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La fijación de un tipo de cambio competitivo también es política

Vicente Palermo

 

“Este Gobierno tiene que cambiar su modelo económico” – explicó Pablo Micheli, líder de la CTA autónoma durante la jornada del paro general, el martes 25 de septiembre pasado, “porque nosotros no vamos a cambiar nuestra decisión de estar en la calle y pelear todos los días hasta que este pueblo sea feliz”. Es muy fácil encontrar en todo el espectro político posturas tan sorprendentemente esquemáticas como ésta, que prometen todo –en este caso la felicidad del pueblo, a la usanza del peronismo clásico– por medio de nada.

Del otro lado de la mesa, no faltan quienes prometen que un modelo estabilizado sobre la base de un dólar “recontraalto” (expresión de otro gobierno peronista) y equilibrio fiscal y externo conducirán al crecimiento y la prosperidad general.

La política brilla así por su ausencia. Que ese dólar aniquile el salario antes de que los incentivos “correctamente” colocados alcancen a generar empleos para absorber siquiera una parte de quienes permanecen fuera del mercado de trabajo no es una preocupación.

El desenvolvimiento de un sector de trabajo formal de salarios comparativamente bajos, pero no miserables, tampoco. No hay motivos para asignarle, en la Argentina, viabilidad política y social a ese esquema de precios relativos. Sólo en el papel puede resultar convincente. Frente a él, quienes se dispongan a “pelear en la calle todos los días para que el pueblo sea feliz”, aunque no tengan la menor idea de cómo lograrlo, serán muy probablemente más eficaces.

Pero colocar correctamente los incentivos y sostenerlos es un problema para políticos, no solamente para economistas.

Personalmente, no tengo la menor duda de que un tipo de cambio competitivo es indispensable (aunque la competitividad económica es una cuestión sistémica que no depende de una sola variable) y conseguir que sea sostenible en el tiempo, e infundir confianza al respecto en los agentes económicos (entre quienes, por ejemplo, tienen que tomar una decisión de inversión enderezada a la exportación) es fundamental. Pero la fijación de lo que entendamos por cambio competitivo debe estar inspirada en la mesura política y social.

Si el cambio tiene oscilaciones pronunciadas – si pasa, por caso, de un atraso rechazado por los inversores a un nivel sumamente elevado rechazado por fuerzas sociales – es evidente que la confianza en una trayectoria sostenible no se logrará. Pasaremos del sartén del retraso cambiario a las brasas del cambio “recontraalto” cuya utopía política es, no la de un poder político democrático, sino la de una “democradura”.

La democracia, por el contrario, es tiempo. Sostener incentivos en el tiempo y lograr que se confíe en ellos requiere de una gestión política continua y eficaz. Y para que una opción de “tipo de cambio de equilibrio de mercado” sea sostenible, se requieren límites: límites a la reducción del salario, a la reducción del mercado interno, a la transferencia de rentas.

Si no hay capacidad para ponerlos, esa misma incapacidad se hará patente a la hora de convencer a los actores que deben respetar el nuevo conjunto de precios relativos. Cae de su peso, esto supone un tira y afloje muy delicado entre políticos y economistas en la propia gestión gubernamental.

No tiene por qué ser eternamente así, pero durante el tiempo en que se demore en formar un consenso esa tensión tendrá lugar. La dimensión complementaria también es política: la procura de un consenso más o menos implícito entre actores partidarios y liderazgos de sucesivos gobiernos y oposiciones.

Se trata de la difícil constitución de un paradigma de política que incorpore congruentemente equilibrio fiscal, baja inflación, cambio competitivo, una orientación mucho más inteligente de los recursos públicos, acuerdos de productividad, estímulos regionales a la creación de empleo privado, reconstrucción de la autoridad estatal y la conjugación de otras variables que, en conjunto, puedan conferirle a la Argentina aquello de lo que carece desde hace décadas –no un proyecto nacional, sino un conjunto de acuerdos de prosperidad capitalista e igualdad democrática.

La frase de Pablo Micheli me interroga: ¿cuándo se produjo el quiebre por el cual las condiciones sociales imposibilitaron que la política enderezara las cosas por un sendero viable de crecimiento?

Muchos tienen diversas fechas, pero para mí fue a lo largo de diez años, entre 1948 y 1958: abruptamente se pusieron de manifiesto los severos límites económicos de la política de los primeros años peronistas, pero luego los no menos severos límites políticos que las columnas sindicales y empresariales del régimen ponían a su rectificación (es emblemático al respecto el muy poco estudiado Congreso de la Productividad), y luego aconteció la catástrofe político social de la “Revolución Libertadora”, responsable directa de la generación de la más cerrada resistencia popular a cualquier propuesta de superación de la trampa económica y del callejón sin salida político.

Desde entonces, es cierto, destruimos también el Estado. No cabe ninguna duda de que para gobernar bien precisamos un Estado eficiente; el problema es que ese Estado eficiente no viene importado llave en mano, hay que construirlo, y para construirlo hará falta gobernar bien: eficaz y democráticamente.

publicado en Clarín, 1/10/2018

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