial y socialmente muy focalizadas y de escasa difusión.

Resulta menester reconocer la imposibilidad de acometer el problema mediante fórmulas caducas de la extinta sociedad industrial cuando, por lo demás, era un fenómeno marginal y transitorio. Urge, entonces, substanciar políticas innovadoras e imaginativas o implementadas con éxito por países de la región, que acoten las situaciones de indigencia. Luego, una presencia estatal que, por un lado, lleve a los barrios y escuelas las más avanzadas tecnologías de manera de promover destrezas en su manejo ajustando las políticas educativas a nuevas ventajas comparativas nacionales y, por otro, lleve algo tan básico como la ley, la seguridad y las garantías constitucionales. Urge, también, articular el sistema de cooperativas con grandes obras públicas no solamente locales sino a nivel nacional.

IV. de cara al futuro, hacia un capitalismo maduro y socialmente justo

En Argentina, es difícil que cualquier esfuerzo orientado a transitar hacia un capitalismo serio pueda despegarse de la imagen de “gobierno para los ricos”. Pero hay iniciativas que podrían desdibujar esta percepción, ser pro-capitalistas y, a un tiempo, socialmente justas. Una posibilidad podría ser la de “invitar” a los más ricos a compartir parte de su excedente. Esto podría tomar la forma que existe, paradójicamente, en Brasil, donde se estipulan modos de participación en las ganancias a través de las negociaciones paritarias. De hecho, ya hay en Argentina entidades empresariales a favor del enfoque, proyectos con estado parlamentario y también empresas transnacionales que lo aplican. En el modelo alemán, los sindicatos participan de las decisiones empresariales en un juego cooperativo que facilita la alineación de los intereses de las partes al servicio de un resultado común. Lo anteriormente expuesto no obsta a valorar una economía plural donde hay expresiones, por ejemplo, de economía social y solidaria o de empresas sociales, cuya finalidad no es la maximización del excedente económico (aunque la existencia de éste resulta indispensable para el sostenimiento de la empresa). Por lo tanto no es nuestra intención cerrar la posibilidad a un solo tipo de empresarialidad como es la capitalista, sino reconocer también aquellas que tienen una larga tradición en la Argentina (y en el mundo) como es el caso del cooperativismo o -por ejemplo- las que van emergiendo como empresas de triple impacto (o empresas “b”), nuevo modelo que busca conciliar el desarrollo económico, el social y la protección del medio ambiente, conciliación que es rectora de los desempeños empresariales.

Por fin, en este punteo que está lejos de pretenderse exhaustivo, no podemos eludir la cuestión de la Argentina en el mundo. La tradición de política exterior argentina se ha caracterizado, con suma frecuencia, por apuestas delirantes y trayectorias erráticas. Y no fueron solamente las dictaduras, también los gobiernos democráticos se embarcaron a veces en este tipo de apuestas. Estamos regresando de una de ellas, alineados con la Venezuela chavista y con la Cuba de los Castro. El actual gobierno ha puesto un fuerte empeño en una integración al mundo globalizado consistente con la economía más abierta que dice defender. Y esto es muy positivo, como lo es la posibilidad del ingreso a la OCDE (que no puede darse por segura y, en todo caso, no será realidad hasta dentro de varios años). Los riesgos de la globalización no pueden ignorarse, como tampoco puede ignorarse que la volatilidad política y económica internacional es una fuente posible de inestabilidad doméstica. No obstante, nada sería peor que la ilusión de poder preservarnos de todos esos peligros cerrándonos hacia adentro. Lo que precisamos es fijar una línea de política exterior de largo plazo, sensata, en la que no nos sobrestimemos, y parar de dar bandazos. Y no menos que eso, precisamos jerarquía profesional: tenemos que exigirle mucho más a la Cancillería, pero al mismo tiempo profesionalizar en serio la política exterior, acabando, por ejemplo, con la costumbre de nominaciones “políticas” hasta en destinos diplomáticos de primera magnitud. Sobre la dimensión regional diremos apenas dos cosas: primero, olvidarse de la fantasía de “liderazgo”; lo que precisamos son aliados y compañeros de largo plazo, que confíen en nosotros y en los que podamos confiar. Segundo, la integración regional tiene sentido si es un camino para integrarse al mundo, no para protegerse de él. No se trata de perder autonomía: firmemente asentada en el Mercosur y América Latina, la Argentina podrá interactuar mejor con el mundo, en el que la integración y la interdependencia ya son factores claves.

