Contribuciones de los socios

Hace falta un programa propio para negociar con el Fondo

Guillermo Rozenwurcel

Las elecciones del domingo pasado otorgaron un rotundo triunfo a la oposición, tanto desde el punto de vista de los votos acumulados en el total del país, como del de la nueva composición del Senado y la Cámara de Diputados.

El oficialismo, además sufrió derrotas que hasta hace poco parecían impensables en varias provincias y ajustadísimos triunfos en algunas otras, dejando en situación desairada a muchos gobernadores que aspiraban a un mayor protagonismo luego de las elecciones.

Las insólitas manifestaciones de “triunfo” parecen provenir de una realidad paralela que prefiere ignorar los resultados nacionales y pretende transformar una derrota ajustada en la Provincia de Buenos Aires en victoria épica, cuando este domingo el oficialismo apenas logró recortar en esa provincia la diferencia que habían arrojado las PASO hace algunas semanas.

En todo caso, la situación en el Frente de Todos es muy fluida y, más allá del fortalecimiento de los barones del Conurbano que contribuyeron a atenuar la derrota en la Provincia y de los sindicalistas que miraron el proceso electoral desde afuera, aún resulta muy difícil anticipar quiénes serán los más afectados por los resultados y qué otros actores podrán aprovechar la nueva situación para consolidar posiciones.

En todo caso, el conflicto entre Alberto y Cristina no parece haberse inclinado a favor de ninguno de los dos, los gobernadores que esperaban tallar más fuerte en las decisiones quedaron golpeados, y la gestión del gobierno permanece empantanada sin dar señales claras de cómo se reorganizará a partir de ahora.

Mientras la indefinición prevalece en el ámbito de la política, la dinámica de la economía no se detiene. Los problemas de hoy son los mismos que los de los días previos a las elecciones pero, a diferencia de entonces, los ciudadanos de a pie y los principales actores económicos están esperando definiciones que ya no pueden seguir postergándose a riesgo de que la crisis se acelere y profundice.

No parece haber más espacio para que el Gobierno continúe el mismo curso de acción que hasta ahora, pateando para adelante la solución de los problemas.

Con las reservas prácticamente agotadas y la necesidad de conseguir recursos para hacer frente a los próximos vencimientos de diciembre y marzo, que totalizan casi 5900 millones de dólares entre diciembre y marzo próximos, no hay margen para nuevas dilaciones si se quiere evitar un default con el Fondo de consecuencias catastróficas.

El propio Presidente pareció admitirlo cuando anunció que el Gobierno elaborará un programa económico plurianual que se propone acordar con la oposición en el Congreso y, sobre esa base, buscar el tantas veces postergado acuerdo con el FMI.

Lo que a primera vista parecería una muestra de sensatez no lo es tanto apenas se analiza con más detalle la iniciativa. En primer lugar, esperar que la oposición comparta los costos del ajuste que inevitablemente involucrará el acuerdo parece como mínimo ingenuo o, más bien, malintencionado si pretende hacerle cargar a la oposición las culpas de un inevitable rechazo al llamado a colaborar con el Gobierno en las presentes circunstancias.

En segundo lugar porque el gobierno no parece tener noción de lo que involucra la negociación con el Fondo, que más allá de algunos escarceos irrelevantes, aún no ha comenzado.

Las exigencias del FMI, donde es determinante la posición del Tesoro americano, incluirán en materia de estabilización la devaluación cambiaria, la actualización de las tarifas públicas y una política monetaria y fiscal contractiva que apunte a reducir la inflación.

Además, si lo que se negocia, como no parece haber otra alternativa, es un Plan de Facilidades Extendidas, el acuerdo involucrará una serie de reformas “estructurales” entre las cuales estarán, de cajón, la reforma previsional y la impositiva.

Cualquiera sea el plan que finalmente se acuerde, habrá inevitablemente costos para el país en materia de actividad, empleo e ingresos. Pero para alcanzar un ajuste sea socialmente factible, que evite un shock inflacionario, financiero y cambiaria que deje la economía y la sociedad patas para arriba y que, por el contrario, minimice esos costos y los distribuya equitativamente, el plan no puede tener como guión las recetas estándar del FMI.

Y para eso se requiere ir a la negociación con un equipo profesional competente y una propuesta propia consistente y técnicamente irreprochable.

A nuestro juicio, muy sintéticamente, una propuesta posible debería incluir una salto cambiario inicial moderado (en vez de una maxidevaluación) seguido de ajustes mensuales que acompañen la inflación, un sendero plurianual creíble de ajustes tarifarios (en vez de un tarifazo por única vez) y una desindexación de precios y salarios por medio de un acuerdo de duración limitada, seguido por la apertura de paritarias con un horizonte de inflación sustancialmente menor al actual.

Ese conjunto de medidas, por supuesto, debe ir acompañado por el compromiso de una reducción progresiva del déficit fiscal y de un programa monetario consistente con la desaceleración de la inflación.

Negociar con el FMI a partir de una propuesta propia es factible, como lo muestran los acuerdos logrados tanto por el equipo de Sourrouille en el Plan Austral, como por el de Cavallo en la Convertibilidad.

Hasta ahora, sin embargo, más allá de una retórica vacía, el Gobierno no ha dado indicios de contar con una propuesta propia consistente. Tampoco, más allá de algunos nombres propios rescatables, de tener un equipo profesional competente liderado por un Ministro con suficiente poder de conducción.

publicado en Clarín, 17/11/2021

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