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El Club Político Argentino frente a las denuncias contra el director de la AFI

Enero de 2017

En agosto de 2016 el Club Político Argentino hizo pública su preocupación por la decisión del gobierno nacional sobre nominaciones del más alto nivel en la Agencia Federal de Inteligencia. Señalamos asimismo que la Comisión de Acuerdos del Senado había llevado a cabo un trámite liviano, sin preguntas, pese a las objeciones generalizadas sobre la falta de idoneidad de los candidatos, y a la existencia de denuncias contra los mismos. Con el telón de fondo de los graves males de largo plazo que afectan al Estado argentino, entre ellos una combinación nefasta de abuso de poder, empleo faccioso de los así llamados organismos de inteligencia, y corrupción, el problema era particularmente preocupante. Y las noticias de días pasados justifican la alarma del CPA de meses atrás.

La primera cuestión que se plantea es la de la transparencia y la responsabilidad de los funcionarios públicos, aun de aquellos que conduzcan organismos de inteligencia. Las dificultades para el escrutinio público son todavía importantes – aunque se ha avanzado en el año de gobierno – y en nuestra cultura, la rendición de cuentas de los funcionarios tiende a ser tomada no como lo que debe ser – una obligación republicana – sino como una concesión graciosa por la cual los ciudadanos deberíamos estar agradecidos. Es esto en parte lo que explica que funcionarios imputados, sean o no culpables, se cierren sobre sí mismos, se indignen contra la prensa y cuenten para ello con la solidaridad de sus colegas, que parece una solidaridad corporativa o de clase.

En este marco, y dadas las circunstancias, el CPA considera que el mejor camino de acción gubernamental es el de reaccionar con rapidez y energía para aportar claridad en el tema. Recuperar, en otras palabras, la iniciativa. Cerrar filas, sostener políticamente sin dar explicaciones ni exigirlas no es el camino adecuado.

Es cierto y vale destacarlo, que el gobierno cumplió consigo mismo y con la sociedad al no hostilizar al periodismo o al periodista que dio a conocer la información, y al no obstaculizar el camino de la justicia. En el periodismo descansa, por su parte, la responsabilidad por no convertir estas cuestiones en festivales mediáticos.

Pero sobre la denuncia propiamente dicha, desde el poder se ha vuelto a emplear, como tantas otras veces, un argumento utilizado en verdad por todos los gobiernos: nadie es culpable hasta que se demuestre lo contrario. Este argumento es falaz, porque está ridículamente fuera de lugar en casos de corrupción y cuando los imputados ocupan cargos políticos. Porque no estamos hablando de cuestiones penales, sino de responsabilidad política. Políticamente, es la inocencia la que debe ser demostrada.Los funcionarios bajo fuerte sospecha, penalmente inocentes hasta que se demuestre lo contrario, deben ser separados de sus cargos hasta que confirmen su inocencia. Desde un punto de vista político, no legal, se invierte la carga de la prueba. Claro que esto hace a los funcionarios más vulnerables; pero es un precio a pagar por un bien superior. El CPA no desconoce la extrema complejidad, dilemática, de este problema; pero afirma la necesidad de encararlo y de dejar atrás la banalidad del lugar común ya gastado.

Los reflejos rápidos consistirían – por ejemplo – en la formación de una comisión investigadora que dé una respuesta perentoria; cualquiera sea el dictamen, gobierno y república se fortalecerían. Cuando un imputado, como en muchos casos, dispone, de continuar en su cargo, de recursos que puede manipular para defender su posición, la cuestión se agrava. La mejor demostración de la voluntad de cumplir con las promesas de luchar a fondo contra la corrupción, es ejercer esa voluntad sobre el propio gobierno y cortando, si es necesario, en carne propia.

Club Político Argentino, enero de 2017

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