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La cultura del “Far West”

Aleardo Laría

La persecución a caballo, donde los representantes de la ley disparan a los forajidos que huyen, es una de las escenas más vistas en las películas norteamericanas del “Lejano Oeste”. Esta idea de que es legítimo disparar sobre un delincuente que escapa está muy arraigada en nuestra cultura. Una encuesta entre los lectores del diario “Perfil”, revela que más del 80 % de los participantes se muestran “orgullosos” -como el presidente Macri- de la actuación del policía Chocobar. Ignoran que disparar por la espalda a un delincuente que huye, con el objeto de detenerlo, no sólo es un grave error en la percepción de los bienes jurídicos que están en juego sino que además es una delito penado en el Código Penal.

El Derecho Penal regula muchas situaciones donde existen bienes jurídicos en conflicto. Admite que una persona que es objeto de una agresión injustificada pueda defenderse. Pero al mismo tiempo señala que la defensa debe ser “legítima”, es decir el medio empleado para defenderse debe ser proporcional con el fin buscado. Por ejemplo, un policía que es agredido con piedras en una manifestación, no tiene el derecho a sacar su pistola y emprenderla a tiros contra los manifestantes. Ni tampoco un civil que es objeto de un “tirón” puede sacar una pistola y disparar sobre el ratero que huye.

En los casos de persecución de delincuentes que escapan de sus perseguidores, no se puede utilizar un arma de fuego para detenerlos. Menos aún disparar en una vía pública, ya sea civil o policía el autor de los disparos. El arma que entrega el Estado a un policía es para su defensa, no para ser utilizada en la captura de delincuentes. El uso de esta metodología para capturar delincuentes que huyen o para repeler agresiones menores es lo que el lenguaje popular ha caracterizado con la expresión “gatillo fácil”.

El uso desproporcionado e injustificado de las armas de fuego por parte de las fuerzas de seguridad es un viejo problema cultural que arrastra la Argentina. No es una cuestión que deba ser politizada ni tiene nada que ver con la corriente “garantista” en el Derecho Penal. Las garantías de los ciudadanos a no ser víctimas de los excesos de las fuerzas de seguridad están en la Constitución Nacional y en el Código Penal. La legislación penal del mundo entero sanciona estos excesos.

Una asociación civil denominada “Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional” (Correpi) registró en su momento que durante el kirchnerismo (2003-2015) fueron asesinadas por representantes de las fuerzas estatales (principalmente policías provinciales y agentes de los servicios penitenciarios) 3.070 personas. Puede que la estadística no sea rigurosa, pero no debe estar muy alejada de la realidad puesto que el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) reportaba, para el mismo período, 1.549 muertos por fuerzas de seguridad sólo en Capital y parte del GBA.

Es en este contexto donde resulta inexplicable que el presidente de la Nación reciba, junto con la Ministra de Seguridad, a un policía que acaba de ser procesado por un juez bajo la imputación de haber cometido un “homicidio en exceso de legítima defensa”. Es posible que la incalificable acción de dos jóvenes delincuentes -que para robarle la cámara fotográfica a un turista norteamericano le infligieran varias puñaladas que lo dejaron al borde la muerte- haya contribuido a confundir a muchos observadores. Pero el primer hecho de violencia desproporcionada y brutal no puede ser invocado para justificar un hecho posterior que se produce a cinco cuadras del primero y en otro contexto. Son dos hechos criminales diferentes y cada uno deberá recibir el tratamiento procesal y la sanción penal pertinente. Pero la ley no autorizaba al policía a utilizar el arma para capturar al huido o –lo que sería más grave aún- aplicar una especie de pena de muerte sobre alguien considerado “indeseable”.

No se debe ocultar el hecho de que en la provincia de Buenos Aires, la “bonaerense” ejecutaba a delincuentes que ya se habían entregado, una práctica que felizmente se ha ido reduciendo. Esta metodología de afrontar el problema de la seguridad, aparte de su ilegalidad, lo único que conseguía era que aumentara la violencia de los delincuentes que sabían por anticipado el final que les aguardaba en el caso de entregarse a las autoridades. Luego la prensa se encargaba de reflejar el hecho con un pequeño titular que decía “tres delincuentes fueron abatidos en La Matanza”.

Las garantías constitucionales de un Estado de Derecho protegen incluso a los delincuentes, que no pueden ser torturados ni ejecutados por las fuerzas policiales. Los problemas de creciente inseguridad en las grandes ciudades no pueden ser resueltos acudiendo a la demagogia punitiva. El populismo de derecha alienta el uso de la “mano dura” porque es ciego ante la complejidad de los problemas y los embiste como un toro bravío. El gobierno del “cambio” no debería poner la marcha atrás en esta cuestión.

publicado en Confluencia Digital, 4/2/2018

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