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Tomas de tierras con inequívoco olor electoralista

Jorge Ossona

Las tomas de tierras son un fenómeno a escala planetaria. Su radicalidad y extensión, en cambio, responden a causas específicas de cada país, entre las que sobresalen la capacidad estatal de mediación social y el respeto por la ley. Cuando la inmigración masiva llegó durante las dos últimas décadas del siglo XIX, la urbanización se transformó un gran negocio inmobiliario para los propietarios rurales próximos a la indetenible expansión de la mancha urbana porteña. Se abrió, así, la era de los loteos en torno de una fábrica, una terminal de tranvías o una estación ferroviaria, génesis de los sucesivos barrios porteños. Pequeñas patrias en las que los inmigrantes y sus hijos sustanciaban su integración al gran relato nacional por entonces en construcción. Así, hasta aproximadamente fines de los 60 del siglo XX.

En las postrimerías de la denominada «Revolución Argentina», tras el Cordobazo, las primeras ocupaciones compulsivas de tierras públicas o privadas respondían a la prédica de movimientos eclesiales de base. Inspiradas por la Opción por los Pobres de la Teología de la Liberación, recibieron el apoyo de organizaciones insurreccionales ideológicamente afines. Se trató de tomas testimoniales que sugerían el camino a seguir por el pueblo privado de la tierra por sus opresores capitalistas. Pero un síntoma socioeconómico profundo subyacía a estos repertorios legitimadores de la transgresión de la legislación «burguesa». Los inmigrantes del interior pobre y profundo llegados a raíz de la crisis de algunas economías regionales estratégicas hallaron por entonces más dificultades que sus antecesores europeos y del litoral en acceder al terreno propio. A la informalidad laboral creciente a raíz de la complejidad tecnológica de la industrialización comenzada diez años antes se sumaron los límites de su capacidad instalada. Las villas miseria dejaron de ser sitios transitorios para transformarse en barrios más densos y abigarrados. El retorno de Perón al gobierno y la instauración de la dictadura militar desde 1976 detuvieron transitoriamente el impulso.

Reaparecieron hacia 1980, cuando el régimen que virtualmente clausuró el sistema de loteos para desconcentrar la población de Buenos Aires y su conurbano languidecía por autofagia. El desalojo de varias villas porteñas congestionó aún más el primer y el segundo cordón industrial del GBA. La tenue apertura del gobierno del Viola, que sustituyó a varios intendentes castrenses por políticos, recreó una fisiología incipiente entre punteros y funcionarios deseosos de posicionarse ante la inminente salida electoral. Esa dinámica se aceleró tras la Guerra de las Malvinas. Sin embargo, su trasfondo social era más acechante que el de hacía diez años: la reconversión industrial comenzada desde mediados de los 70 arrojó a la informalidad a miles de trabajadores hacinados en las casas de parientes que los habían acogido tras las recordadas expulsiones del intendente porteño Osvaldo Cacciatore.

La olla a presión detonó no bien se inauguró la democracia, en 1983. Las tomas tendieron a ser masivas e inspiradas por una nueva generación de dirigentes de base que desde hacía años bregaban por la subsistencia de sus agregados vecinales en expansión. El fenómeno asombró a las nuevas autoridades comunales y dio cuenta de un revulsivo social profundo. El fantasma del terror estatal disipó cualquier intento de obstrucción de esta renovada forma de movilización popular. Sectores eclesiásticos ofrecieron nuevamente una fórmula urbanizadora para los nuevos contingentes evitando el estigma de la «villa miseria»: cada ocupación debía acordar con los intendentes la regularización de las nuevas vecindades, eufemísticamente denominadas «asentamientos». La saga ocupadora solía acelerarse durante la agudización de las crisis económicas y las vísperas electorales. Las primeras, por la motorización de desalojos, y las elecciones, por la posibilidad de concentrar electorados predecibles.

Hasta mediados de los 90, las tomas respondieron en líneas generales a esa dinámica. Pero desde entonces, la convicción de que la pobreza endémica era un dato estructural las convirtió en un negocio desplegado en tres secuencias. En la primera, se procedía a la toma por especuladores inmobiliarios que habían ganado experiencia en esas lides. En los lotes colocaban a «golondrinas» que cuidaban la posta hasta la operación mayor, consistente en vender grandes extensiones a emprendedores de los nuevos negocios venales que hallaban en la penuria un resguardo acordado con la policía y segmentos de las burocracias comunales. Una vez vendidas, los especuladores les abonaban a los marginales una comisión miserable. Luego, los nuevos brokers vendían extensiones más vastas a precios mucho más elevados a bandas de distinta naturaleza interesadas en tallarse «zonas liberadas» -otra herencia de los tiempos dictatoriales, aunque despojada de contenidos ideológicos- o bien en alquilar los predios a precios proporcionales según su proximidad a las grandes arterias de circulación.

La noción de propiedad privada heredada de los loteos transitó hacia diversas tradiciones que no excluían creencias ancestrales revitalizadas como factor de disciplinamiento social. En todos los casos, la ley y el Estado de Derecho fueron sustituidos por frecuentes desalojos arbitrarios en procura de extender al máximo las áreas de incumbencia de los diferentes agregados. El saldo de todas estas secuencias eran decenas de muertes que la policía caratulaba como «riña callejera» y que transcurrían por debajo del radar de los medios de comunicación. Consolidados los nuevos asentamientos emergían los intereses involucrados en el negocio: corralones de materiales instalados en algunos casos en su interior; grandes mayoristas o supermercadistas; acopiadores de residuos; bandas de robacoches; piratas del asfalto; narcotráfico; talleres textiles clandestinos, etc. Todos ellos exentos del pago de impuestos y de los servicios públicos a cambio de comisiones que ascendían a diferentes reparticiones del poder político u organizaciones sociales.

Muchos asentamientos se radicaron en antiguos basurales de residuos tóxicos, lo que motivó la muerte de miles de niños y vecinos. La orfandad de la recolección de residuos denegada por las autoridades municipales convertía a cada comunidad en verdaderas chimeneas de basura incinerada cada fin de semana. Los nuevos barrios tendieron a cerrarse según fronteras tácitas, pero taxativas, y la extensión de la mancha urbana tendió a reproducir la irracionalidad propia de un país que desde los 70 perdió su brújula colectiva y se recluyó en las exigencias de un cortoplacismo devenido normalidad. Prueba de ello fueron los recurrentes censos y programas de regularización dominial, tendido de infraestructura y construcción de viviendas que la inflación y la rapiña de los administradores de la pobreza dejaron inconclusos.

El conurbano bonaerense terminó entonces configurando un inmenso, caótico e insalubre cementerio de proyectos que prosigue expandiéndose, como lo prueban las tomas de las últimas semanas en La Plata, Moreno, La Matanza y Guernica, de inequívoco tufillo electoralista de cara a 2021 y 2023. Producto de la decadencia de un Estado colonizado por intereses venales disimulados por la excusa pobrista de la defensa «de los que menos tienen» que encubre formas de explotación al margen de la ley desconocidas a lo largo de la historia del país moderno.

publicado en La Nación, 4/9/2020

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