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Un golpe al federalismo: los riesgos de seguir enfrentando a los argentinos

Mariano Caucino

La llamada “grieta” entre kirchneristas y antikirchneristas parece no alcanzarle al gobierno nacional. Ahora busca reforzarla enfrentando a porteños y bonaerenses.

El Presidente de la Nación decidió quitarle al gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires el equivalente a un punto porcentual de la coparticipación federal, y los traspasará a la provincia de Buenos Aires para que pueda disponer de más fondos para la policía provincial, en el marco de un fuerte reclamo salarial de las fuerzas de seguridad.

Desde el punto de vista jurídico-institucional el anuncio presidencial implica un nuevo avasallamiento de las facultades constitucionales del Congreso de la Nación, toda vez que el artículo 75 inciso 2 dispone que corresponde al Poder Legislativo “imponer contribuciones indirectas como facultad concurrente con las provincias. Imponer contribuciones directas, por tiempo determinado, proporcionalmente iguales en todo el territorio de la Nación, siempre que la defensa, seguridad común y bien general del Estado lo exijan. Las contribuciones previstas en este inciso, con excepción de la parte o el total de las que tengan asignación específica, son coparticipables”.

A su vez, el artículo 99 inciso 3 establece que el Poder Ejecutivo “no podrá en ningún caso bajo pena de nulidad absoluta e insanable, emitir disposiciones de carácter legislativo” y que solamente podrá dictar decretos de necesidad y urgencia “cuando circunstancias excepcionales hicieran imposible seguir los trámites ordinarios previstos por esta Constitución para la sanción de las leyes” y taxativamente excluye de esta posibilidad en materia penal, tributaria, electoral o de régimen de partidos políticos.

Desde 1215, cuando en Inglaterra se estableció la Carta Magna, rige en los sistemas de gobiernos limitados la regla de “no tax without representation”, que en los hechos implica que sólo el Parlamento tiene la facultad de imponer tributos.

El Constituyente dispuso un régimen de coparticipación federal que requiere, además, un esquema especial de acuerdo entre la Nación y las provincias -y la Ciudad, que a estos efectos es considerada como un estado provincial más- de modo que en la práctica su reforma implica la necesidad de un consenso político difícil de alcanzar.

Ello surge de las disposiciones del citado artículo 75 inciso 2, que indica que en materia de coparticipación la misma deberá instrumentarse a través de “una ley convenio, sobre la base de acuerdos entre la Nación y las provincias, instituirá regímenes de coparticipación de estas contribuciones, garantizando la automaticidad en la remisión de los fondos. La distribución entre la Nación, las provincias y la ciudad de Buenos Aires y entre éstas, se efectuará en relación directa a las competencias, servicios y funciones de cada una de ellas contemplando criterios objetivos de reparto; será equitativa, solidaria y dará prioridad al logro de un grado equivalente de desarrollo, calidad de vida e igualdad de oportunidades en todo el territorio nacional. La ley convenio tendrá como Cámara de origen el Senado y deberá ser sancionada con la mayoría absoluta de la totalidad de los miembros de cada Cámara, no podrá ser modificada unilateralmente ni reglamentada y será aprobada por las provincias. No habrá transferencia de competencias, servicios o funciones sin la respectiva reasignación de recursos, aprobada por la ley del Congreso cuando correspondiere y por la provincia interesada o la ciudad de Buenos Aires en su caso. Un organismo fiscal federal tendrá a su cargo el control y fiscalización de la ejecución de lo establecido en este inciso, según lo determine la ley, la que deberá asegurar la representación de todas las provincias y la ciudad de Buenos Aires en su composición”.

El inciso 3 de la misma norma dispone que es el Congreso de la Nación quien debe “establecer y modificar asignaciones específicas de recursos coparticipables, por tiempo determinado, por la ley especial aprobada por la mayoría absoluta de la totalidad de los miembros de cada Cámara”.

El régimen de coparticipación es un elemento fundamental del sistema federal argentino. El anuncio presidencial le acaba de dar un nuevo golpe al de por sí ya deteriorado federalismo argentino.

A su vez, en materia política el anuncio presidencial parece dinamitar la relación de cordialidad institucional que había logrado con las autoridades del gobierno autónomo de la Capital al comienzo de su gestión y profundizada en las primeras etapas desde la aparición de la pandemia derivada del COVID-19.

Pocas semanas atrás el Jefe de Estado dijo que la “opulencia” de la ciudad de Buenos Aires lo llenaba de vergüenza. Acaso una afirmación llamativa, dado que durante los últimos quince años ha sido vecino del más opulento de los barrios porteños.

En las últimas semanas, ministros del gobierno de la provincia de Buenos Aires culparon a los habitantes de la ciudad de Buenos Aires por tomar un café o una cerveza en la vereda de un bar o por salir a caminar alrededor de un parque, acusándolos de propagar el COVID.

El Presidente de la Nación fue elegido gracias a una brillante estrategia electoral de quien hoy es su vicepresidente. Un discurso moderado pudo cautivar -o confundir- a muchos votantes, legítimamente enojados por la imposibilidad del gobierno anterior a resolver la crisis económica. Pero el candidato moderado dejó paso al discurso violento y de ruptura de estos días. Hace pocos días dijo saber quién lo había votado. También dijo que cuando termine la pandemia habrá en su apoyo una movilización “de los argentinos de bien”. Ello equivale a decir que no se siente presidente de quienes no lo votaron, o que considera malas personas a quienes se oponen a su gestión.

Ahora pretende dividir a porteños y bonaerenses, como si con la grieta no fuera suficiente.

publicado en Infobae, 10/9/2020

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