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Un golpe que derrocó a un déspota

Tomás Linn

Lo de Bolivia desató una llamativa controversia en el mundo de los políticos y los politólogos. ¿Hubo un golpe de Estado? ¿Cómo llamar lo ocurrido en un contexto tan difícil de definir? La situación no debería generar dudas (Morales renuncia forzado por una «sugerencia» de los militares) si no fuera porque se trata de un presidente que a partir de victorias electorales fue construyendo un poder despótico que despreció la Constitución boliviana y pretendió perpetuarse en el poder. Lo de Bolivia fue un golpe de Estado. Al interferir las Fuerzas Armadas, por la razón que sea, su acto se transformó en un golpe. Es imposible negar o siquiera disimular eso. El tema es que en este caso, el golpe derrocó al déspota.

En América Latina muchos golpes fueron dados para derrocar una dictadura. Basta repasar lo sucedido en la Argentina en el pasado reciente. Con un golpe de Estado el general Lanusse derrocó al general Onganía, dictador que había derrocado al presidente constitucional Illia. En Bolivia abundan ejemplos de sucesivos golpes que fueron trocando una dictadura por otra. No siempre un golpe de Estado pone fin a un gobierno democrático. Sin embargo, desde que comenzó el siglo XXI se asentó en América Latina un fenómeno que aún da trabajo definir. Son los gobernantes elegidos en las urnas quienes han ido horadando el funcionamiento institucional de sus países. Sin dar el clásico golpe de Estado, terminan siendo genuinas dictaduras civiles.

Me refiero a los Chávez-Maduro, a los Correa, los Ortega, los Evo Morales y, casi casi, a los Kirchner. Son déspotas que desconocen la separación de poderes, pasan por alto buena parte de la Constitución, procuran tener un férreo control sobre la prensa, a la que creen que hay que limitar a como dé lugar. Desarrollaron formas sutiles y sucias de perseguir a la oposición e instalan el principio de que ellos son los buenos y los demás, traidores a la patria y así los tratan. No son las pequeñas salidas del libreto constitucional frecuentes en tantos presidentes. Es algo metódico y deliberado. Hay un desprecio liso y llano al Estado de Derecho, un desprecio a la independencia de los otros dos poderes, en especial del judicial, que justamente tiene el cometido de defender los derechos y las libertades individuales.

La aprobación en Bolivia de una Constitución fuertemente influida por Evo Morales permitía la reelección inmediata por una vez. Este sostuvo que su primer período estaba regulado por la anterior Constitución y, por lo tanto, el conteo debía hacerse de nuevo (algo así quiso hacer Menem en la Argentina, sin éxito). Por lo tanto cumplió tres períodos consecutivos como presidente y para ir a un cuarto, cosa que su Constitución no permitía, propuso una reforma plebiscitada para tener luz verde y seguir. Las cosas le salieron mal. Sin embargo, logró que el Tribunal Constitucional de su país desconociera el pronunciamiento popular y estableciera que Morales tenía derecho a presentarse a nuevas reelecciones.

Este solo hecho fue una subversión al orden institucional. El Tribunal (que funciona con potestades similares en lo constitucional a una Suprema Corte de Justicia en otros países) no puede ni debe modificar la Constitución. Para eso se había convocado al plebiscito. Su tarea es hacer cumplir lo que dice la Carta Magna, no adaptarla a su gusto y gana. O al gusto del mandamás de turno. Con un tribunal maniatado, la ciudadanía ya no cuenta con él para reclamar por una violación flagrante de sus derechos. Anulada la esencial separación de poderes en una democracia, la gente no tiene mecanismos para apelar. En ese momento es cuando un presidente deja de ser constitucional y pasa a ser un dictador sin dar un golpe de Estado al estilo tradicional, tan solo neutralizando las instituciones que definen a un Estado de Derecho. No se trata, pues, del caso en que hay que defender a un presidente constitucional forzado a irse pese a discrepar con sus políticas. Se podría disentir con su política económica, productiva, financiera, educativa, social, de salud o lo que sea y apoyarlo igual. Sin embargo, en este caso la discrepancia es de fondo, por haberse convertido en un dictador y un usurpador. Morales se encargó de horadar el Estado de Derecho en Bolivia al igual que Chávez y Maduro en Venezuela y Ortega en Nicaragua. Esto es lo nuevo en América Latina. No se trata de aquellos regímenes militares surgidos de golpes a veces violentos que en un solo día expulsaban al presidente, cerraban el parlamento, imponían la censura a la prensa, encarcelaban a los opositores y los torturaban. Así se hacía en los años 60 y 70. Ya no; ahora los métodos son diferentes y por eso nos desconciertan y reaccionamos con ambigüedad. Pero terminan siendo dictaduras. En Bolivia hubo un golpe de Estado. Eso no se discute. Y además el derrocado fue un tirano.

publicado en La Nación, 18/11/2019

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