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La política económica debe ingresar en su segunda fase

Guillermo Rozenwurcel y Ramiro Albrieu

En su primer mes de gestión, el gobierno de Alberto Fernández adoptó un conjunto de medidas económicas en el contexto de lo que definió como » emergencia pública». En el área macroeconómica, la nueva administración se ha propuesto el ordenamiento de las cuentas públicas y el cuidado del frente externo como las prioridades iniciales de su política. El objetivo primordial: preparar el terreno para la negociación de la deuda pública, teniendo en cuenta -acertadamente- que la consolidación fiscal de los últimos años del gobierno de Mauricio Macri es insostenible. La favorable reacción de los mercados confirma que los acreedores externos escucharon el mensaje y lo aprobaron.

El Gobierno pretende que el ordenamiento no se haga a costa de los sectores más postergados. Por ello, las medidas de ingresos y gastos previstos por la ley serían neutras en relación con el resultado fiscal. En este sentido, cabe destacar que el Gobierno otorgó una justificable prioridad a la política social: creación de la tarjeta Alimentar, un aumento de la AUH y la mejora de las jubilaciones más bajas. Por otro lado, en la dirección de los ahorros fiscales, el Gobierno recurrió a una medida de alto voltaje económico y político, al barrer de un plumazo la fórmula de ajuste de los haberes jubilatorios, concentrando en el Ejecutivo y durante 180 días la definición del horizonte futuro.

Por el lado de los ingresos, el rango de medidas e instrumentos inicialmente puestos en juego -las retenciones, el impuesto a la compra de divisas para turismo y atesoramiento, la modificación del impuesto a las ganancias y bienes personales- debe ser analizado en el presente contexto. Desde una óptica micro, es difícil defender las medidas. Pero las consecuencias de las ineficiencias micro pueden considerarse efectos de segundo orden frente a una cuestión macro mucho más apremiante: el riesgo de default. Evitarlo sin agravar la situación de los sectores sociales más afectados por la crisis parece ser el objetivo central de la emergencia pública.

Es evidente, no obstante, que a pesar de estar bien encaminadas, este conjunto de medidas no constituyen una política de estabilización integral y sostenible. Al «parar la pelota», desacelerarán la inflación, estimularán el consumo reactivando modestamente la actividad y detendrán la sangría externa evitando el descalabro económico a corto plazo, pero dejarán fuentes de turbulencias que deberán atenderse rápidamente si miramos un poco más allá del primer semestre, cuando la pelota vuelva a rodar.

Un programa de estabilización integral y sostenible requiere un conjunto de políticas articuladas y consistentes en materia fiscal, monetaria y de ingresos que aún no están ni siquiera esbozadas. Menos aún se ha comenzado a delinear una estrategia de desarrollo de mediano y largo plazo. Es por esta razón que la política económica del gobierno debe iniciar cuanto antes una segunda fase. En esta segunda fase debería jugar un rol esencial el Consejo Económico y Social: allí tendrían que lograrse los acuerdos básicos para crear un esquema macroeconómico sostenible.

¿Qué debería contener ese esquema? En materia fiscal, la aprobación de un proyecto plurianual de presupuesto orientado a alcanzar al final del gobierno un superávit primario consistente con los compromisos acordados en la renegociación de la deuda, basado en proyecciones macro realistas de actividad, inflación, tipo de cambio y tarifas. Junto con ello, una nueva ley de responsabilidad fiscal para la Nación y las provincias (en este caso, a cambio de financiamiento) para asegurar una consolidación fiscal permanente, así como un cronograma para el aumento gradual de las tarifas de los servicios públicos.

En materia de precios y salarios, negociaciones salariales basadas en la inflación futura, sobre la base de proyecciones macro acordadas en el presupuesto y susceptibles de ajustes en caso de desvíos.

En tercer lugar, una estrategia creíble en materia monetaria/cambiaria, en particular un régimen de crawling peg (tipo de cambio ajustable en pequeños intervalos) no preanunciado para mantener competitivo el tipo de cambio.

Finalmente, profundizar el desarrollo progresivo de un mercado de títulos públicos en pesos para financiar al tesoro en el mercado abierto que, aunque incipientemente, ya ha comenzado.

El objetivo: que al final del gobierno la inflación sea de un dígito; los precios relativos estén alineados: los balances fiscal y externo, consolidados, y, aunque modestamente, el producto, creciendo. No se trata de una tarea sencilla. Es por eso que el pacto social se vuelve fundamental. Sencillamente porque los obstáculos a enfrentar son tan complejos que una política de estabilización integral y sostenible no será viable sin un acuerdo amplio con la oposición política y los principales actores económicos y sociales.

El futuro de la gestión de este gobierno probablemente se juegue en su voluntad y capacidad para pasar de la emergencia inicial por la que hasta ahora transitó sin apoyos externos a una segunda fase en la que logre el acompañamiento necesario para que la emergencia deje lugar a una política de estabilización que involucre a las esferas fiscal, cambiaria, monetaria, crediticia y de ingresos. El acuerdo social detrás de esta política, a su vez, podría servir de base para encarar los cambios estructurales necesarios para crecer sostenidamente. Sin un amplio acuerdo semejante, nada de esto será posible y el esfuerzo inicial, positivo, terminará siendo en vano.

publicado en La Nación, 28/1/2020

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