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El desencanto con las democracias que mueren por dentro

Roberto Gargarella

En los últimos dos años, académicos provenientes de las disciplinas más diversas inundaron las bibliotecas con escritos referidos a un «nuevo fenómeno», al que resumieron con la idea de la «erosión democrática». La idea de la «erosión democrática» alude al «desgaste» que nuestros sistemas de gobierno sufren, «desde adentro», provocando lo que, años atrás, el investigador argentino Guillermo O’Donnell denominó su «muerte lenta». Esta «muerte lenta» de las democracias contrasta con la trágica práctica que fue tan común en América Latina hasta hace pocas décadas: la «muerte súbita», que era propia de democracias que se terminaban de un día al siguiente, a través de violentos golpes de Estado, y que llevaban al abrupto reemplazo de gobiernos elegidos popularmente por gobiernos militares.

Otro rasgo de esta «muerte lenta» o «erosión» tendría que ver con el vaciamiento del carácter democrático del sistema institucional, paso a paso, y a través de sucesivas medidas que se presentan como legales. Ejemplos: hoy, un presidente pasa a dominar a uno de los órganos de control encargados de limitarlo (digamos, amplía el número de los miembros de la Corte Suprema y llena las vacantes con personal «amigo»); mañana, deja de nombrar a uno de los funcionarios que podían llegar a desafiarlo (digamos, deja vacante el cargo de defensor del pueblo); pasado mañana, se arroga un derecho que no le correspondía (digamos, accede, gracias a los favores de la Corte renovada, a una nueva reelección), y así hasta vaciar de sentido al completo sistema de «frenos y contrapesos». A fin de cuentas, y a través de sucesivos pasos («legales», todos ellos), el poder se ha concentrado al extremo y la estructura de los checks and balances ya no existe.

Solo para dar alguna idea de la producción que se ha dado en el área, mencionaría que Tom Ginsburg y AzizHuq dedicaron un libro al tema de «cómo salvar las democracias constitucionales» frente al problema de la «erosión democrática» (un término que propusieron ellos); el conocido profesor Adam Przeworski (asiduo visitante de la Argentina) escribió un libro sobre las democracias que van «retrocediendo» de a poco ( democraticbacksliding); Steven Levitsky y Daniel Ziblatt publicaron lo que es ya un bestseller mundial sobre el problema de la «muerte de las democracias»; el belga David van Reybrouck habló de la «fatiga democrática». Los constitucionalistas Cass Sunstein y Mark Tushnet, cada uno por su lado, editaron sendos volúmenes sobre el tema, en los que se preguntaron si podía ocurrir en los Estados Unidos el fenómeno de deterioro grave de la democracia, que solía ocurrir «fronteras afuera».

Como ejemplos salientes de lo mencionado (democracias que son «erosionadas» desde adentro) tenemos casos como los de Donald Trump en Estados Unidos, ViktorOrban en Hungría o RecepErdogan en Turquía. Ahora bien: ¿hablan estos estudios acerca de problemas que tienen sentido también en América Latina? Por supuesto que sí. Baste pensar en ejemplos como los de Jair Bolsonaro en Brasil o Daniel Ortega en Nicaragua, o, de modo más extremo y aterrador (teniendo en cuenta el número de muertos, presos políticos y torturados), el caso de Nicolás Maduro en Venezuela. En tales situaciones -diferentes entre sí- no se advierte la «muerte abrupta» que era clásica de los golpes de Estado latinoamericanos, sino la «erosión» que se va produciendo «desde adentro» y lentamente sobre el sistema democrático.

