Una vez más Aníbal Fernández se ha valido de una posición pública decisiva – nada menos que la de ministro de Seguridad de la Nación – para desplegar un comportamiento claramente amenazante.
La suya es una actitud que choca de frente, en el espíritu y en los hechos, con el Estado de Derecho que los funcionarios tanto o más que los ciudadanos, tienen obligación de respetar. En lugar de cumplir con las funciones que transitoriamente desempeña, el ministro las destruye, generando inseguridad en el destinatario directo de sus intimidaciones y en cualquier otro ciudadano. A todo esto, desde la totalidad del oficialismo nos llega el ruido estridente del silencio total.
El CPA repudia este acto que mancilla instituciones y ciudadanos, y comparte la alarma de Nik y la preocupación de todos.
COMISIÓN DIRECTIVA
12-10-2021
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