Por eso, entre los pilares del desarrollo nos parece menester enfatizar que, además de la creación de empleo, es crítico para Argentina impulsar su despegue exportador. Es crítico porque para crecer nuestro pais necesita importar bienes de capital e insumos intermedios y necesita para ello las divisas que provee la exportación, dado que no podemos endeudarnos en forma indefinida. Exportamos para financiar los insumos que sostienen nuestro crecimiento de largo plazo. Por eso es importante la agenda exportadora. Y esa agenda es mucho más que el tipo de cambio; es estrategia de inserción internacional y politica exterior para negociar mercados en un mundo donde nadie regala nada y es también aumentar la productividad sistémica y bajar el costo local (logística, infraestructura). Pero sobre todo es cambio cultural: pensarnos como país exportador.

El futuro no está escrito: podemos repetir los viejos errores o arriesgarnos a cometer otros nuevos con la esperanza de alcanzar nuevos y mejores resultados. Y quizás los alcancemos. Ocurre que la historia de las últimas décadas exhibe una extrema volatilidad y expansiones “exuberantes” concluidas en colapsos cataclísmicos, cada ciclo ha sido acompañado por equivalentes talantes colectivos. En la fase ascendente del ciclo (“¡por ahora vamos bien!”) nuestras disposiciones, puesto que estamos en el mundo de las ganancias son (como en cualquier sociedad del planeta) firmemente conservadoras: execramos el riesgo que conlleva cualquier cambio. Como contrapartida, en la fase descendente, y sobre todo en los colapsos, metidos hasta el cuello en el mundo de las pérdidas, estamos tan desesperados que aceptamos cualquier vía de escape por insensata que pueda parecer. La actual situación argentina tal vez sea, en ese sentido, algo diferente: no es ascendente, de modo que no tenemos incentivos conservadores; es mala, pero no tanto como para querer huir a ciegas, lo que siempre ha sido aferrarse a soluciones draconianas y contraproducentes. Estamos argumentando, cae de su peso, a favor de enfoques moderados, graduales y cooperativos (lo que no impide, sino que impone establecer prioridades de inversión). Hay posibilidades de cooperar y ganar en los márgenes, porque algunos incentivos positivos al cambio funcionan; manteniendo una distancia crítica con el “¡vamos bien!” de modo tal que el apoyo a los gobiernos sea condicionado y esté acompañado de mucha atención a los errores.

Por eso, regresando al plano general de lo político, invitamos, como Club, al esfuerzo por pensar colectivamente la nación.

No se trata en absoluto de imaginar un proyecto nacional, que ordene los conflictos y enfile a todos los argentinos. Pensar colectivamente la nación incluye, desde luego, pensar miradas múltiples hacia el mundo y de Argentina en el mundo (cuestión de la que solemos desinteresarnos olímpicamente y en la que la trayectoria argentina ha sido zigzagueante en grado sumo). Si pensamos la nación, surgirán probablemente ideas fuerza con consenso suficiente en materia de inserción internacional, desarrollo productivo, educación e innovación científico tecnológica. Podremos tener mayor claridad sobre las coaliciones sociopolíticas necesarias para impulsarlas y sobre los términos de la competencia política. Podremos trasladar cada tema del “marco estrecho” en que habitualmente lo miramos al “marco ancho” en el que los costos y beneficios de la inmovilidad o del cambio serán mejor evaluados. Y, quizás, podremos hasta establecer rumbos generales y metas comunes, identificar problemas y soluciones prácticas, como reducir la grieta social y combatir la corrupción, entre otros, aún manteniendo fuertes discrepancias sobre los medios para alcanzarlas. En suma, pensar colectivamente la nación es pensarla desde la con-ciudadanía, pensar, no modelos que nos unifiquen sino reglas de juego y marcos legítimos que nos obliguen, como condición de nuestra libertad y la promesa de una Argentina más justa y más próspera.

