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Una protesta que se conjuga en plural

César Tcach

Los estudiantes de las pensiones de Nueva Córdoba hacían barricadas. Los vecinos observaban y comentaban animadamente los acontecimientos desde las puertas de sus casas. Algunos participaban. En la esquina de Ituzaingó y San Lorenzo, la dueña de la farmacia arrojaba grandes cajas de cartón, seguramente de remedios, para alimentar el fuego. En la calle Rondeau fraternizaban los estudiantes con el vecindario ante la impotencia de la seccional 4ª de Policía. El retrato de una insurrección obrera y popular de carácter antidictatorial, motorizada inicialmente por las reivindicaciones sindicales –si bien ajustadas a la realidad–, dejó muchas veces en un cono de sombra el papel desempeñado por las clases medias.

Variados motivos formaron parte de su repertorio de quejas. La ley de alquileres había perjudicado a los inquilinos de pequeños comercios, algunos de los cuales debieron cerrar sus puertas; el aumento del Impuesto Inmobiliario había movilizado a los centros vecinales desde principios de 1969, y la agitación estudiantil era como una caja de resonancia que impregnaba el ánimo de los sectores medios. Pero había algo más en el desasosiego que los atravesaba: la dictadura militar había anunciado la firma del certificado de defunción de la democracia pluripartidista, hiriendo profundamente la sensibilidad liberal democrática presente en importantes franjas de la sociedad. Y fue precisamente Córdoba la provincia elegida –al igual que en 1930 durante el gobierno de Carlos Ibarguren– para experimentar la forja de un nuevo sistema político de sesgo corporativista.

Contra el corporativismo

Entre 1967-69, el interventor federal designado por Onganía, Carlos Caballero – expresidente del Superior Tribunal de Justicia y titular de la materia Doctrina Social de la Iglesia en la Universidad Católica de Córdoba–, convirtió a la provincia en un laboratorio de ensayos destinados a liquidar para siempre a los partidos políticos y al Parlamento elegido por sufragio universal y secreto.

En su reemplazo proponía una participación tutelada por el Estado cuyos promotores definían como “comunitaria”, basada en células “naturales” de la sociedad como la familia y el municipio, así como en asociaciones intermedias y en sectores religiosos.

El nuevo diseño institucional articulaba tres instancias de participación civil controlada por el gobierno militar: consejos económicos sociales, consejos comunales y comisiones asesoras zonales.

En mayo de 1969, el gobernador informó que ya estaban funcionando 180 juntas asesoras. Dos características retrataban estos organismos: tenían un carácter consultivo (es decir, carecían de poder de decisión) y eran incompatibles tanto con cuestionamientos a la legitimidad militar como con posiciones políticas o culturales de izquierda. El culto a la participación tutelada de las asociaciones de interés sectoriales –las “fuerzas vivas” en el lenguaje de la época– como panacea frente a la democracia liberal descansaba en la convicción de una “sociedad orgánica” basada en una armonía natural de jerarquías inmutables.

Esta concepción era tributaria de filones de pensamiento fascistas, corporativistas, y de la doctrina del comunitarismo católico que derivaba de las reformulaciones del papa Pío XII. No en vano, en aerogramas secretos de la Embajada norteamericana enviados al Departamento de Estado en 1966 (transcriptos en mi libro Arturo Illia. Un sueño breve), se recelaba de Onganía por su predilección por el dictador español Francisco Franco y no por las democracias anglosajonas.

El potencial democrático y republicano de las clases medias –la UCR denunciaba que el gobierno provincial estaba en manos de la misma elite reaccionaria que dirigía la universidad cuyo rector era Rogelio Nores Martínez-– se articuló con la crítica obrera al corporativismo. La CGT cordobesa sostuvo que Carlos Caballero era un “otrora camisa negra” que extendía su brazo al modo de “saludo romano”.

De esta manera, las tradiciones democráticas de sectores medios de la sociedad se combinaban con el heterodoxo pluralismo presente en el movimiento obrero cordobés, que, a diferencia del resto del país, articulaba vetas peronistas y marxistas, pero también radicales e independientes.

El eje unificador de la protesta popular se resumía en un grito: ¡abajo la dictadura! Como respuesta al descontento popular, las Fuerzas Armadas promovieron la participación de civiles en la represión, que constituyeron una secreta comunidad de Inteligencia que incluía al jefe de policía, a oficiales del Tercer Cuerpo de Ejército, al ministro de Gobierno, a los rectores de la UNC y de la UCC, así como a personas vinculadas al empresariado, con el objeto de identificar al “enemigo interno” y suministrar información al gobierno nacional. Se abría, así, un ciclo de radicalización policéntrica de prácticas políticas (dado que incluía clases dominantes, instituciones del Estado y sectores populares) que tuvo su trágico corolario en el golpe de Estado de 1976.

publicado en La Voz, 26/5/2019

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