El peligroso llamamiento a una marcha para exigir la renuncia de la Corte Suprema, impulsado por sectores del oficialismo -con el insólito apoyo del Secretario de Justicia, Juan Martín Mena y algún trasnochado juez de la Nación- debe ser repudiado por todos los ciudadanos democráticos del país.
Las reglas constitucionales, voluntad suprema del pueblo de una Nación, otorgan estabilidad y certeza al desenvolvimiento institucional, pues su acatamiento impide que facciones ocasionales lesionen o menoscaben los principios fundamentales de un régimen político.
La independencia de la Justicia, piedra angular del sistema republicano de gobierno, se asegura con la estabilidad en sus cargos de los jueces, siempre que dure su buena conducta.En caso contrario, cuando algún juez incurre en mal desempeño o delito en el ejercicio de sus funciones o crímenes comunes, puede ser destituido:los miembros de la Corte Suprema de Justicia, a través de la acusación por parte de la Cámara de Diputados por una mayoría de dos tercios de los presentes y declarados culpables por el Senado, con la misma mayoría calificada (arts. 53 y 59 de la Constitución Nacional). Los jueces inferiores, por un Jurado de Enjuiciamiento, de acuerdo a lo que disponga la ley (art. 115 de la Constitución).
Respecto de la Corte, la necesidad de respetar el mandato constitucional está enfatizada en el mismo texto del art. 53, cuando establece que “Sólo ella” (la Cámara de Diputados) “ejerce el derecho de acusar ante el Senado…a los miembros de la Corte Suprema”.
Una reunión de personas para peticionar la renuncia de los miembros de la Corte Suprema, efectuada entre otros, increíblemente, por un juez en actividad y el Secretario de Justicia, no solo bordea la comisión del delito previsto en el art. 22 que prohíbe invocar la representación del pueblo, sino que es un llamado a desconocer los procedimientos constitucionales previstos para destituir a los magistrados. El objeto del encuentro viola groseramente las disposiciones constitucionales que debemos observar.
El Club Político Argentino llama a los bloques del Congreso Nacional, a los partidos políticos y a las organizaciones de la sociedad civil a cerrar filas en defensa de la Constitución Nacional. Y exige al gobierno nacional repudiar la convocatoria y sancionar como corresponde a los funcionarios involucrados en esta agraviante e insólita manifestación antidemocrática.
El límite es el respeto a la ley. Nadie puede permanecer indiferente cuando se atacan las instituciones de la República.
Buenos Aires, 21 de enero de 2022
Club Político Argentino
Ricardo Mazzorín (Presidente); Graciela Fernández Meijide (Presidenta honoraria); Victoria Itzcovitz (Secretaria); Horacio Moavro (Prosecretario); Luis Katz (Tesorero); Julio Dreizzen (Protesorero).
Sorprende ( o lamentablemente no tanto ) la tibia o nula reacción de los ciudadanos ante semejante atropello. Sólo se explica a causa de una voluntad quebrada y anestesiada, resultado de las acciones concretas y sostenidas del kircherismo a lo largo de todos sus mandatos. Urge maximizar los esfuerzos de todos los ciudadanos respetuosos de los mecanismos republicanos ( entre los cuales creo sinceramente hay muchos oficialistas ) para que no perdamos la forma de vida deseada, amenazada al límite por esta nueva embestida alienante del gobierno.
Estoy sorprendida , estoy temerosa, entiendo pero no puedo salir del asombro que puedan llama a realizar una marcha para pedir la renuncia de la corte suprema.
INCORPORARME EL GRITO……..AL PEDIDO Y LA EXIGENCIA DE RESPETO A LA CONSTITUCIÓN Y POR ENDE A LA DEMOCRACIA
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