***

Socios del Club Político Argentino

marzo de 2018

 

ABELEDO Carlos
ADAN Graciela
AGUIAR Henoch
AGULLEIRO Norberto
AJMECHET Sabrina
ALANIZ Rogelio
ALGORTA Pedro
ALMIRANTEARENA Eduardo
AMADEO Eduardo
AMBROSI Hugo
ANCHORENA José
ANDRADA Ruth
APREDA Rodolfo
APUD Emilio
ARAGON Raúl
ARGÜELLO Omar J.
ARIZA Guillermo Luis
ASSORATI Lidia
ATLANTE Paula
AVALOS Juan Antonio
AVELLUTO Pablo
AVERSA Fernando
AVRUJ Claudio
BASCO Emiliano
BELLOMO Esteban
BENÍTEZ DE CASTRO Manuel
BERRA Gonzalo
BERTONI Lilia Ana
BIANCHI Enrique
BICARELLI Estéban
BINSZTEIN Norma
BONEO Horacio
BRASLAVSKY Juan
BRAUN María
BRODERSHON Mario
BRUGNOLI Jorge
BURKUN Mario
BURSTEIN Nidia
CABRAL Mariana
CAMOU Antonio
CAMPERO Agustín
CANIEVSKY Carlos
CARCIOFI Ricardo
CARRERA Carlos María
CASAGRANDE Jorge
CASTAGNOLA Juana María
CASTELLS Julia E.
CAUCINO Mariano A.
CAVALLARI Juan José
CAVAROZZI Marcelo
CERRUTI Juan
CIAPUSCIO Guiomar Elena
CIARLERO Pablo
CISNEROS Andrés
CORNEJO Silvia
CORTI Celia
CUÑARRO Alicia
CHERNISER Diana
CHERVATIN Juan Carlos
DANZA Fernando
DEL PIERO Pedro
DEGIORGIS Patricio
DELAMATA Gabriela
DÍAZ María Laura
DÍAZ Ramón Antonio
DOMENE Ariel
DREIZZEN Julio
DURÁN BARBA Jaime
ELGUE Mario C.
ESPADA Mario Luis
ESPECHE GIL Miguel Angel
ESTENSSORO María Eugenia
FANELLI Bruno
FELIZ Mario
FENNEMA Claudia
FERNANDEZ MEIJIDE Rosa Graciela Castagnola
FIDANZA Eduardo
FORADORI Carlos
FRAGA GONZÁLEZ Javier
FRIZZERA Agustín
FRYD Adela Aida
GADANO Julián
GALFRÉ Oscar
GARAY Oscar
GARCÉS Gonzalo
GARFUNKEL Lidia
GERARDI Ricardo
GERVASONI Carlos
GIL LAVEDRA Ricardo
GINZBURG Nora
GONZÁLEZ Fernando David
GONZÁLEZ FERNÁNDEZ Teresa
GONZÁLEZ HEREDIA Guillermo
GORE Ernesto
GORE Silvia
GOSENDE Héctor Eduardo
GREGORIO-CERNADAS Maximiliano
GROISMAN Enrique
GRUSKIN Edgardo
GRUSKOIN Mario
GUSSONI Enrique
GUVENEL Alexander
HIRSCH Ricardo
ITZCOVITZ Victoria Inés
JÁUREGUI Aníbal
JEIFETZ Mirta
JUSID Juan José
KAPUSTA Isidoro
KATZ Alejandro
KATZ Luis Fernando
KATZ Sebastián
KATZ Teodoro Natalio
KLEPPE Enrique
KORN Francis
KOZOW Juan Carlos
KRAISMAN Elsa
KREIMER Carlos Alberto
LABAQUI Ignacio
LAFFERRIERE Emilio
