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Los piqueteros que votan a Alberto ofrecen tregua, pero quieren su apoyo contra intendentes del PJ

Oscar Muiño

En las asambleas de las barriadas del sur y el oeste del conurbano, las voces eran múltiples. No todos estaban de acuerdo en apoyar al Frente de Todos. Hubo quejas, críticas y protestas de quienes se oponían a encuadrar a los movimientos sociales bajo ese paraguas electoral. Los argumentos iban desde la deseable prescindencia en los comicios, hasta la crítica al kirchnerismo e incluso al justicialismo. Algunos recordaban la áspera puja entre los piqueteros y las intendencias peronistas durante los años K.

Al final, ganaron los acuerdistas. La mayoría de las organizaciones decidió apoyar la fórmula Fernández-Fernández. El derrumbe de los indicadores económicos iniciado en abril de 2018 fue devastando a los sectores más vulnerables y la crítica al macrismo se tornó abrumadora. No sólo las organizaciones de tinte peronista, también varias fuerzas de izquierda. De hecho, “los cayetanos” –así bautizados por su buena relación con el papa Francisco– incluyen desde peronistas hasta socialcristianos y maoístas.

Si la situación social es tan grave, ¿por qué no ha habido más movilizaciones ni propuestas más duras? Desde principios de año, los referentes en las barriadas humildes de los conurbanos vienen repitiendo: “aguanten, aguanten muchachos que esto ya se termina”.

Luego de las PASO, las organizaciones están convencidas de que el próximo presidente será Alberto Fernández. Daniel Arroyo es, parece, el interlocutor en jefe del albertismo. El pedido es claro: busca una tregua de seis meses. El mismo reclamo hecho a empresarios y sindicalistas. Al parecer, el acuerdo está sellado. Aunque todo habrá de depender, por cierto, del mejoramiento de las condiciones de supervivencia de los sectores más postergados.

Fuera del pacto quedan los piqueteros alejados de peronismo –el Polo Obrero y organizaciones menores– que intentarán agrandar su influencia en la medida que el futuro oficialismo fracase. Hace un mes, estos grupos tuvieron que levantar un acampe. En los primeros meses de la futura gestión habrá, seguramente, discusiones fuertes. Ojalá que sin violencia.

Pero la tregua tiene precio. Los líderes piqueteros reclamarán el control de los planes sociales que –durante la etapa 2003-2015– fueron manejados, en su mayor parte, por los municipios.

Los intendentes están preocupados. Su votación no los mostró por encima de las boletas presidencial y de gobernador. Incluso para figuras asentadas como Martín Insaurralde (Lomas de Zamora), Mariano Cascallares (Almirante Brown) o Fernando Gray, presidente del PJ bonaerense además de intendente de Esteban Echeverría. Menos votos propios equivalen a menos peso en las decisiones presupuestarias.

El conflicto del verano, seguramente, será entre piqueteros albertistas y opositores, pero también habrá de alumbrar la puja entre los movimientos sociales y las intendencias por el manejo –y control– de los planes financiados por la nación.

La ministra que bajó del cielo

La cuestión piquetera también explotó dentro de Juntos por el Cambio. La ministra de Desarrollo Social no termina de entender. Pasó de triunfadora a fracasada, sin escalas. Tras la victoria electoral de 2017, Carolina Stanley era ovacionada. A tal punto, que se la pensó como candidata a vicepresidenta o incluso a gobernadora de Buenos Aires para el caso que Vidal integrara la fórmula presidencial.

Elogiada y ensalzada durante largos tres años y medio por su capacidad para mantener bajo el perfil del conflicto con los movimientos sociales, se ha convertido en una de las señaladas como causantes de la catástrofe electoral. En realidad, un chivo expiatorio señalado, sobre todo, por Miguel Angel Pichetto. La acusa de financiar al enemigo.

Lo cierto es que los movimientos sociales pactaron mucho pero jamás se imaginaron macristas. Un juego de intereses. El Gobierno quería evitar la presión de los desheredados y los líderes piqueteros aumentar su esfera de influencia con el engrosamiento de los subsidios a las barriadas en las que actúan. La paz social no iba a ser nunca adhesión. El Gobierno compró tranquilidad a cambio de plata.

Los análisis sobre los movimientos sociales oscilan entre el desprecio y la admiración. Devaluados por el clasismo de quienes se consideran superiores o ensalzados por el pobrismo de los que imaginan en las clases subalternas todas las virtudes. Acaso haya que verlos, sin anteojeras, como un actor social y político que llegó para quedarse, como dramático símbolo de la incapacidad de la sociedad para revertir la desocupación estructural –y por tanto, la pobreza– en la golpeada Argentina del Siglo XXI.

publicado en El Economista, 16/10/2019

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