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La mayoría de los argentinos no conoce la ley ni la respeta

Luis Alberto Romero

Hace poco vivimos un episodio trágico: la masiva reacción negativa ante el fallo de la Corte sobre un caso de “dos por uno”. En un país que dice querer recuperar su institucionalidad, una variada mayoría se expresó en contra de un fallo que destacados juristas, como Martín Farrell en estas páginas, consideraron impecable y aleccionador.

En la Justicia hay problemas más urgentes, como la lentitud de los jueces y su corrupción. Pero este caso va a lo hondo, pues revela que, aunque crea lo contrario, la mayoría de los argentinos no conoce la ley ni la respeta. Una encuesta sobre cultura institucional de 2014 muestra que una gran mayoría valora la Constitución y aspira a un cumplimiento más estricto de la ley. Pero una mayoría similar confiesa no haber leído nunca la Constitución y declara estar dispuesta, si cree tener razón, a no cumplir con la ley.

¿Por qué ocurre esto? ¿Desde cuándo? Descartemos las explicaciones simplistas. No se trata ni del “ser nacional”, ni del ADN, ni de los contrabandistas porteños del siglo XVII. Hay que partir de 1853 y el comienzo de la organización del Estado. Desde entonces la Argentina tuvo un sólido desarrollo institucional y judicial, de impronta liberal, y un Estado fuerte y decidido a hacer respetar la ley. Pero tempranamente, el mismo Estado fue propenso a conceder franquicias y prebendas sectoriales, que a menudo requerían una interpretación elástica de la ley. Desde mediados del siglo XX el Estado institucional se debilitó -los golpes militares fueron un factor importante- y aquella zona gris y elástica se expandió, hasta llegar a las formas de corrupción hoy conocidas.

Por otra parte la tradición liberal, no tan sólida como en el mundo anglosajón, fue desafiada por otra de signo nacionalista, católico y populista, por entonces en auge en el mundo. El “gobierno de la ley” se fue subordinando a la “voluntad del pueblo”, expresada directa e inorgánicamente. Usualmente -como lo explicó Gustave Le Bon a fines del siglo XIX- esta voluntad es voluble, emocional, intolerante y facciosa. Con su respaldo, los dirigentes populistas y los dictadores hicieron de la ley la variable de ajuste para manipular las instituciones: “Salvo la ley de la gravedad, todo se arregla”.

Con el gobierno de Raúl Alfonsín se inició una original conjunción de la democracia con los principios liberales y republicanos del gobierno de la ley y el Estado de Derecho. Pero fue un interludio, una tregua, y pronto volvimos a la antigua senda. De este breve ciclo quedó algo que todavía se mantiene como ideal de institucionalidad: los juicios a las juntas, de 1985, que conjugaron el fundamento ético con criterios jurídicos impecables.

Pero el problema de los militares represores quedó abierto y los criterios de 1985 se esfumaron ante la sucesión de medidas contradictorias, reveladoras de una querella no resuelta: la obediencia debida, la amnistía y finalmente la reapertura de los juicios en 2004. Por entonces, la “voz del pueblo” era expresada -según un amplio consenso- por las organizaciones de derechos humanos, que se inclinaron hacia la retaliación y la venganza, primero con los escraches y luego a través de los juicios. La jurisprudencia sobre delitos de lesa humanidad, independientemente de lo que dice su letra, robusteció la idea de que hay casos excepcionales, en los que la justicia debe ser maleable y debe acercarse al sentimiento o a la creencia de las mayorías. Por esta combinación de factores los juicios de lesa humanidad, que podrían haber vuelto a reunir la justicia con los principios, derivaron en la aplicación del célebre “al enemigo, ni justicia”.

El reciente fallo de la Corte del “dos por uno” constituyó una excepción en esta deriva y alentó la esperanza de retornar, en este campo, al Estado de Derecho. La ley, que fue derogada, compensaba el tiempo excesivo de una prisión preventiva modificando el cómputo de la pena. El “dos por uno” ha sido aplicado hasta en los casos más horrendos, pues el artículo 2 del Código Penal no prevé excepciones al principio de la ley penal más benigna. Tampoco las prevé el Estatuto de Roma, de la Corte Penal Internacional.

En cuanto a sus fundamentos, son un vademécum para el difícil camino de ingresar en el Estado de Derecho, que, como subrayó Farrell, implica costos, a veces duros. Uno de ellos es la renuncia a ejercer la venganza bárbara cuando se tiene el poder: no se combate la barbarie con otra barbarie. Sobre todo, el fallo recuerda que la tarea de los jueces no es interpretar los sentimientos de la sociedad -como parecen decir los dos jueces disidentes- ni mucho menos considerar las consecuencias y fallar según los sentimientos propios. Su misión es en el fondo simple: aplicar la misma ley para todos y fortalecer, contra viento y marea, los principios básicos del derecho, muy especialmente en lo que hace a las garantías personales. ¿Qué otra cosa fue la lucha por los derechos humanos?

No es sin embargo una actitud muy común en los jueces argentinos, quienes desde 2004 han sido propensos a extremar la doctrina de la excepcionalidad de los delitos de lesa humanidad y, consecuentemente, la posibilidad de relajar algunas de las garantías del debido proceso. En contra de esa corriente, se recuerda el notable fallo de Carmen Argibay en 2007, en el llamado “caso Mazzeo”.

Contra la opinión de la mayoría de la Corte, Argibay sostuvo que en estos juicios debía ser mantenida la clásica garantía de la “cosa juzgada”. El hecho de que uno de los beneficiarios, el general Riveros, fuera quien había ordenado su “detención-desaparición” en 1976 no pesó en la magistrada, quien se limitó a consignar: “Por mucho que me disgusten sus consecuencias…”.

Allí está el quid de la cuestión: el Estado de Derecho se basa en jueces que se atengan a la ley, independientemente de sus consecuencias. Vivir conforme a él tiene sus costos. La mayoría de los argentinos parece reacia a pagarlos. Esto no sólo les ocurre a quienes conocen poco de leyes. También a otros que, conociéndolas perfectamente, no se animan a ir en contra de la corriente, porque no tienen sus principios puestos donde corresponde. El saber no viene unido necesariamente con la entereza moral.

Aceptar el fallo de la Corte implicaba una renuncia tanto a valores elevados como a satisfacciones menos confesables. Ésta es una de las definiciones de la civilización: la renuncia a algo en pro de un bien superior. Aceptar la aplicación del “dos por uno” a un personaje particularmente deleznable habría sido una prueba de civilización cívica. Una prueba de estar realmente dispuesto a vivir según la ley y a pagar sus costos.

No fue así. Se trató de una oportunidad perdida. Pero no debemos resignarnos. Como decía Sarmiento, las contradicciones se vencen a fuerza de contradecirlas. Necesitamos que se oigan las voces de quienes se animen a pensar y hablar contra la corriente, como lo hicieron los tres jueces de la Corte. Es una pena no haber contado esta vez con el apoyo del magisterio presidencial. Se lo extraña a Raúl Alfonsín. Pero debemos seguir adelante.

publicado en La Nación, 8/6/2017

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