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El CPA frente a un fallo reñido con la ética

Mayo de 2017

El Club Político Argentino prefiere no pronunciarse sobre la solidez jurídica del reciente fallo (dividido) de la Corte Suprema de Justicia que otorga el beneficio de la derogada ley de 2×1 a un responsable de delitos de lesa humanidad. Decide no hacerlo ya que respeta, tal como es su obligación, la diversidad de posiciones jurídicas de sus socios en una cuestión compleja y enjundiosa. No obstante, la cuestión plantea dos dimensiones sobre las que el CPA sí desea pronunciarse: su dimensión ciudadana y política por un lado, y por el otro, independientemente de la solidez jurídica del fallo, la importancia de resguardar la división de poderes y en consecuencia la independencia del Poder Judicial.

Yendo a la dimensión ciudadana y política de la cuestión afirmamos que se trata de una decisión injusta y negativa, en otras palabras, reñida con la ética que los ciudadanos tienen derecho a esperar del tribunal superior. Es injusta por tratarse de la aplicación de una ley de status turbio, la del 2×1 (solución aberrante, en su momento, por parte del poder legislativo, frente a la lentitud de la justicia), para liberar a perpetradores de delitos de lesa humanidad, que abre una peligrosa brecha por la cual podría revertirse mucho de lo que se ha avanzado en el castigo de los culpables y, sobre todo, en la consumación de una justicia indispensable para dejar atrás definitivamente la etapa más tenebrosa de nuestra historia. Y negativa porque, además de estas razones, puede socavar aún más la ya alicaída confianza ciudadana en las instituciones, cuando precisamos todo lo contrario, que los ciudadanos confíen más en ellas y no que sean colocados delante de una decisión que, más allá de las complejidades jurídicas, parece claramente contraria al sentido común. Sobre la segunda dimensión, sin embargo, cabe destacar un rasgo auspicioso del nuevo contexto político: es el hecho de que hace patente un progreso significativo hacia la independencia del Poder Judicial. El tiempo dirá si éste rasgo se consolida.

En cualquier caso, afortunadamente las propias instancias del poder judicial cuentan con mecanismos para morigerar los efectos de este fallo, ya que no es vinculante para los tribunales inferiores. Ojalá los empleen. Mientras tanto, en el plano político debe ser repudiado.

El CPA, asimismo, respalda la iniciativa de apelar ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos que nadie puede ignorar compone nuestro entramado constitucional. No podemos olvidar que nuestra democracia se asienta en un pacto político inédito para la historia argentina, centrado en el funcionamiento de las instituciones de la república, que fueron capaces, en los primeros años de reinstaurada la democracia, de juzgar a los principales responsables del terrorismo de Estado. Afectar la verdad y la justicia no podría sino afectar a la propia institucionalidad democrática. Por fin, es ineludible una mirada institucional sobre el propio poder judicial, porque las demoras infinitas en los procesamientos y en el dictado de las sentencias son un caldo de cultivo que propicia estas y otras decisiones contrarias a la ética.

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