LANDABURU Jorge
LANÚS Archibaldo
LAPORTE Juan Pablo
LARIA RAJNERI Aleardo
LAZZARI Eduardo
LEVY Lea
LEVY YEYATI Eduardo
LINN Tomás
LIPOVETZKY Daniel
LIRA Rodolfo Agustín
LLACH Juan José
LLANOS Mariana
LÓPEZ Andrés
LOTERSZTAIN Israel
MACHINEA José Luis
MAHLER Paula
MANTIÑAN Rodolfo E.
MANZANELLI Nicolás
MARANGONI Gustavo
MARÍAS Eduardo
MARMORATO Pablo
MARTIN Marie Louise
MARTIN Lucas
MARTINEZ NOGUEIRA Roberto
MAYORAL César
MAZZORIN Ricardo
MEIJIDE Augusto
MENDÍAZ Graciela
MERA Jorge
MERCADO Silvia
MEREA César
MILKES Marcelo
MILMAN Gerardo
MITRE María Elisa
MOAVRO Horacio
MOCCIA Franco
MÓDENA Carlos
MONTEQUÍN Adriana Margarita
MORA Y ARAUJO María Dolores
MUIÑO Oscar
NEGRETE Claudio
NOFAL Beatriz
NOVARO Marcos
OLLIER María Matilde
OSSONA Jorge Luis
OYHANARTE Marta
PAIXAO Enrique
PALERMO Vicente
PALUMBO Gabriel
PARYSOW Javier
PAZZI Jorge
PEIRANO Claudia
PELUFFO Diego
PELLERANO Miguel
PENNA Julio
PÉREZ ENRRI Daniel R.
PERINA KONSTANTINOVSKY Emilio
PIÑEIRO Martín
PIÑEIRO IÑÍGUEZ Carlos
POLI GONZALVO Alejandro
PORRONI Carlos
PORTESI Juan Antonio
POUSÁ Rodolfo
PRATI Marina
PUCCI Roberto
PUIG Lilia
QUETGLAS Fabio
QUEVEDO Luis
RAPPOPORT Luis
RAZÉ Alejandro
RIVERA Mónica
RODRÍGUEZ Jesús
RÖMER Graciela
ROMERO Luis Alberto
ROZENWURCEL Guillermo
RUARTE BAZÁN Roque
RUIZ GUIÑAZÚ Magdalena
SABORIDO Lucía Florencia
SÁENZ QUESADA María
SÁEZ CAPEL José
SALVADORES Oscar Felix
SALVIA Agustín
SALVIA Gabriel
SAN MARTINO Jorge
SÁNCHEZ RAMÍREZ Alvaro
SCORDAMAGLIA Vicente
SIGAL Jorge Luis
SIGNORILE Leandro
SIMPSON Lucio
SOMMER Juan Fernando
SPAGNULO Vicente
SPERLING Oscar
STRINGHINI Armando Riccardo
STUBRIN Marcelo
SUÁREZ LASTRA Facundo
SZYNIAK David
TCHERBBIS TESTA Jimena
TIRAMONTI María Guillermina
TIRENTI Claudia
TIZZIANI Rubén
TOSCHI Damián Augusto
TUNESSI Juan Pedro
URETA José Néstor
VALDEZ María José
VARELA Daniela
VEDIA María de
VILLANUEVA Norberto Celso
VORONOVITSZKY Haydeé
WAINER Leonor
WAINERMAN Catalina
WAISBROD Laura
WARNES Ignacio
YANCO Guillermo
ZURITA Carlos Virgilio

In Memoriam

BELLOMO Roque
LEIS Héctor
MORA Y ARAUJO Manuel

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