Lecturas sugeridas

Los justificadores del tirano

Nicolás José Isola

SAN PABLO. Venezuela ha sido durante años un espejo en donde académicos e intelectuales argentinos se han mirado.

La revolución bolivariana era vista como una gesta popular más arriesgada que los procesos políticos de Argentina o Brasil. Además, se atrevía a decirle las cosas en la cara a los Estados Unidos, algo que modulaba muy bien con las fibras de una porción de los cientistas sociales argentinos.

No obstante, en la actualidad, la situación de Venezuela excede en mucho la intromisión estadounidense, cuyos obvios intereses geopolíticos quedan fuera de toda discusión y merecen ser denunciados.

Infelizmente, en Venezuela, el caos interno lleva demasiado tiempo y las explicaciones meramente externalistas, que derivan todo de una alteridad que hace daño desde afuera, impiden ayudar a entender acabadamente lo que sucede.

En efecto, hoy muchos académicos argentinos reconocen el deterioro social y económico que se ha producido y la urgencia de que Venezuela resuelva democráticamente sus graves problemas internos. Sin embargo, hay quienes con piruetas descomunales elaboran tibias afirmaciones, edulcorando el daño que el régimen ha generado.

Pocos días atrás, José Natanson, periodista y politólogo, que fue consultor del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y hoy es director de la edición Cono Sur de Le Monde Diplomatique, expresó en una columna: «Volvamos a la pregunta del comienzo. Venezuela no es una dictadura en sentido estricto. No es un régimen estalinista ni un sistema de partido único: no hay violaciones masivas a los derechos humanos (aunque sí focalizadas y una política de ‘zona liberada’ para el accionar de los grupos paraestatales en los barrios). La libertad de expresión persistente, aunque limitada sobre todo en los medios digitales, a los que no llega el brazo del gobierno. Maduro no es un autócrata y la sociedad puede expresarse electoralmente, con los problemas que señalamos».

Son complicadas algunas de estas afirmaciones porque hay material de sobra para contradecirlas.

Pocos días después de la elección de 2013, se refirió a empleados estatales y beneficiarios de planes sociales que no votaron por él y los amenazó diciendo: «900.000 compatriotas, ya los tenemos con cédula de identidad y todo».

Poco tiempo después, hubo una purga de empleados estatales y beneficiarios de planes sociales. El panóptico está para algo: el que las hace las paga.

Otro ejemplo de avatares electorales, la empresa Smartmatic, creada en el año 2000 con fondos del chavismo y encargada de la votación electrónica de la Asamblea Constituyente del 30 de junio de 2017, denunció, después del sufragio, una manipulación del dato de participación y señaló que no podía garantizar la veracidad de los resultados, dado que «la diferencia entre la cantidad anunciada y la que arroja el sistema es de al menos un millón de electores». Un numerito.

Inflaron la cifra de votantes, para legitimar la Asamblea Nacional Constituyente y simular apoyo popular. Un dato más que muestra la complejidad de la operatoria. Ese día no se usó la tinta azul, con base de nitrato de plata, con la que se le mancha el dedo a los votantes con el fin de evitar la doble votación. Dado el altísimo nivel de abstención de la población, que ya preveía el fraude, el oficialismo no quería que se notara que casi nadie tenía el dedo pintado o que alguien que apareciera como que había votado exhibiera su dedo limpio. Minucias.

¿No importa, acaso, que un presidente viole el secreto del voto y persiga ciudadanos o que la empresa encargada denuncie que los resultados son espurios? No, a pesar de eso, es posible afirmar que en Venezuela «la sociedad puede expresarse electoralmente». Notable.

En cuanto a la libertad de expresión, no importa que en diciembre, luego de 75 años ininterrumpidos, el diario El Nacional haya dejado de imprimirse. Hasta hoy, a través de una corporación, el oficialismo controla las bovinas de papel que se importan y se entregan a los periódicos. Con ello asfixia a los medios independientes.

Un poco más. Inés González Árraga, doctora en Química por la Universidad de Akron (Ohio), fue detenida en octubre de 2014 por el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN) y estuvo presa durante más de un año, parte del tiempo incomunicada y sin acceso a la luz solar, por tuitear contra el oficialismo. Solo un tumor parauterino consiguió darle el beneficio de la prisión domiciliaria. Tiempo más tarde, logró irse a España.

Muchos otros tuiteros fueron detenidos en estos años. Sería bueno preguntarles qué opinan de la libertad de expresión en tiempos chavistas.

El filósofo José Pablo Feinmann escribió este fin de semana en Página12: «Decir hoy, en esta coyuntura dramática, que Maduro tortura -como tantos dicen- es favorecer al ilegal Guaidó. Si hay que decirlo, se dirá. Pero en medio del orden constitucional, del diálogo, de la paz».

Adorable la filosofía de la sospecha del «como tantos dicen», entreguionado. Sería fabuloso saber el día y la hora adecuados para denunciar las torturas. Tal vez, lo mejor sea hacerlo cuando todo el mundo está mirando a ese país, como lo hacían con tino las Abuelas de Plaza de Mayo.

