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La intervención como expresión de solidaridad internacional

Gabriel Salvia

Las posiciones del gobierno argentino frente a la situación de los derechos humanos en Cuba, Nicaragua y Venezuela desempolvaron la obsoleta política exterior de “no intervención en los asuntos internos de otros países”.

Obsoleta por dos motivos. El primero es porque no aplica para las democracias la neutralidad frente a las violaciones a los derechos humanos en los países no democráticos. Y el segundo es porque precisamente dicho principio es al que apelaron -y lo siguen haciendo- todas las dictaduras, entre ellas la argentina entre 1976-1983.

¿Pero qué significa intervenir en la situación interna de otros países? En la política exterior democrática en derechos humanos implica pronunciarse frente a las violaciones por parte de gobiernos que criminalizan el ejercicio de las libertades civiles y políticas.

Pero también se puede intervenir en casos excepcionales. Uno es a través de sanciones, como por ejemplo el amplio embargo económico, financiero, militar, cultural y deportivo que se aplicaba al régimen racista sudafricano, que el propio Mandela reconoció como fundamental para acabar con el oprobioso apartheid. Y otro, asociado al Derecho de Proteger (R2P), es la intervención mediante la vía armada en casos extremos como genocidio, crímenes de guerra, depuración étnica y crímenes de lesa humanidad.

La intervención de baja intensidad, que debe defenderse como política de Estado, más desde un país como la Argentina que recibió tanta solidaridad democrática internacional durante su última dictadura militar, es la de ser “la voz de los sin poder”.

Es que en los países gobernados por dictaduras, sus sociedades y en especial los actores democráticos, dependen del apoyo externo para denunciar, avergonzar y presionar a sus verdugos. ¿Acaso no fue así como se logró la famosa visita a la Argentina de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en septiembre de 1979?

Intervenir, entonces, es expresarse a través de las autoridades y representantes electos de un país democrático y, mediante su diplomacia, tanto en los organismos intergubernamentales como en las embajadas. Esto se hace mediante comunicados, declaraciones, en la votación de resoluciones y también en las observaciones y recomendaciones ante el examen periódico universal (EPU) en el Consejo de Derechos Humanos, al cual se someten todos los países que integran la ONU.

El EPU incluye un diálogo interactivo que reconoce y propicia la intervención de un país denunciando situaciones en el país examinado y recomendando mejoras en derechos humanos, aunque no sean vinculantes.

Ciertamente, un límite es la intervención limitada, es decir, condenar las violaciones a los derechos humanos en unos países y no hacerlo en otros, pues priman las alianzas geopolíticas y los intereses económicos, como con China, la mayor dictadura del mundo.

Sin embargo, cuando desde un país democrático se habla del “interés nacional”, no puede excluirse del mismo la defensa internacional de la dignidad humana, su carácter “universal”.

Esto implica adoptar el “principio de no indiferencia” en la política exterior, cuya formulación original se le puede atribuir al expresidente de los Estados Unidos Jimmy Carter, quien al inicio de su gobierno, en un discurso en la Universidad de Notre Dame, expresó: “Porque somos libres no podemos ser indiferentes con la suerte de la libertad en otros lugares del mundo”.

publicado en Clarín, 15/11/2021

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