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El próximo gobierno recibirá no una, sino dos pesadas herencias

Guillermo Rozenwurcel

Aunque todavía falta más de medio año para las elecciones, los resultados de la gestión del actual gobierno en materia macroeconómica ya no podrán cambiar más que en el margen. Si esto es cierto, no hay dudas de que el nuevo gobierno recibirá, una vez más, una pesada herencia.

No vale la pena discutir si en 2020 vamos a estar menos mal o peor que en 2015. Lo cierto es que terminaremos el 2019 con una economía en recesión por segundo año consecutivo, un producto per cápita inferior al de una década atrás, desempleo y pobreza crecientes y una tasa de inflación que estuvo próxima al 50% el año pasado y no bajará del 35% este año, pese al brutal ajuste monetario y fiscal en curso.

Además, aunque tarifas y tipo de cambio en términos reales están mejor que al final del gobierno de Cristina, la volatilidad cambiaria, la inestabilidad económica y política y la conflictividad salarial hacen casi imposible pronosticar dónde estarán el año que viene.

Por último, la mejora en el resultado fiscal primario está “atada con alambre” y lo propio puede decirse de la mejora en el resultado de la cuenta corriente externa. Como en tantas otras oportunidades, volvemos a depender de que una buena cosecha genere suficientes divisas e ingresos fiscales para sostener los resultados en ambos frentes.

De lo que no hay dudas es de que el nuevo gobierno heredará dos mochilas pesadas, que el gobierno que termina no tuvo que cargar cuando asumió. Una, el significativo endeudamiento público y externo que se acumuló en el período, que genera pagos de intereses muy elevados, dado el altísimo riesgo-país que ostentamos.

La otra, el control de la política económica que ejerce el FMI, sin cuyo financiamiento nuestro actual endeudamiento sería insostenible.

Con la credibilidad de la actual administración agotada y prácticamente sin márgenes de maniobra para corregir más que cosméticamente la política impuesta por el Fondo, lo mejor que podemos esperar hasta el cambio de gobierno es que la recesión no se agrave y el dólar y la inflación no se desboquen.

Por un lado, el “doble cero” en materia de emisión y déficit primario impide cualquier atisbo de reactivación que no sea impulsado por el campo, cuyo efecto multiplicador es limitado.

Por el otro, como ahora lo reconocen, finalmente, incluso respetados economistas de la más pura ortodoxia, la inflación no siempre es un fenómeno exclusivamente monetario y en la Argentina, sin moderar la conflictividad distributiva y desmontar progresivamente la indexación contractual, no es posible combatirla.

Para colmo, el “diabólico” régimen cambiario adoptado (Arriazu dixit) que combina bandas que se ajustan menos que los precios y una amplísima zona de no intervención entre ambas, exacerba la incertidumbre cambiaria y hace que las exorbitantes tasas de interés convalidadas por el BCRA, que ahogan a la producción, sean cada vez menos efectivas para estabilizar el precio del dólar.

Para ver si podremos reemplazar el tosco ajuste en curso, que sólo aspira a evitar una corrida cambiaria terminal, por un programa económico serio y consistente, habrá que esperar la llegada del nuevo gobierno.

Cualquiera sea su signo, éste deberá ser capaz de encontrar la diagonal que permita compatibilizar estabilización y crecimiento. Sin la primera sólo habrá, en el mejor de los casos, expansiones de corta duración. Sin crecimiento, ninguna estabilización será duradera.

Todo será un poco menos complicado si logramos acceder nuevamente al financiamiento voluntario privado a tasas razonables. De todos modos, nos guste más o menos, el Fondo seguirá presente. Por ello será vital renegociar la relación con esa institución, con realismo pero con la fuerza del nuevo mandato popular.

Sólo en un contexto de mayor estabilidad y crecimiento será viable discutir y acordar las reformas necesarias en materia tributaria, laboral y previsional, de modo que su implementación cuente con suficiente apoyo social. Del mismo modo, sólo con consensos amplios se podrá definir una estrategia de desarrollo inclusiva que complemente esas reformas con una política de transformación productiva capaz de asegurar suficiente creación de empleo, de impulsar las exportaciones para proveernos divisas sin necesidad de sobre-endeudarnos y de promover los aumentos de productividad necesarios para que ésta sea la principal fuente de competitividad de nuestra economía.

El camino que hoy estamos transitando no es el único posible. Pero si se quiere ensayar uno diferente hacen falta no sólo sensatez y profesionalismo. También se requieren creatividad y una dosis de audacia para ampliar el espacio de lo posible. Además, cómo no, que la suerte acompañe. Pero por sobre todo, para que cualquier proyecto responsable sea viable hay un ingrediente que no puede estar ausente. Ese ingrediente es político: el proyecto debe estar acordado y respaldado por una amplia coalición de gobierno, no apenas por un acuerdo electoral de

publicado en Clarín, 4/4/2019

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