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Las advertencias de Baglini

Fabio J. Quetglas

Durante 1986, la Camara de Diputados debatió la estrategia argentina en materia de deuda externa. En aquella oportunidad le correspondió defender la posición oficial al diputado Raúl Baglini (UCR/Mendoza), y en esa circunstancia expresó una sencilla pero descriptiva formula, que se popularizaría como “teorema de Baglini”.

Baglini estableció una relación entre la responsabilidad de las propuestas y la cercanía al ejercicio del poder.

Quedaba expuesto que ciertos planteos desproporcionados, o directamente inaplicables, pueden explicarse en que quienes los formulan no se perciben a sí mismos como futuros gestores públicos que deberán lidiar con dichos asuntos, o renuncian de antemano a toda coherencia.

Del mismo modo, ya desde entonces, los oficialismos aparecen cargando en soledad con el peso de la responsabilidad, lo que por cierto los empuja a construir un discurso de “única salida”.

Debilidad de nuestra democracia

Este rasgo del sistema político nacional, en general aceptado, y que no hace señalamientos sobre una u otra fuerza política, sino sobre el lugar que ocupa en relación al poder público, es una debilidad de la democracia argentina, con consecuencias negativas. La irresponsabilidad (transitoria) de las fuerzas de oposición condiciona los acuerdos políticos, pero además los planteos carentes de viabilidad técnica, social o política son el fundamento de frustraciones futuras.

Baglini con sentido crítico y visionario a la vez, de manera temprana y elocuente dio en el clavo. Usamos una y otra vez su argumentación, tal vez sin valorar la profundidad del aporte que significa dicha observación.

Ya se trate de la deuda, ya se trate de las tarifas de servicios públicos; siempre hay alternativas para perfeccionar o rectificar políticas.

Una larga agenda de correcciones

En el caso de las tarifas de servicios públicos, la agenda de temas que se pueden proponer es larguísima. Solo para ejemplificar: se puede discutir los impactos territoriales del modelo tarifario, la forma de estímulo a consumos más responsables, la transparencia en la facturación, el modo de protección de los ciudadanos en condición más vulnerable, cómo se construye un sendero de ingresos que garantice las inversiones para una calidad de servicio razonable, con qué criterios se amplía la cobertura a los hoy no alcanzados, cómo se incorporan tecnologías más sostenibles, qué tecnologías nos dan mayor independencia futura, cual es la carga tributaria que deberían tener los servicios públicos, si los mismos deben ser provistos o no directamente por el Estado, cuáles pueden desmonopolizarse, e incluso qué porcentaje de los servicios públicos deben ser subsidiados y en qué circunstancias, etc.

Toda esa agenda (y más) queda suspendida si el único planteo a formular es “no al aumento de tarifas”. Se trata de una irresponsabilidad en un país que llegó a afectar anualmente hasta 5 puntos de su PBI en subsidios a los servicios públicos, con un diseño deficiente, carentes de transparencia y con resultados pobres en materia de calidad y sostenibilidad.

Un shock negativo en servicios públicos tiene un impacto catastrófico en toda la economía. Lo padecemos en la mala logística de movilidad que condiciona el desarrollo de amplias zonas geográficas.

Los servicios públicos, su definición, alcance y calidad, constituyen una red de soporte material de nuestra vida social y por tanto son un elemento esencial en términos de integración y calidad de vida. Argentina no puede permitirse un tratamiento banal.

Necesitamos superar las limitaciones que identificó Baglini. Nos empobrece a todos carecer de propuestas alternativas viables y esperar que por magia cuando cambia un gobierno cambien las condiciones para el tratamiento de los temas públicos.

La base de un nuevo modelo político, necesariamente, pasa por ofrecer alternativas basadas en datos ciertos y hacerse cargo de las consecuencias de las propuestas que se formulan.

La irresponsabilidad puede dar frutos de corto plazo, pero el sistema político argentino es demasiado débil para seguir jugando al oportunismo.

Los costos de la irresponsabilidad son elevados. Por ejemplo: hasta hace muy poco dependíamos innecesariamente de importaciones energéticas y éramos el único país de la región que no impulsaba las energías renovables. Tampoco puede soslayarse que hoy los costos de una transición imprescindible, que estimula la producción y posibilita el sostenimiento adecuado de los servicios, son altos.

Un mensaje de previsibilidad

Si los actores nos enfocamos en el problema y no en denunciar al otro, quizás podemos conseguir enviar un mensaje de previsibilidad al tejido económico y social con consecuencias inequívocamente positivas, y facilitar la gestión de cambios que debemos definir con una perspectiva mayor que el rating minuto a minuto.

Necesitamos salir de este juego de roles que más temprano que tarde lo único que genera es desilusión democrática y erosión institucional.

Todos los temas que nos preocupan, desde la presión fiscal hasta la extensión de las ayudas sociales, desde la calidad educativa hasta el financiamiento de las infraestructuras, requieren previamente un tratamiento político más responsable y transparente.

Oposición irresponsable y oficialismo blindado son un juego de suma cero, que no podrá sacarnos de nuestra larga decadencia.

publicado en La Capital, 5/1/2019

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