Contribuciones de los socios

Las condiciones para un acuerdo económico-social que sea viable

Guillermo Rozenwurcel

El nuevo gobierno tendrá por delante un desafío descomunal. No podrá hacerle frente sin un amplísimo pacto social. Así lo reconoció el mismo Alberto Fernández. Sin embargo, hasta ahora no está nada claro cómo se alcanzará ese objetivo ni cuál será su contenido.

Para construir ese pacto será preciso aprender de las experiencias previas, que las hay en abundancia, y tener en claro las circunstancias concretas que enfrentamos. Para eso es necesario responder los siguientes tres interrogantes: 1) ¿es posible? y, en caso de que la respuesta sea afirmativa, 2) ¿para qué? y 3) ¿con quién?

Sólo si se responde afirmativamente al primero tiene sentido plantearse los siguientes. La experiencia histórica, en el país y el resto del mundo sugiere que los acuerdos, sean políticos o económico-sociales, son muy difíciles pero no imposibles. Pueden identificarse muchas experiencias fracasadas pero otras tantas más o menos exitosas.

Baste mencionar tres casos exitosos en el plano internacional: el Acuerdo de Saltsjöbaden firmado en 1938 en Suecia, aún vigente, el Prices and Incomes Accord suscripto en 1983 en Australia, que rigió hasta 1990, y el Gran Acuerdo Nacional israelí de 1985, que también estuvo en vigor durante varios años. Pero también hay buenos ejemplos en nuestro país, entre ellos el Plan de Estabilización de 1952 y el Plan Económico de Krieger Vasena de 1967 (éste, claro, en un contexto autoritario). Ambos tuvieron éxito inicialmente, aunque por factores asociados a nuestra crónica inestabilidad socio-política no perduraron.

Más allá de sus claras diferencias, lo que tienen en común estas experiencias es que en todas hubo un diálogo fructífero entre actores con intereses contrapuestos, se identificaron objetivos comunes y se acordaron políticas consistentes. En suma, los acuerdos son posibles. Pero para que sus resultados sean los esperados y se sostengan en el tiempo es crucial entender el contexto en que se proponen, incluida la cultura política predominante, y basar los compromisos en objetivos realistas.

El segundo interrogante es el “para qué”. Y la respuesta es que depende de las circunstancias. En ocasiones el componente central es el político, como en los Pactos de la Moncloa, cuyo propósito central fue asegurar la transición democrática española, aunque también tuvo un rol crucial en contener la inflación, que en esos momentos estaba en alza y ya era superior al 26% anual.

En nuestro caso la democracia no está en cuestión. Por lo tanto, un eventual acuerdo debería concentrarse en la severa crisis económico-social en curso. A corto plazo lo crucial es contener la inflación y estabilizar la macroeconomía. Está claro que para lograrlo es fundamental contar con un plan de estabilización integral y consistente: sus componentes fiscal y monetario son incuestionablemente centrales.

Pero en el contexto de nuestros desequilibrios esto no basta. Es imperioso lograr un Acuerdo de Estabilización con la oposición política y los actores económicos y sociales relevantes que permita implementar ese plan.

La aprobación del presupuesto y sus premisas macroeconómicas con el apoyo de la oposición en el Congreso debe ser un elemento central del acuerdo. El segundo es una política de ingresos acordada entre quienes fijan precios y negocian salarios, empresarios y sindicatos pero también el Estado, que decide sobre dos precios claves: tarifas y tipo de cambio. La desactivación paulatina de la indexación a la inflación pasada, tanto de precios y salarios como del gasto público, debe dar lugar a reglas de ajuste basadas en la inflación futura esperada.

Para viabilizar el acuerdo el gobierno debe ofrecer proyecciones creíbles y comprometerse a revisarlas en caso de desvíos. No se trata ni de provocar un shock ni de establecer un congelamiento de precios sine die, sino de proponer un sendero de desaceleración gradual, basado en un esquema de política fiscal, monetaria y de ingresos consistente y creíble, que combine reglas con flexibilidad para acomodar precios relativos cuando haga falta, y en especial para evitar el atraso cambiario.

Adicionalmente, el acuerdo tiene que contemplar un piso mínimo de ingresos para quienes no están incluidos en las negociaciones paritarias.

Si el acuerdo de estabilización funciona, el dispositivo puede extenderse a la búsqueda de consensos sobre una estrategia de crecimiento y desarrollo sostenible, que contemple las reformas en la estructura productiva, la inserción internacional y las instituciones económicas (laborales, financieras, previsionales y fiscales entre otras), que condicionan el desarrollo a largo plazo.

El tercer interrogante, por último, se refiere al “con quién”. Sin entrar en demasiados detalles cabe señalar tres cosas: 1) que el formato de participación debe tener una “geometría flexible”; 2) que el Ejecutivo, los empresarios y los sindicatos son los actores centrales en la negociaciones de precios y salarios, pero que en materia fiscal, de políticas sociales y de reformas estructurales también deben estar incluidos los partidos políticos con representación parlamentaria y las organizaciones sociales y de la sociedad civil; 3) que las negociaciones requieren asesoramiento “experto” autónomo de los actores involucrados. Un organismo que puede brindar ese tipo de asesoramiento es la recientemente creada Oficina de Presupuesto del Congreso; otros dos cuya creación merece considerarse son un Consejo de Asesores Económicos al estilo del que funciona en los Estados Unidos y un Consejo de Asesores en Políticas Sociales para la problemática laboral, previsional y social.

Parece evidente que la gravedad de la crisis económica hace imprescindible que el nuevo gobierno pacte con la oposición política y los actores económicos y sociales más relevantes. La proximidad del abismo es un incentivo poderoso para intentarlo. Tener en claro para qué y con quién es crucial para que los acuerdos alcanzados tengan alguna utilidad. En el mejor de los casos, salir del laberinto en que estamos será muy difícil. Pero sin un pacto social será directamente imposible.

publicado en Clarín, 31/10/2019

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