Se nos pide que nos solidaricemos y encubramos por un rato al torturador. Ya mañana, cuando el tirano se sostenga firme en el poder, llegado el caso, «si hay que decirlo, se dirá», pero cuando haya paz.

Paz, lo que se dice paz, hace mucho que no hay en Venezuela. Salvo que se considere al sometimiento como un sinónimo. Sería un uso muy subjetivo del lenguaje.

Difícil tener paz social cuando la mortalidad infantil ha crecido 40 % en los últimos ocho años. O cuando un jubilado cobra 1800 bolívares soberanos y con ellos puede comprar solamente tres kilos de pollo. O cuando un profesor universitario gana solo diez dólares.

Posiblemente, quien más a fondo ha ido con todo esto haya sido Atilio Borón, doctor en Ciencia Política por Harvard, asesor de Chávez y condecorado por Maduro como Premio Libertador al Pensamiento Crítico (2013).

En mayo de 2017, consideraba que el chavismo debía «aplastar la contrarrevolución y restaurar la normalidad de la vida social». Aplastar. Toda una elección dentro de la inmensa paleta de verbos.

Pocos días atrás, en un video subido en sus redes sociales, Borón expresa que los Estados Unidos «están dispuestos a hacer cualquier cosa: van a matar, van a hacer sabotajes, van a hacer invasiones, van a hacer provocaciones de todo tipo. Tenemos que estar alertas y si esto llegara a ocurrir, espero yo que el patriotismo de las Fuerzas Armadas Bolivarianas y del pueblo chavista le de una lección contundente, terminante, como Estados Unidos recibió en Vietnam y como recibió también en Playa Girón cuando hicieron esta aventura militar en contra de la Revolución Cubana».

No hay eufemismos: en caso de ser necesario, se llama al pueblo chavista a tomar las armas. La comparación con Vietnam, mejor dejarla de lado, da escalofríos.

Borón graba ese video desde Argentina, donde sabe que hay decenas de miles de venezolanos que huyeron del espanto.

Estas afirmaciones no se dan aisladas. Diversos cientistas sociales e investigadores certifican en las redes que en Venezuela hay una democracia.

Probablemente, se trate de una necesidad de legitimar a este tipo de socialismo. Una capa del campo intelectual es reticente a la autocrítica sobre el accionar de los políticos a los cuales apoya, así como a basar sus argumentaciones en evidencias empíricas. En efecto, usualmente, los defensores del chavismo no usan datos ni estadísticas, quizás porque los saben no del todo efectivos para sus narrativas ideológicas polarizantes.

No se puede ser ingenuo. Los defensores intelectuales del chavismo ayudaron a sostener discursivamente su legitimidad.

La pregunta es ¿por qué hay tantos hombres del campo de las ideas, que son grandes conocedores de las dinámicas sociales, pensando así?

¿Por qué no dejar sus computadoras y dialogar con esos jóvenes venezolanos que abandonaron a sus padres y abuelos allá sin tener noción de cuándo podrán volver a verlos?

¿Por qué no conversar con ingenieros civiles que atienden kioscos por las noches, con economistas que trabajan de manicuras, con geólogas especializadas en petróleo que venden pastas caseras? Todos casos reales. Estaban tejiendo sus vidas y les cortaron la trama.

Sobran evidencias para ver el horror: niveles de migración absurdos con deserción de la clase media, detención injustificada y arbitraria de opositores, expropiaciones a rolete, grupos paramilitares que aprietan y asesinan, represión estatal a cielo abierto y en la oscuridad, negación oficial frente a la crisis humanitaria, rechazo a la ayuda internacional con la población muriendo como rehén, aumento de la desnutrición en la primera infancia y pérdida de peso en la población.

Podríamos seguir con otras cuestiones, como que María Gabriela Chávez, hija de Hugo, es una de las personas más ricas de Venezuela (el padre fue un militar exitoso, se ve). O como la existencia de conexiones entre el oficialismo y el narcotráfico: los sobrinos de la mujer de Maduro fueron condenados a dieciocho años de prisión en Estados Unidos. Venezuela tiene excesos por dónde se la mire.

¿Qué más se precisa? Nada. O todo. Quizá lo que se precisa es la voluntad y la curiosidad de salir a la calle, de preguntar y animarse a escuchar, de tener el coraje de ver el infierno en los rostros de tantos venezolanos y venezolanas que andan deambulando por Buenos Aires, trabajando por dos mangos, con sus proyectos de vida profesional totalmente destruidos.

Desde las ciencias sociales, sería bueno un poco de empatía con los oprimidos. Cualquiera lo sabe, cuando se ama la vida, uno huye del miedo, se escapa del peligro. Por eso está tan cerca Venezuela, por eso se ha acercado tanto, como pidiendo abrigo.

publicado en La Nación, 30/01/2019

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