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Los cuadernos de las coimas y las elecciones

María Eugenia Estenssoro

El 8 de enero se cumplió un año desde que el exremisero y policía Jorge Bacigalupo le entregó a Diego Cabot los cuadernos de su amigo Oscar Centeno. Un día histórico que puede cambiar nuestra cultura nacional de corrupción, encubrimiento e impunidad. Siempre y cuando la investigación judicial de los cuadernos no se detenga y llegue a juicio con celeridad.

Terminé 2018 leyendo el libro de Cabot. Un electrizante testimonio en primera persona que expresa el coraje y la conciencia cívica de tres hombres valientes: el periodista de LA NACION, Bacigalupo y el fiscal Carlos Stornelli.

«Al principio va a haber gente que te va a felicitar, que te va a palmear la espalda. Pero tenés que tener claro una cosa: en seis meses estás solo, se fueron todos y quedamos pocos. En un tiempo, cuando todo empiece a temblar, te van a acompañar pocos». Esa fue la advertencia que le hizo el fiscal a Cabot al comenzar. Estoy segura de que ese momento ya llegó.

En un país atravesado por pactos mafiosos de todo tipo (entre militares y terroristas; entre políticos, empresarios, sindicalistas, jueces y periodistas), la investigación llevada adelante por el periodista, el fiscal y el juez federal Claudio Bonadio permitió, por primera vez, romper el pacto de silencio que desde hace décadas liga a funcionarios y empresarios en una trama de corrupción que ha sumido a la Argentina en una gravísima decadencia social, económica y moral. Me pregunto si la investigación judicial podrá continuar si hay un cambio de gobierno después de octubre.

¿Por qué? Porque es la primera vez que el Poder Ejecutivo no condiciona a la Justicia, ni siquiera cuando familiares del presidente de la Nación están procesados. Gracias a la ley del arrepentido sancionada en 2016, que el kirchnerismo y la izquierda no votaron, se quebró la omertá. Gracias a esa ley, numerosos exfuncionarios y empresarios confesaron. Sus declaraciones desnudaron la escandalosa maquinaria de sobornos y recaudación ilegal montada por Néstor y Cristina Kirchner, regenteada por Julio De Vido y Roberto Baratta, que hizo millonarios a muchos de los 42 políticos y empresarios procesados.

¿La prensa y la Justicia podrán investigar libremente si en las elecciones de octubre gana el peronismo, en cualquiera de sus dos versiones, la kirchnerista o la autoproclamada racional? Si analizamos los antecedentes del peronismo en los últimos 35 años de democracia veremos que su tendencia ha sido más bien a encubrir que a investigar.

Hoy el justicialismo se jacta de ser un paladín de los derechos humanos, pero lo cierto es que en 1983 avaló la autoamnistía de los militares, se opuso a la creación de la Conadep y no apoyó el histórico juicio a las juntas promovido por el presidente Alfonsín. En los años 90 continuó con su tendencia al ocultamiento: permitió que el presidente Menem negociara el vergonzoso indulto a Videla, Massera y los comandantes a cambio de la libertad de Firmenich y Galimberti. En casos gravísimos como el atentado a la AMIA, la voladura de Río Tercero, el contrabando de armas a Ecuador y, más recientemente, la tragedia de Once y el asesinato del fiscal Nisman, ni los gobiernos de Menem, Duhalde o los Kirchner (cada uno en su momento), ni sus bloques legislativos (casi los mismos), demostraron vocación por llegar a la verdad. Más bien contribuyeron a dilatar, difamar o a embarrar la cancha.

Mirando hacia adelante, es preocupante que el líder del peronismo más «razonable», Miguel Pichetto, sea el responsable de convertir al Senado en una guarida para expresidentes procesados y/o condenados por corrupción. Según el hombre fuerte de la Cámara alta, un legislador no debe ser desaforado aunque esté condenado por delitos graves en primera y segunda instancia, a menos que la Corte Suprema ratifique la sentencia. Como sabemos, eso podría demorar unos 20 años o más. Por eso Menem -condenado en dos instancias por el contrabando de armas a Ecuador y Croacia, que derivó en la siniestra voladura de la fábrica militar de Río Tercero para ocultar el crimen con un saldo de 7 muertos y 300 heridos- vio cómodamente prescribir la causa desde su plácida banca de senador.

Por su parte, la ahora senadora Cristina Kirchner puede planear estratégicamente su futura candidatura a presidenta también desde la Cámara alta. Aunque este año fuese juzgada y condenada por el juez federal Claudio Bonadio por liderar una asociación ilícita para saquear al Estado, hasta que la Corte Suprema no ratifique esa sentencia tampoco iría presa. Según la «racional» teoría Pichetto, que la mayoría del peronismo apoya, gozaría de inmunidad parlamentaria. Y si tuviera la fortuna de ser reelecta y asumir la presidencia de la Nación en diciembre, ya anunció y lo acaba de ratificar su espada judicial, Diana Conti, que reformará la Constitución para que los jueces estén sujetos (aún más) al poder del pueblo, es decir, a ella. En ese caso gozaría de impunidad eterna. Como confesó con descaro a este diario el mafioso Alfredo Yabrán, protegido por Menem y políticos de distintos partidos, el mayor atributo del poder en nuestro país es la impunidad. Esperemos que esta vez no volvamos atrás.

publicado en La Nación, 26/01/2019

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