Según entiendo, hay algo muy importante que estos estudios nos ayudan a observar, en relación con un tipo de problemas que décadas atrás se manifestaban de modos por completo distintos. De allí que, tiempo atrás la recurrencia de esas «muertes abruptas» de la democracia nos llevara a pensar en formas de «flexibilizar» el sistema institucional dotándolo de «válvulas de escape». Hoy, en cambio, el problema del «deterioro lento y desde adentro» nos exige pensar en otro tipo de medidas de «remedio». Por ejemplo, podemos pensar en iniciativas destinadas a «restaurar» el sistema de checks and balances, o a diversificar y fortalecer los controles ante el poder (sobre todo, controles ante el Poder Ejecutivo, quien aparece como el principal generador de «desajustes»). Reconocer esto es dar pasos adelante en una discusión relevante y actual.

Dicho lo anterior, sin embargo, quisiera llamar la atención sobre ciertos problemas de diagnóstico que advierto en enfoques como los citados, problemas que nos refieren a ciertos límites de los estudios citados y que se traducen finalmente en el no reconocimiento de la naturaleza y dimensión de los dilemas que hoy enfrentamos. Esencialmente, tales enfoques se proponen pensar sobre la crisis de la democracia prestando atención, de modo casi exclusivo, a la crisis del constitucionalismo. Por supuesto, resulta crucial tomar en serio los modos en que el poder establecido socava los controles que se erigen en torno a él, al igual que criticar el gradual sometimiento de los órganos judiciales u objetar cada nuevo paso dado por un Ejecutivo a favor de una nueva reelección. Necesitamos reparar el esquema de «frenos y balances» con urgencia. Sin embargo, los problemas de la democracia son esencialmente distintos de los problemas del constitucionalismo.

Que la ciudadanía se sienta alienada de la política, que repudie -aquí o allí- a la clase dirigente, que descrea de la justicia, que festeje el cierre eventual del Congreso no tiene que ver con cuestiones de nombres y apellidos, fallas ocasionales de un órgano de control o crisis económicas coyunturales. Otra vez: tiene sentido remover a Trump o a Bolsonaro a través de un impeachment (por supuesto); es necesario garantizar mayor independencia en los jueces; es urgente mejorar el elenco de nuestros representantes. Sin embargo, por más cambios de personas que se hagan, aquí o allí, la ciudadanía no recuperará su fe en la democracia. Quiero decir, ningún «ajuste» en las «tuercas» del sistema de frenos y controles servirá para reparar la «maquinaria democrática», que es la que hoy falla.

Por eso, lo que el diverso pueblo de Chile necesita hoy (y reclama) es recuperar «voz» y autoridad en los procesos de toma de decisión que lo afectan e involucran de modo directo. Lo que la ciudadanía exige, entonces, no es una nueva Constitución, cualquiera sea, sino una que sea producto de su voluntad y que ayude a hacer efectiva esa voluntad. De modo similar, lo que el diverso pueblo de Bolivia exige hoy es que nadie -ni un presidente «salvador» ni ninguna dictadura que eventualmente lo reemplace- pretenda imponer su voluntad indiscutida sobre todo el resto. El problema, nuevamente, no se resuelve reeligiendo a Evo, ni removiéndolo, ni reemplazándolo por una junta ocasional: de lo que se trata es de devolver autoridad a la ciudadanía, que resulta, de una u otra forma, siempre desplazada. Lo mismo en la Argentina: nuestros problemas y angustias no dependían de algunos importantes ajustes, aquí y allá, en el esquema de frenos y controles; ni se resolverán, en los años que vienen, con un mero cambio en el personal de gobierno. Nada cambiará realmente mientras quienes gobiernan puedan decidir sobre todo lo importante según su exclusivo criterio (qué hacer en política ambiental, qué con la minería, qué con el aborto, qué con la economía), como si nosotros fuéramos meros espectadores, destinados a mirar, consentir o aplaudir. De todo esto hablamos cuando hablamos de democracia: de recuperar definitivamente nuestra capacidad colectiva de pensar, discutir y decidir acerca del modo en que nos organizarnos, y tomar decisiones sobre nuestro propio destino.

publicado en La Nación, 22/11/2019

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